Fecha: 14-03-2012

Fecha: 11-04-2012

Fecha: 24-02-2012

Fecha: 27-02-2012

Fecha: 15-02-2012

Organismo que realiza la consulta: Registro Civil

Tema de la Consulta: Acreditación de causales de trato directo; Fraccionamiento de garantías

Resumen:

En otro orden de materias, la Contraloría observa la cláusula del convenio que establece el fraccionamiento de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, por cuanto, de acuerdo con el artículo 68 del citado Reglamento, en los contratos de ejecución sucesiva se podrá asociar el valor de las garantías a las etapas o hitos de cumplimiento. En tal sentido, el Ente Fiscalizador puntualiza que dichas circunstancias no concurren en la especie, dado que el acuerdo de voluntades que se viene sancionando no es de ejecución sucesiva, ya que solamente tiene por objeto la prestación de los servicios de explotación del sistema de identificación, fabricación y personalización de documentos, sin que pueda considerarse como etapa o hito de su cumplimiento la mera fijación de un mes determinado, en el cual el Servicio se reserva la facultad de poner término anticipado unilateralmente al contrato, tal como se indica en el citado contrato.

Finalmente, la Contraloría repara aquella cláusula contractual que expresa que una vez producido el término anticipado del contrato, la empresa deberá mantener los servicios contratados y cumplir con las obligaciones del mismo hasta la fecha de entrada en producción de un nuevo contrato que lo reemplace, por cuanto implica que dichas prestaciones emanarían de un contrato ya fenecido.

Organismo que realiza la consulta: CONADI

Tema de la Consulta: Exigencia de glosa en Vale Vista

Resumen:

El Organismo Contralor manifiesta que, revisados los antecedentes del respectivo proceso licitatorio, se advirtió que de acuerdo a las bases administrativas, debía presentarse mediante Boleta de Garantía Bancaria, Vale Vista o Póliza de Seguro con glosa para garantizar la seriedad de la oferta que individualizare la obligación caucionada.

Sobre el particular, la Contraloría hace presente que de acuerdo con la normativa que regula la materia,  no se exceptúa de la glosa a ninguno de los instrumentos de garantía que se puedan establecer en las bases y, por lo tanto, la circunstancia de que el banco respectivo eventualmente rechace incluir tal indicación en el instrumento, no es óbice para que la empresa recurrente no cumpliera con lo establecido en las bases y en el artículo 31 del  Reglamento de la ley 19.886. En efecto, la Contraloría señala que la empresa recurrente pudo elegir otro medio aceptado por las bases para cumplir con tal garantía, tal como una boleta de garantía o una póliza de seguro, o bien, pudo inscribir la glosa al reverso del vale vista o consignarla en una declaración jurada acompañada a tal instrumento, situaciones que, por lo demás, pudo consultar al contacto encargado de absolver preguntas en el proceso licitatorio impugnado, antes de haber presentado el vale vista en cuestión.

De este modo, el Ente Fiscalizador concluye que no resulta objetable la declaración de inadmisibilidad de la oferta presentada por la empresa recurrente, no advirtiéndose irregularidades que pudieran derivar en responsabilidades administrativas de funcionarios de la CONADI.

Organismo que realiza la consulta: INDAP

Tema de la Consulta: Convenios marco y condiciones más favorables

Resumen:

Asimismo, la Contraloría objeta las citadas bases, en cuanto éstas establecen como requisito para participar en el procedimiento concursal, experiencia en el rubro e inscripción en el respectivo registro, lo cual atenta contra el principio de libre concurrencia consagrado en el artículo 9°, de la ley N° 18.575 y 16 de la ya citada ley N° 19.886.

En otro orden de consideraciones, el Ente Fiscalizador declara como improcedente aquella cláusula de las bases que dispone que la garantía de fiel cumplimiento será por el monto fijo allí indicado, por cuanto el artículo 68 del Reglamento indica que las garantías deben ser equivalentes a un porcentaje del monto total del contrato.

Finalmente, la Contraloría objeta aquel punto de las bases que impone sanciones al prestador, ya que vulneraría los principios de proporcionalidad y certeza jurídica, en cuanto se refiere a incumplimientos en forma genérica, estableciendo como únicas sanciones el cobro de la garantía, la multa allí singularizada, y el término anticipado del contrato.

Organismo que realiza la consulta: Subsecretaría de Transportes

Tema de la Consulta: Presencia de “agentes públicos” en comisiones evaluadoras

Resumen:

En consecuencia, dado que los mencionados agentes no tienen la condición jurídica de funcionario público, la Contraloría General concluye que no resulta ajustado a derecho que los agentes públicos integren, en calidad de funcionarios públicos, las comisiones evaluadoras de las propuestas públicas.

Organismo que realiza la consulta: CENABAST

Tema de la Consulta: Adjudicación a propuesta más ventajosa

Resumen:

Ello, dado que el artículo 10 de la ley N° 19.886 establece que "El adjudicatario será aquel que, en su conjunto, haga la propuesta más ventajosa, teniendo en cuenta las condiciones que se hayan establecido en las bases respectivas y los criterios de evaluación que señale el reglamento.". Asimismo, tal como puntualiza la Contraloría, de conformidad con el artículo 41 del Reglamento de la ley 19.886, la entidad licitante se encuentra obligada a aceptar la propuesta más conveniente, considerando los criterios de evaluación con sus correspondientes puntajes y ponderaciones establecidos en las bases.

Organismo que realiza la consulta: Centro de Referencia de Salud de Maipú

Tema de la Consulta: Renovación de contrato; declaración de licitación desierta

Resumen:

Luego, la Contraloría representa que las bases asignen puntaje en razón del número de documentos no presentados -desde cero puntos a quienes no acompañan ningún antecedente hasta 3 puntos a quienes los presenten todos-, por cuanto los órganos contratantes, de acuerdo al artículo 9 de la ley 19.886, deben declarar inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases. Sobre el particular, la Contraloría precisa que el artículo 40 del reglamento de la ley 19.886, debe armonizarse con la precitada disposición legal, en términos que no se desvirtúe la obligación de sujetarse estrictamente a los requerimientos de las bases.

Por otra parte, no resulta admisible para el Ente Contralor la circunstancia de que las bases establezcan la facultad de la entidad licitante para extender los plazos de la licitación, si no se hubiesen presentado oferentes, o si las ofertas fuesen inferiores a 3, toda vez que no se aviene a lo preceptuado por la misma disposición legal antes citada, conforme a la cual el órgano contratante "Declarará desierta una licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses".

