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La constitución el 1 de diciembre de 2011 del Consejo Público-Privado de Integridad en los Proveedores del Mercado Público es una iniciativa de la Dirección de Compras y Contratación Pública – ChileCompra, que tiene como objetivo generar una propuesta de acciones para reforzar las prácticas de integridad en los proveedores que hacen negocios con el Estado proveedores, que hoy alcanzan los 100.000 proveedores activos.

Esta instancia, que sesionará cuatro veces al año, en forma trimestral, tendrá como finalidad instalar la preocupación del Estado en este tema y proponer medidas y acciones para disminuir los riesgos de corrupción en este importante mercado, cuyas transacciones superan los 8.000 millones de dólares al año.

En este foro público la ciudadanía podrá acceder a las actas, metodología de trabajo, presentaciones, documentos de estudios, discusiones y conclusiones del Consejo.

Se  invita a todos los interesados de la sociedad civil a participar en las temáticas en discusión.

 

El Consejo  sesionará cuatro veces al año, en forma trimestral y está constituido por los siguientes actores de los mundos públicos y privados:

•    Acción RSE,
•    Cámara de Comercio de Santiago,
•    Cámara Nacional de Comercio,
•    Chiletransparente - Capítulo Chileno de Transparencia Internacional,
•    Confederación Gremial Nacional Unida de la Mediana, Pequeña, Microindustria, Servicios y Artesanado de Chile (Conupia),
•    Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile (Confedech),
•    Consejo de Defensa del Estado,
•    Dirección ChileCompra - Ministerio de Hacienda,
•    Flacso Chile, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
•    Fundación Ciudadano Inteligente.
•    Fundación PROhumana,
•    Instituto Libertad,
•    Instituto Libertad y Desarrollo,
•    Ministerio Secretaría General de la Presidencia - División Jurídica
•    Ministerio Público - Unidad Especializada Anticorrupción
•    Universidad Alberto Hurtado,
•    Universidad de Chile - Instituto de Asuntos Públicos,
•    Universidad del Desarrollo - Facultad de Comunicaciones,  
•    Pontificia Universidad Católica de Chile- Centro de Estudios Internacionales,
•    Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) – Programa de Gobernabilidad,
•    Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa)

A su vez, la Contraloría General de la República participará como observador de este Consejo. Asimismo, podrán incorporarse otros actores a este Consejo.

Tal como lo ha señalado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), los mercados públicos son uno de los ámbitos más expuestos al fraude y la corrupción, dada su complejidad, la amplitud de sus flujos financieros y la interacción estrecha entre los sectores públicos y privados. La integridad y el correcto comportamiento de sus actores incide directamente en los niveles de eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos públicos.

La creación de este Consejo es una invitación a los actores relevantes que inciden en el mercado chileno de las compras públicas,  a asumir el desafío que plantea la integridad, conocer la situación en esta materia en el seno de las empresas proveedoras del Estado, involucrar a los stakeholders de manera a que cumplan con los roles que les correspondan y propender a  alcanzar los estándares internacionales.

Antecedentes generales:

De acuerdo al índice de percepción de corrupción elaborado por Transparencia Internacional (2011), Chile se sitúa en el tercer grupo, con un puntaje de 7,2 al mismo nivel que Bélgica, Estados Unidos y Francia. En este ranking el país menos corrupto obtuvo 9,5 (Nueva Zelandia) y el más corrupto obtuvo 1,0 (Somalia).

A su vez, según el Foro Económico Mundial,  en el “Global Competitiveness Report 2010 – 2011”, Chile se encuentra en el lugar N° 19 en cuanto al comportamiento ético de las empresas en países de la OCDE, con un nivel cercano al obtenido por Francia N° 17, Japón N°18, Estados Unidos N°30. Los países mejor ubicados son Suecia N° 1, Nueva Zelandia N°2, Finlandia N°3, Dinamarca N°5, Suiza N°6.

No obstante, según un estudio de KPMG, consultora chilena de origen suizo, en el año 2011 el 53% de las empresas encuestadas en Chile tuvo conocimiento de algún hecho fraudulento corporativo en su organización, es decir un 12% más que en el año 2009*.

El costo anual de la corrupción en compras públicas a nivel mundial asciende a USD 200 MMM de acuerdo al cifras elaboradas por Banco Mundial (Kaufman Six questions on the Cost of Corruption 2004).

Antecedentes del mercado público:

La Dirección ChileCompra administra la plataforma de licitaciones del Estado, www.mercadopublico.cl, a través de la cual 850 organismos del Estado realizan de manera autónoma sus compras y contrataciones y las empresas pueden ofrecer sus productos y servicios.

A través del mercado público se transan más de 6.500 millones de dólares anuales –cerca de un 3% del PIB de Chile- en la adquisición de productos y servicios que permiten el buen funcionamiento de los organismos del Estado, gestión que va en directo beneficio para la ciudadanía. Estas compras incluyen desde material de oficina, medicamentos hasta servicios de transporte o consultorías.

Más de 100.000 proveedores participan en licitaciones a través de este sistema, 90% de los cuales son micro y pequeñas empresas, y  dos de cada tres empresas del mercado público que ofertan se adjudican negocios. En el año 2010 se obtuvieron ahorros que superaron los 230 millones de dólares.

El marco normativo del mercado de las compras públicas se rige por la ley n°19.886, Ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios y su reglamento, que establecen reglas claras con el objeto de asegurar el acceso universal al mercado público, así como la ausencia de discriminación en los procesos de compras públicas.

Los organismos del Estado que participan en el mercado público son autónomos en sus compras: desde los servicios del gobierno central, hospitales, Fuerzas Armadas y de Orden, municipios, hasta las universidades.  Los procedimientos de contratación que establece la ley de compras públicas n° 19.886 y su reglamento son: 1) Convenios Marco, 2) Licitación pública, 3) Licitación Privada y 4) Trato Directo.

A su vez, existe normativa que atañe a la probidad en la función pública (Constitución Política de la República, Ley 18.834, estatuto administrativo, ley 18.575, Tit. III) y la normativa relacionada con materias de integridad en las empresas de este mercado se refiere a inhabilidades generales y específicas para los proveedores:

Generales:

  • Condenados por prácticas antisindicales o infracción a derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores 2 años.
  • Personas jurídicas condenadas a la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, según ley 20393.


Específicas:
Se prohíben:

  • Contratos con funcionarios directivos del órgano adquirent.
  • Contratos con personas con relaciones de parentesco con los directivos de la Entidad.
  • Contratos con sociedades en que los directivos o sus parientes participen, ni con gerentes, administradores, representantes o directores de ellas


Se contemplan  además  inhabilidades asociadas al Registro electrónico oficial de proveedores de la administración (ChileProveedores), para los 45.000 proveedores inscritos en dicho registro.