Organismo que realiza la consulta: Gendarmería de Chile

Tema de la Consulta: Suspensión del servicio; exención de responsabilidad

Resumen:

Se objeta, asimismo, que el citado término anticipado, de acuerdo al contrato, podría materializarse sin ulterior responsabilidad ni derecho a indemnización a favor de Gendarmería, por cuanto ello se traduce en un eximente de responsabilidad contractual no prevista en las bases que, adicionalmente,  constituye una renuncia anticipada de derechos y acciones de parte de ese Servicio Público, lo cual, sólo puede realizarse por un organismo público cuando una norma de rango legal lo autoriza expresamente.

Finalmente, la Contraloría objeta la limitación de responsabilidad contenida en el contrato, en cuanto éste señala que la responsabilidad de la empresa por el incumplimiento de sus obligaciones, en ningún caso superará el valor del señalado contrato, toda vez que con ello se configura una renuncia anticipada del organismo a los derechos que le correspondería ejercer en caso de producirse perjuicios imputables a la empresa contratada.

Organismo que realiza la consulta: SERVIU Metropolitano

Tema de la Consulta: Exigencias de antecedentes no vinculados a la evaluación

Resumen:

Al respecto, la Contraloría objeta el hecho de que no se indiquen en las bases las horas de los actos de apertura técnica y económica. Asimismo, la Contraloría objeta la exigencia de “No estar afecto a alguna inhabilidad o incompatibilidad señalada en la Ley de Probidad Administrativa (Ley N° 19.653)”, dado que no se refieren a la participación en licitaciones, no procediendo que se fijen otras inhabilidades diversas a las previstas en el artículo 4° de la ley N° 19.886.

Adicionalmente, el Ente Fiscalizador observa la exigencia de  un certificado  en el que el oferente acredite no registrar documentos protestados, toda vez que dicha exigencia no tiene un propósito determinado, orientado a calificar a los proponentes. Finalmente,  se objeta también aquella cláusula de las bases  que indica que, en el ítem “Experiencia”, si el oferente no ha tenido actividad anterior en calidad de empresa propiamente tal, la Comisión podrá considerar la experiencia y antecedentes de los profesionales del equipo asesor, ya que dicho criterio resulta idéntico al establecido en el ítem “Calidad y experiencia individual de los integrantes del equipo”, lo que implica ponderar dos veces el mismo factor de evaluación, produciéndose una distorsión en la evaluación.

Tema de la Consulta: Facultades de la Comisión de Adquisiciones de CENABAST

Resumen: Se dirige a la Contraloría General el Director de la CENABAST, solicitando un pronunciamiento respecto de las facultades de la Comisión de Adquisiciones del referido servicio. Al respecto, el citado Servicio expone que la aludida comisión encuentra su reconocimiento legal en el   decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, texto cuya fecha de publicación es posterior a la dictación de la ley N° 19.886, agregando que entre las facultades de la indicada comisión, previstas en el reglamento de esa Central-, se incluye la de aceptar la propuesta que estime más conveniente, teniendo “amplias facultades a la hora de decidir las adquisiciones de medicamentos…”

En relación al citado requerimiento, la Contraloría advierte que la mencionada Central está obligada a realizar sus adquisiciones de acuerdo a las normas y principios de la ley N° 19.886 y su reglamento, de manera que su Comisión de Adquisiciones debe conocer y decidir las compras de acuerdo a la normativa de la citada ley. De esta forma, el Ente Fiscalizador puntualiza que la citada Comisión de Adquisiciones al adoptar la decisión de los procesos de compras en los que le corresponde intervenir debe aceptar la propuesta más conveniente, que de acuerdo al artículo 10 de la ley N° 19.886 es la que obtenga el mayor puntaje en la evaluación, según los criterios que señalen las respectivas bases del proceso licitatorio.

En consecuencia, la Contraloría General informa que los procesos licitatorios que efectúe la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST) y las decisiones de compra que resuelva su Comisión de Adquisiciones han de ajustarse a la ley N° 19.886 y su reglamento.

Tema de la Consulta: Delegación de facultades.

Resumen: La Contraloría se abstiene de dar curso a una resolución de la Dirección de Logística del Ejército, que delega en el Comandante de Salud de dicha institución castrense la facultad para celebrar un contrato de prestación de servicios de alimentación, entre otros motivos, debido a que en el acto en comento, no se precisan las facultades específicas para proceder a la respectiva contratación, tales como la aprobación de bases administrativas, la adjudicación, o la autorización para un trato directo, según sea el caso.

Tema de la Consulta: Exigencia de inscripción en el Registro de Proveedores; Requisitos del artículo 4° de la ley N° 19.886; Imputación a un presupuesto fenecido.

Resumen: La Contraloría General se abstiene de dar curso a una resolución de la Dirección de Salud de Carabineros de Chile, que regulariza las bases y aprueba el contrato que indica. Sobre el particular, se objeta que las bases establezcan como requisito para participar en la licitación la obligación de que los oferentes se encuentren inscritos en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado, pues tal exigencia contraviene lo dispuesto en los artículos 4°, 6° y 16 de la ley N° 19.886.

Por otra parte, se objetan las  referidas bases, en cuanto establecen casos de excepción para participar en el certamen, dado que no procede fijar otras inhabilidades para participar, diversas a las previstas en los incisos primero y sexto del artículo 4°, de la citada ley N° 19.886.

Asimismo, la Contraloría puntualiza que no procede que en las bases se establezca la posibilidad de admitir aquellas propuestas que presenten errores, omisiones o defectos de forma, por cuanto ello no se aviene a lo señalado en el artículo 40 del reglamento de la ley N° 19.886, conforme al cual en dicho caso la entidad licitante podrá solicitar al oferente que salve dichas faltas.

En otro orden de ideas, la Contraloría agrega que no procede imputar el gasto del contrato al presupuesto del año 2008, toda vez que el ejercicio presupuestario tiene carácter anual y, en consecuencia, a partir del 1 de enero de cada año, no puede efectuarse pago alguno con cargo a un presupuesto fenecido, sino al que esté vigente.

Tema de la Consulta: Principio de certeza y seguridad jurídica; Certificación presupuestaria; Inhabilidades del artículo 4° de la ley N° 19.886

Resumen: La Contraloría General se abstiene de dar curso a una resolución de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), que aprueba el contrato celebrado, en la modalidad de trato directo, entre dicho Servicio y el Administrador Financiero de Transantiago S.A. (AFT), para la fabricación de la Tarjeta Nacional del Estudiante. Al respecto, la Contraloría repara aquella cláusula contractual que faculta a la JUNAEB a omitir las observaciones de la Contraloría que impliquen obligaciones más gravosas para el AFT o afecten sustancialmente los derechos constituidos en el contrato, por cuanto dicha estipulación restringe el alcance del control de legalidad que realiza dicha Entidad Fiscalizadora, de acuerdo a su ley orgánica. Al respecto, la Contraloría precisa que las observaciones y reparos contenidos en sus pronunciamientos resultan imperativos para el Servicio contratante, por lo que resultaría improcedente que su acatamiento se condicione mediante cláusulas contractuales.

Asimismo, se señala que en consideración al principio de certeza y seguridad jurídica, no procede que se contemple como causal de término anticipado del contrato, el incumplimiento grave de las obligaciones acordadas sin señalar las situaciones específicas constitutivas de dicho incumplimiento. Adicionalmente, se anota, en armonía con el artículo 3° del reglamento de la ley N° 19.886, que se debe acompañar la certificación presupuestaria pertinente, con el objeto de acreditar la existencia de recursos suficientes para solventar el gasto respectivo.

Por otro lado, el Organismo Contralor exige que el señalado Servicio Público acompañe una declaración jurada de la firma contratada que dé cuenta de la inexistencia de las inhabilidades a que se refieren los incisos primero y sexto del artículo 4° de la mencionada ley N° 19.886.

Tema de la Consulta: Causales de término anticipado no previstas en las bases.

Resumen: Se dirige a la Contraloría General una sociedad de responsabilidad limitada, solicitando un pronunciamiento respecto de la procedencia de que la Municipalidad de Huechuraba le pusiera término anticipado al contrato que suscribiera con ésta, por la causal “razones de buen servicio”, la cual no estaba contemplada en las respectivas bases administrativas.

Al respecto, la Contraloría observa que la citada Municipalidad, al estipular en el contrato una cláusula de término anticipado que no se encontraba prevista en las bases, transgredió el principio de estricta sujeción a las bases.

Sobre el particular, la Contraloría puntualiza que las respectivas bases se limitaron a establecer que el contrato regiría por 36 meses y que el municipio le podía poner término anticipado a éste si  se incurría en algunas de las causales que se indican, las que únicamente decían  relación con el incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Por ello, el Organismo Contralor hace presente que la entidad edilicia, al incorporar la citada causal de término anticipado, modificó sustancialmente las condiciones esenciales que debían regir la contratación.

En dicho contexto, el Ente Fiscalizador concluye que no resultó procedente la actuación de la Municipalidad, correspondiendo que se adopten las medidas tendientes a regularizar dicha situación.

Tema de la Consulta: Consideración de factores de evaluación no establecidos en las bases.

Resumen: La Contraloría General se abstiene de tomar razón de una resolución del Servicio de Salud Metropolitano Central, que aprueba los contratos suscritos entre esa repartición y las empresas que se indican, en el marco de la licitación pública para la contratación del servicio de soporte y mantención de sistemas, data center y seguridad perimetral de la red de la aludida entidad pública.

La Contraloría señala, en relación con la adjudicación del servicio de data center, que en informe de la comisión de evaluación, en el ítem Oferta Económica, se otorgó el puntaje mayor a la empresa adjudicada, en circunstancias que el resto de los oferentes presentaron propuestas por un menor valor, infringiéndose el principio de estricta sujeción a las bases, consagrado en los artículos 10 de la ley N° 19.886 y 9° de la ley N° 18.575. Al respecto, la decisión de la Comisión Evaluadora se habría fundado  en que el resto de los oferentes, si bien hicieron ofertas menores, no incluyeron la totalidad de las licencias necesarias. Sobre el particular, la Contraloría hace presente que la antedicha circunstancia no fue considerada como factor de evaluación en las bases, por lo que su consideración atenta contra la estricta sujeción a las bases.

Tema de la Consulta: Renovaciones y continuidad del servicio; certeza en causales de término anticipado; gasto estimado del convenio

Resumen: La Contraloría General se abstiene de tomar razón de una resolución del Hospital Clínico de la FACH, que aprueba un contrato de suministro y prestación de servicios, suscrito con la empresa que indica,  por cuanto se  invoca como causal  de trato directo el artículo 8°, letra g), de la ley N° 19.886, relativa a la reposición o complementación de equipamiento o servicios accesorios compatibles con infraestructura previamente adquirida, sin que los antecedentes acompañados acrediten suficientemente los elementos que configurarían la citada causal. Ello, por cuanto la indicada causal supone la existencia de un equipo o servicio principal al cual complementen o accedan, situación que no consta en la especie.

Por otra parte,  la Contraloría advierte que la motivación del trato directo se relaciona más bien con la intención de mantener la vinculación con el proveedor que ha suministrado los mencionados bienes y servicios en el último tiempo, lo cual implica una vulneración a los artículos 5° de la  ley N° 19.886 y 9° del reglamento del citado cuerpo legal, contraviniéndose el principio de libre concurrencia de los oferentes. Adicionalmente, el Ente Fiscalizador advierte sobre la improcedencia de que el convenio en análisis indique que el contrato entrará en vigencia desde el 1 de enero del 2010, por cuanto la convención sólo puede producir sus efectos a contar de la total tramitación del acto administrativo que la apruebe.

A su turno, se objeta que el contrato consulte como causales de término anticipado “cualquier incumplimiento” por parte del proveedor y razones "de carácter institucional", por cuanto dichas cláusulas incumplen con los requisitos de precisión, certeza y seguridad jurídica, en relación a que, atendido el carácter excepcional de la sanción, corresponde especificar las situaciones constitutivas de incumplimiento. Asimismo, se objeta la estipulación de renovación automática del contrato, por cuanto la mera “continuidad del servicio” no constituye un argumento específico que justifique establecerla.

Finalmente, la Contraloría indica que, considerando el precio indeterminado del contrato, y de acuerdo con lo preceptuado en su resolución N° 1.600, de 2008, debieron acompañarse antecedentes que se refieran al gasto estimado del  convenio.

Tema de la Consulta: Incompetencia de Contraloría en impugnación de licitaciones; pronunciamiento sobre aspectos de mérito.

Resumen: Se presenta reclamación ante la Contraloría General, señalando que la Corporación Nacional Forestal (CONAF) no consideró las objeciones planteadas en oficio anterior, emitido por el Ente Contralor, referido a una antigua licitación de dicha Corporación. Al respecto, el reclamante apunta que en un nuevo procedimiento licitatorio se habrían repetido los mismos hechos irregulares. En virtud de lo señalado, el peticionario requiere que se declare desierta la mencionada licitación.

Al respecto, la Contraloría reitera lo señalado en su jurisprudencia anterior, en el sentido de precisar que carece de competencia para declarar desierta una licitación, toda vez que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la ley N° 19.886, corresponde al Tribunal de Contratación Pública conocer de la acción de impugnación contra actos u omisiones, ilegales o arbitrarios, ocurridos en los procedimientos administrativos de contratación con organismos públicos regidos por la citada ley, lo que también resulta válido para aquellos servicios que voluntariamente se acojan a sus disposiciones, como ocurre en el caso de CONAF.

Asimismo, en lo que concierne a los planteamientos del recurrente respecto de las características técnicas de los productos exigidos en la licitación impugnada, el Organismo de Control puntualiza que, con motivo del control de legalidad de los actos de la Administración, tampoco le corresponde evaluar los aspectos de mérito o conveniencia de las decisiones administrativas, en conformidad con la norma contenida en el artículo 21 B de la ley N° 10.336.

Tema de la Consulta: Adquisiciones motivadas en el terremoto y exención de propuesta pública.

Resumen: La Junta Nacional de Jardines Infantiles solicita a la Contraloría un pronunciamiento respecto de la posibilidad de acudir al trato directo establecido en el artículo 8°, letra c), de la ley N° 19.886 (causal de urgencia, emergencia o imprevisto), para los efectos de reparar y reconstruir aquellos jardines infantiles que administra y que fueron dañados por el terremoto de febrero de 2010.

Al respecto, la Contraloría consigna que si bien la letra e) del artículo 3° de la ley N° 19.886 excluye de dicho ordenamiento a los contratos de la ejecución de obras públicas, en el caso de la especie, igualmente se les aplicaría supletoriamente el mencionado ordenamiento, teniendo en cuanta que la normativa aplicable al mencionado Servicio no contempla disposiciones relativas a la forma de contratación de obras públicas.

Finalmente, la Contraloría hace presente que de acuerdo al decreto N° 328, de 2010, del Ministerio del Interior, a partir del 27 de febrero de 2010 y por el plazo de 12 meses, en las zonas afectadas por la catástrofe, las adquisiciones de los Servicios Públicos para la atención de los damnificados, la superación de la situación y el restablecimiento de las actividades, se efectuarán extraordinariamente con exención del trámite de propuesta o subasta pública o privada.

Tema de la Consulta:  Improcedencia de pagos ante ausencia de contraprestación efectiva.

Resumen: La Contraloría se abstiene de dar curso a un decreto del Ministerio del Interior, aprobatorio de un acuerdo suscrito entre esa Cartera y la empresa que indica, que suspende un  contrato de prestación de servicios celebrado previamente entre ambas partes. Lo anterior, por cuanto en dicho acuerdo se estableció que el citado Ministerio debería pagar durante el plazo de suspensión una determinada suma de dinero, “por concepto de personal, seguridad y mantención de equipos”. Al respecto, la Contraloría determina que dicha convención resulta improcedente, debido a que implica la realización de pagos por el indicado Servicio, sin que se constate contraprestación alguna por parte del contratante privado, en el señalado período.

Tema de la Consulta: Condenas por prácticas antisindicales.

Resumen: Se han dirigido a esta Contraloría 2 dirigentes de los Sindicatos que se indican, reclamando que el Servicio Nacional de Menores (SENAME) habría adjudicado diversos proyectos a una corporación determinada, en circunstancias que dicha fue condenada por prácticas antisindicales.
 
Al respecto, el Órgano de Control hace presente al SENAME le corresponde, entre otras funciones, estimular, orientar, y supervisar técnica y financieramente la labor que desarrollen las instituciones públicas o privadas que tengan la calidad de “colaboradores acreditados”. En este contexto, la Contraloría agrega que la corporación impugnada se encontraría entre aquellas instituciones reconocidas como colaboradora acreditada.
 
Sobre el particular, el Ente Fiscalizador recuerda que las normas que contemplan inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, poseen un carácter de derecho estricto, en cuanto su sentido y alcance abarca solamente aquellas figuras o situaciones contempladas por el ordenamiento de modo explícito, por lo que su aplicación sólo puede extenderse a las materias expresamente señaladas en dichas normas.

En relación a lo señalado, el Ente de Control advierte que la ley 20.032 y el decreto ley N° 2.465, de 1979, distingue claramente entre convenios celebrados con instituciones colaboradoras del Servicio, por una parte, y contratos necesarios para el cumplimiento de sus fines específicos.

Pues bien, la Contraloría señala que la prohibición establecida en el artículo 4°, inciso primero, de la ley N° 19.886, respecto de las empresas que hayan sido condenadas por prácticas antisindicales, sólo se aplicaría a los contratos necesarios para el cumplimiento de los fines específicos del SENAME, pero no a los concursos regulados por la citada ley 20.032 y el aludido DL 2.465, ni a los convenios celebrados con las instituciones reconocidas como colaboradoras del Servicio.

En consecuencia, la Contraloría General desestima el reclamo presentado por los recurrentes en contra del Servicio Nacional de Menores.

Tema de la Consulta: Libre circulación de las facturas; enriquecimiento sin causa de la Administración.

Resumen: La Municipalidad de Quilicura puso término a un contrato suscrito con una empresa, atendido que dicha empresa habría incurrido en una vulneración a las bases de licitación, al ceder a un tercero el cobro de una factura, sin solicitar previamente la autorización al municipio.

Al respecto, la Contraloría indica que la indicada causal que invoca el municipio para ponerle término a la convención, transgrede el artículo 4° de la ley N° 19.983, que Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura. Ello, por cuanto a través del citado precepto se ha vedado toda clase de limitaciones a la libre circulación de un crédito que conste en una factura, de manera que, en la especie, la Municipalidad de Quilicura no estaba facultada para establecer la prohibición de que se trata en las referidas bases.

Sin embargo, ese Ente Fiscalizador concluye que el vicio de que se trata no es de tal entidad que deba significar la invalidación de todo el proceso licitatorio mencionado, ya que en la referida propuesta no se han vulnerado los principios fundamentales que rigen ese tipo de procedimientos, tales como el de sujeción estricta a las bases e igualdad de  los oferentes, correspondiendo, por lo tanto, que la Municipalidad tenga por no escrita la aludida prohibición. En tal sentido, la señalada prohibición  sería inaplicable al contrato en cuestión, regularizándose de esa menera la situación en examen.

Finalmente, la Contraloría hace presente que, en la medida que la empresa recurrente haya realizado los trabajos que alega, de acuerdo a lo dispuesto en las respectivas bases, debe darse curso al correspondiente pago, puesto que de lo contrario se produciría un enriquecimiento sin causa.  

Tema de la Consulta: Renovaciones automáticas; término anticipado de contrato.

Resumen: La Entidad de Control se abstiene de dar curso a una resolución del Servicio de Impuestos Internos, que aprueba un contrato de prestación de servicios de telefonía local, bajo la modalidad de trato directo.
 
Al respecto, el contrato en examen contiene una cláusula de renovación automática, sin que se contemplen en las bases los motivos fundados que justificarían esa renovación, vulnerándose, de este modo, los artículos 9° de la ley N° 18.575 y 12 del reglamento de la ley N° 19.886.

Asimismo, la Contraloría agrega que la cláusula relativa a la vigencia del contrato vulnera las normas sobre la vigencia de los actos administrativos, según las cuales éstos rigen a partir de su total tramitación y no con anterioridad.

Finalmente, el Organismo de Control advierte que, en consideración al principio de certeza y seguridad jurídica, no resulta procedente estipular que se podrá poner término anticipado al contrato en caso que el contratista incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, previsionales o legales, esto es, abarcando cualquier infracción al contrato, toda vez que las sanciones, por su carácter excepcional, deben estar vinculadas a infracciones claramente establecidas.

Tema de la Consulta: Improcedencia de acordar continuas prórrogas de un contrato

Resumen: La Contraloría General de la República cursa con alcance un decreto del Ministerio de Educación, mediante el cual se aprueba una renovación de un contrato de servicios de telefonía, haciendo presente que en lo sucesivo -de acuerdo a lo preceptuado por la jurisprudencia administrativa-, ese Ministerio no podrá autorizar nuevas renovaciones.

De acuerdo a la Contraloría, ello debe entenderse así, aun cuando la posibilidad de extender el contrato se hubiere contemplado en dicho contrato, por cuanto la práctica de acordar continuas prórrogas de un contrato, cuya vigencia se extienda indefinidamente, contraviene el principio de libre concurrencia previsto en el artículo 9° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y el procedimiento de licitación pública regido por la ley N° 19.886.

Tema de la Consulta: Concordancia entre información publicada en el Sistema de Información y el acto administrativo que la contenga.

Resumen: La Entidad de Control reitera criterio expresado en su dictamen N° 43.011, de 2010, en cuanto manifestar que, de conformidad con los artículos 18 y 20 de la ley N° 19.886, en relación con los artículos 21, 58 y 60 del reglamento de dicha ley, los sistemas electrónicos y digitales, así como los formularios de bases que al efecto establezca la Dirección de Compras y Contratación Pública, constituyen los medios oficiales de comunicación entre cada entidad licitante y los oferentes, de manera que es responsabilidad de las entidades mantener actualizada la información que se publica en el Sistema de Información, de modo que ésta sea veraz e íntegra y, por ende, concordante con el acto administrativo que la contenga.

Tema de la Consulta: Exigencia de normas técnicas en los procesos de adquisiciones a través del portal www.mercadopublico.cl.

Resumen: Se dirige a la Contraloría General un  fabricante de sillas, reclamando en contra del Ministerio de Educación, en relación al eventual incumplimiento de las normas chilenas oficiales sobre mobiliario escolar y, además, solicita un pronunciamiento sobre la exigibilidad de las referidas normas en los procesos de adquisiciones a través del portal mercado público.

Al respecto, la Contraloría precisa que el inciso segundo del artículo 8° del decreto N° 548, de 1988, del Ministerio de Educación, señala que el mobiliario escolar a que se refiere el requerimiento deberá cumplir con las normas vigentes establecidas por el Instituto Nacional de Normalización sobre esta materia, lo que se demostrará mediante el sello o certificado de calidad de un laboratorio acreditado por dicho Instituto para certificar mobiliario escolar.

En cuanto a la exigencia de las referidas normas chilenas oficiales sobre mobiliario escolar en los procesos de adquisición a través del portal www.mercadopublico.cl, el Organismo Contralor señala que de conformidad con lo dispuesto en el N° 5 del artículo 2° del Reglamento de la ley N° 19.886, las bases técnicas, en que se contienen de manera general y/o particular las especificaciones, descripciones, requisitos y demás características del bien o servicio a contratar, deben ser aprobadas por la autoridad competente, por lo que, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 5° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que obliga a las autoridades y funcionarios a velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública, las adquisiciones de mobiliario escolar que se realicen a través del referido portal deben incorporar las especificaciones técnicas exigidas por la normativa legal y reglamentaria.

Fecha: 30-08-2010

Tema de la Consulta: · Adjudicación; criterio de evaluación.

Resumen: La Contraloría General cursa con alcance resolución de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast), mediante el cual se aprueban las Bases Administrativas que indica, haciendo presente que entiende que "la o las ofertas más convenientes", a que aluden tales bases, serán las que obtengan el mayor puntaje de acuerdo a los criterios de evaluación señalados en las mismas. Ello, por cuanto conforme con lo dispuesto en el artículo 41 del reglamento de la ley N° 19.886, la entidad licitante se encuentra "obligada" a aceptar la propuesta más conveniente, considerando los criterios de evaluación con sus correspondientes puntajes y ponderaciones establecidos en las bases.

Enseguida, acorde con su jurisprudencia, la Entidad de Control objeta la cláusula décimo primera del convenio, en orden a que el contrato comenzará a regir en una fecha determinada, por cuanto su vigencia debe operar a contar de la "total tramitación del acto administrativo que lo apruebe". Asimismo, se observa la cláusula décimo quinta del convenio, según la cual ese Servicio podrá poner término anticipado al contrato "por causas de la Empresa". Al respecto, la Contraloría exige que dicha causal sea precisada, por cuanto las sanciones, atendido su carácter excepcional, deben estar claramente establecidas, debiendo cumplir con los requisitos de precisión, certeza y seguridad jurídica.

Se objeta, por último, la omisión de la autorización presupuestaria prevista en el artículo 3° del Reglamento de la ley 19.886.

Tema de la Consulta: · Autorización presupuestaria.

Resumen: La Contraloría General se abstiene de dar curso a una resolución de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast), que aprueba contrato de adquisición del medicamento que indica, por cuanto entre los antecedentes del acto administrativo en examen se omitió acompañar la autorización presupuestaria exigida en virtud del artículo 3° del reglamento de la ley N° 19.886.

Por otro lado, la Contraloría indica que el acto en análisis tampoco dio cumplimiento al inciso segundo del artículo 6°, de la resolución N° 1.600, de 2008, de esa Entidad de Control, que dispone que los actos administrativos que aprueben convenios deberán transcribirlos en el cuerpo del decreto o resolución. Además, el Ente Fiscalizador objeta el referido convenio, por cuanto no determina la reglamentación de las multas, su cuantía y los hechos que las configuran, no resultando procedente la mera remisión a las bases.

Por último, la Contraloría reitera la necesidad de acompañar a los antecedentes la correspondiente autorización presupuestaria prevista en el artículo 3° del Reglamento de la ley 19.886.

En tal sentido, la Contraloría precisa que una nueva convención sobre las mismas prestaciones, debe celebrarse a través de alguno de los mecanismos de contratación contemplados en la ley N° 19.886.

La Contraloría objeta, por otro lado, la circunstancia de que no se haya indicado en el acto enviado a trámite el monto estimado a pagar por las prestaciones convenidas, conculcándose el artículo 5° de la resolución N° 1.600, de 2008, de ese Organismo Contralor, en cuanto establece que en los convenios de cuantía indeterminada se estará al gasto estimado por el Servicio.

Finalmente, la Entidad de Control reitera que en lo sucesivo se deberá acompañar la autorización presupuestaria pertinente a los actos administrativos como el de la especie.

Al respecto, la Contraloría señala que del análisis del instrumento reingresado aparece que el Servicio remitente nuevamente ha omitido indicar las razones por las cuales los bienes adquiridos y los servicios contratados son "complementarios" y una continuación de etapas de un proyecto previamente desarrolladas por la empresa contratista. En este sentido, el organismo de control reitera que por el carácter excepcional del trato directo, se requiere de una acreditación cabal de las razones que motivarían su procedencia, no siendo suficiente para dicho fin la sola remisión a documentos específicos, tales como actas, o informes jurídicos y técnicos.

Adicionalmente, el Ente Fiscalizador objeta la cláusula segunda del convenio, en cuanto ésta estipula que "La forma de pago de la suma aludida sólo se dispondrá a pago una vez Tomado Razón por Contraloría General de la República", debido a que no se precisan las cantidades asociadas a cada uno de los hitos de cumplimiento del contrato, generándose con esta omisión una indeterminación de los montos que pueden ser anticipados a la empresa contratista y, consiguientemente, de las cauciones que aquélla deba entregar.

Finalmente, la Entidad de Control anota que en lo sucesivo se deberá acompañar la autorización presupuestaria pertinente a los actos administrativos como el de la especie, con el objeto de acreditar la existencia de recursos suficientes para solventar el gasto que irroga el cumplimiento del contrato respectivo.

En tal sentido, el mencionado Ente Fiscalizador indica que sólo resulta pertinente la inscripción del INE en el ya mencionado registro de proveedores, en atención a aquellos casos residuales en que resultare procedente que esa entidad pacte el suministro de sus productos o la prestación de sus servicios con otros organismos de la Administración del Estado, con arreglo a las normas de la ley Nº 19.886. No obstante ello, precisa la Contraloría que no procede solicitarle a dicho Instituto las declaraciones juradas a que se refiere su consulta.

Lo anterior, por cuanto, tal como lo puntualiza el Órgano de Control, el artículo 84, letra i), del Estatuto Administrativo prohíbe a los funcionarios públicos "organizar o pertenecer a sindicatos en el ámbito de la Administración del Estado", de manera que resultaría improcedente exigir al mencionado Instituto acreditar la circunstancia de no haber sido condenado por prácticas "antisindicales" (artículo 4°, inciso 1°, de la ley 19.886).

Seguidamente, manifiesta la Contraloría que tampoco correspondería que se le requiera al INE acreditar no haber sido condenado por infracción a los "derechos fundamentales del trabajador", los cuales se encuentran determinados en el artículo 485 del Código del Trabajo, por cuanto la protección de tales derechos se produce en el contexto de los vínculos regidos por el anotado Código del Trabajo, los cuales no constituyen el estatuto a que se encuentran afectos los funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas, añadiéndose a ello que no existe norma legal que autorice al apuntado órgano de la Administración del Estado para efectuar contrataciones regidas por esa Ley Laboral.

Finalmente, puntualiza la Contraloría, en armonía con lo manifestado por su jurisprudencia anterior, que del tenor del ya aludido artículo 4°, inciso sexto, de la ley N° 19.886, se desprende que la inhabilidad respectiva tampoco afecta a INE, toda vez que dicho Instituto no se encuentra comprendido entre las personas jurídicas que el citado precepto menciona.

Atendido lo expuesto, el Organismo de Control se abstiene de emitir un pronunciamiento respecto de la impugnación de la especie, por cuanto su conocimiento corresponde al Tribunal de Contratación Pública, indicando, en todo caso, que ello no obsta al ejercicio de las atribuciones propias de dicho Organismo, entre ellas el examen preventivo de juridicidad de aquellos actos administrativos que emita la autoridad pertinente durante los procedimientos licitatorios, y que estén afectos al trámite de toma de razón, o bien la fiscalización posterior a través de las funciones de inspección y de auditoría.

Al respecto, el Ente Contralor puntualiza que las entidades edilicias pueden cumplir la función de proveer el aseo y ornato a sus comunas, en forma directa, a través de sus propios recursos materiales y humanos, o mediante la concesión del respectivo servicio, conforme con el artículo 8° de la citada ley N° 18.695.

Ahora bien, la Contraloría precisa que, en el evento de optarse por el otorgamiento de concesiones de servicios municipales, y no por la administración directa, dichas concesiones deben materializarse mediante las normas de la ley N° 19.886, por así disponerlo el artículo 66 de ley la citada N° 18.695.

Resumen: Se solicita un pronunciamiento a la Contraloría acerca del alcance del artículo 38 del reglamento de la ley N° 19.886, en cuanto a la posibilidad de comunicar la experiencia adquirida en licitaciones públicas, desde la agencia de una sociedad anónima extranjera a una "sociedad filial".

En el señalado contexto, la Contraloría General puntualiza que, en virtud de las normas contenidas en ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, debe entenderse que la "sociedad filial" de una sociedad anónima es una persona jurídica distinta de esta última y que su denominación obedece al control que ejerce la matriz sobre la mayoría de su capital o a la posibilidad de elegir a la mayor parte de sus directores o administradores; mientras que la "agencia" de una sociedad anónima extranjera es la representante de dicha sociedad en Chile, pudiendo el agente en el país obrar bajo la responsabilidad directa de la sociedad, de lo que se infiere que la experiencia en licitaciones que pueda tener una agencia, corresponde en realidad, a la de su respectiva sociedad anónima extranjera.

El Ente Fiscalizador concluye, en definitiva, que las entidades licitantes podrán considerar como experiencia del oferente -además de la propia-, la de su equipo gestor, la de su personal profesional, o la de las sociedades que la integran, si las bases de licitación así lo permiten.

Resumen: Se solicita a la Contraloría General un pronunciamiento en el que se determine si se ajustó a derecho la decisión del Director del Hospital Dr. Félix Bulnes Cerda de terminar en forma unilateral y anticipada, sin fundamento y por carta, un contrato de prestación de servicios. Sobre el particular, el Ente Contralor hace presente que el artículo 13 de la ley 19.886 dispone que los acuerdos de voluntades regulados por dicha ley podrán modificarse o terminarse anticipadamente por las causales contempladas en la citada norma, debiendo ser fundadas las resoluciones que dispongan tales medidas.

En el señalado contexto, la Contraloría constata que el Director del señalado Hospital no dictó una resolución fundada para poner término al contrato en comento, por lo que el anotado término unilateral no se habría ajustado a derecho. Asimismo, la Contraloría hace presente que de acuerdo a su jurisprudencia administrativa, debe entenderse que estipulaciones como las mencionadas no proceden por cuanto imponen al particular una renuncia anticipada del derecho a impugnar judicialmente los actos administrativos, vulnerándose, además, el artículo 10 de la ley 18.575.

Resumen: La Contraloría General se abstiene de dar curso a una resolución de la Dirección General del Crédito Prendario, que regulariza un contrato de trato directo, celebrado con una empresa de telecomunicaciones, por cuanto dicho convenio expira el 31 de diciembre de 2012, lo que supone un período de tiempo prolongado que no se aviene al plazo necesario para normalizar la ejecución de los servicios en comento. En este sentido, manifiesta el Ente Contralor que las prestaciones aludidas deben extenderse por el plazo estrictamente necesario para que esa Dirección realice un proceso de licitación y suscriba un contrato con el oferente que resulte seleccionado.

Finalmente, el Organismo Contralor observa aquella cláusula que señala que el citado Servicio Público deberá pagar todas las multas e indemnizaciones a que sea condenada la empresa proveedora, con motivo de infracciones cometidas por aquel Servicio a la normativa de telecomunicaciones. Lo anterior, por cuanto, según entiende la Contraloría, la participación de funcionarios del aludido Servicio en hechos que supongan una infracción a la citada normativa, requiere ser acreditada de manera previa en sede jurisdiccional, para que sea procedente la repetición de las multas pagadas por esa empresa. En tal sentido, la referida estipulación implicaría una renuncia anticipada de derechos y acciones por parte de esa Dirección, renuncia que sólo puede realizarse por un organismo público cuando una norma de rango legal lo autoriza expresamente.

Fecha: 04-08-2010

Organismo que realiza la consulta: Ministerio del Interior

Tema de la Consulta: · Principios de celeridad y eficiencia; renovaciones tácitas y automáticas.

Resumen: La Contraloría General cursa con alcance un contrato suscrito entre el Ministerio del interior y una empresa de telecomunicaciones, bajo la modalidad de trato directo, en el entendido que por su intermedio se regularizó dicho convenio, cuyas prestaciones comenzaron a ejecutarse con antelación a su suscripción. Sin perjuicio de ello, ese Organismo de Control manifiesta que la dilación en la celebración del aludido contrato implica una contravención a los principios de eficiencia y celeridad, contemplados en los artículos 5° y 8° de la ley N° 18.575, debiendo esa autoridad arbitrar las medidas conducentes a determinar las eventuales responsabilidades administrativas. 

En otro orden de ideas, el Ente Fiscalizador hace presente que a través del acuerdo de voluntades que se viene regularizando se complementó un convenio anterior, del año 2000, estableciéndose en dicho convenio una cláusula de renovación indefinida, tácita y automáticamente. A este respecto, la Contraloría apunta que su jurisprudencia ha precisado que ese tipo de estipulaciones -aun cuando se contengan en contratos celebrados con anterioridad a la vigencia de la ley N° 19.886-, pugnan con los principios de transparencia y libre concurrencia de los oferentes, consagrados en el artículo 9° de la citada ley N° 18.575, debiendo esa Secretaría de Estado, en lo sucesivo, abstenerse de aplicar la comentada cláusula de renovación.

Tema de la Consulta: · Condiciones más ventajosas en convenios marco y causales de trato directo.

Resumen: El Servicio de Registro Civil e Identificación consulta a la Contraloría sobre la procedencia de realizar una contratación por trato directo, de acuerdo a la causal del artículo 10, N° 7, letra f), del reglamento de la ley 19.886 (confianza y seguridad de un proveedor determinado, derivada de su experiencia comprobada), con la Empresa de Correos de Chile, en razón de estimarse que los precios ofrecidos por dicha entidad -según los antecedentes que menciona-, son "más ventajosos" que los ofrecidos por los proveedores que aparecen en el catálogo del convenio marco, en virtud del artículo 15 del reglamento de la ley 19.886.

De este modo, el Organismo de Control concluye que la habilitación para excluirse de un convenio marco no constituye, por sí misma, una causal de trato directo o licitación privada, debiendo concurrir entonces, además de las aludidas condiciones más ventajosas, alguna de las causales que la ley N° 19.886 y el reglamento contemplan para determinar la procedencia de dichos mecanismos excepcionales de contratación.

Resumen: La Dirección del Parque Metropolitano de Santiago consulta a Contraloría sobre la procedencia de aplicar la cláusula de reajuste sobre el precio convenido, contemplada en las bases, cuando I.P.C. sea negativa. Sobre la materia, el Ente Contralor hace presente que la ley N° 19.886 y su reglamento no contemplan regulación alguna al respecto, por lo que sería el respectivo Servicio el que debiera ponderar la necesidad de establecer un sistema de reajustabilidad en las correspondientes bases.

De este modo, la Contraloría concluye que entender que una cláusula de reajuste sólo se aplicaría cuando la variación es positiva, sin que esa regla se haya establecido taxativamente en las bases, produciría un enriquecimiento ilícito para una de las partes, vulnerándose, además, el principio de estricta sujeción a las bases.

Resumen: La Contraloría se abstiene de dar curso a la resolución del Fondo para Hospitales de Carabineros, que aprueba las bases para la licitación de "Reposición de Calderas y Obras de Centralización del Servicio de Generación de Vapor y Agua Caliente de la Central Térmica del Hospital de Carabineros", por cuanto esa Entidad no ha subsanado una serie de observaciones entre las que se cuanta aquella consistente en que en uno de sus anexos se incluyen inhabilidades que no se ajustan a las prohibiciones para contratar contenidas en la ley N° 19.886.

Tema de la Consulta: · Discordancia entre contenido de acto administrativo aprobatorio de bases e información publicada en el Sistema de Información.

Resumen: Contraloría da curso a resolución de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante la cual se aprueban las bases de licitación para la contratación del servicio de digitación, pero hace presente que, de acuerdo con los artículos 18 y 20 de la ley N° 19.886, y 21, 58 y 60 del reglamento de dicha ley, los sistemas electrónicos y digitales, así como los formularios de bases que al efecto establezca la Dirección de Compras y Contratación Pública, constituyen los medios oficiales de comunicación entre cada entidad licitante y los oferentes, de manera que es responsabilidad de las entidades mantener actualizada la información que se publica en el Sistema de Información, de modo que ésta sea veraz e íntegra y, por ende, concordante con el acto administrativo que la contenga.

Tema de la Consulta: · Cobro de garantía de fiel cumplimiento.

Resumen: La Contraloría se abstiene de dar curso a la resolución del Hospital del Salvador, que aprueba bases y anexos para adquisición de fármacos e insumos médicos, debido a que dichas bases incumplen con los requisitos establecidos tanto en el artículo 22 como en el artículo 38, ambos del Reglamento de la ley N° 19.886. Ello, debido a que se ha omitido precisar la forma en que serán restituidas las garantías a los oferentes; no se ha indicado la forma de designación de la comisión evaluadora; así como tampoco se ha contemplado un mecanismo para resolver los empates que se puedan producir en el resultado final de la evaluación.

Organismo que realiza la consulta: Municipalidad de Vitacura

Tema de la Consulta:Contactos con eventuales proveedores.

Resumen: La Contraloría, en el contexto de un sumario instruido con la finalidad de determinar eventuales irregularidades acontecidas en una licitación pública para la contratación de asesorías en sistemas computacionales, en la I. Municipalidad de Vitacura, propuso al alcalde de dicha entidad edilicia aplicar en contra de 2 de sus funcionarios la medida disciplinaria de multa, no obstante lo cual, dicha autoridad, mediante decreto alcaldicio, resolvió sobreseer de responsabilidad administrativa a los mencionados funcionarios. Al respecto, el Organismo Contralor se abstiene de tomar razón del referido decreto, dada su falta de fundamento. Lo anterior, por cuanto constaría del respectivo expediente que los aludidos funcionarios se reunieron, con anterioridad al llamado a licitación, con representantes de la empresa que en definitiva se adjudicó la propuesta, vulnerándose los artículos 1° de la ley N° 19.886; 5°, 7°, 11, 52 y 53 de la ley N° 18.575; y 58, letras b), c) y f), de la ley N° 18.883.

Tema de la Consulta: · Inconsistencia entre precio ofertado y precio del contrato; Autorizaciones presupuestarias.

Resumen: La Contraloría se abstiene de tomar razón de un decreto del Ministerio del Interior, que aprueba contrato de servicios de impresión de materiales de educación, por cuanto el precio consignado en el contrato es mayor que el contenido en el anexo de la oferta económica, situación que vulnera el principio de estricta sujeción a las bases administrativas y técnicas que rigieron el referido procedimiento concursal, en la medida que importaría el pago de un valor mayor al propuesto por el adjudicatario por el total de los productos requeridos en dichas bases.

Tema de la Consulta: · Entrega de antecedentes en soporte papel.

Resumen: La Contraloría General de la República da curso a resolución de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, que aprueba antecedentes de una licitación pública para la contratación de servicios de construcción de obras civiles para establecimientos hospitalarios. No obstante ello, hace presente que siendo excepcional la tramitación de documentos en soporte papel -en cuanto sólo procede en las situaciones previstas en el artículo 62 del Reglamento de la ley N° 19.886-, en lo sucesivo la aludida Subsecretaría debe abstenerse de prever en las bases que los planos deberán entregarse impresos físicamente en la oficina de partes.

Organismo que realiza la consulta: Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río

Tema de la Consulta: Resolución aprobatoria de bases de licitación y el Principio de libre concurrencia

Resumen: La resolución aprobatoria de bases de licitación, debe incorporar las bases de licitación y sus anexos en su texto,  de acuerdo con lo establecido en el artículo 6° de la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General.

Observar que las bases exijan a los oferentes antecedentes relativos a su situación comercial, financiera y tributaria, de modo que si presentan deudas no se someten a evaluación, por cuanto ello constituye un impedimento para participar en la licitación, que resulta improcedente. Las únicas inhabilidades para contratar con el Estado son las que se encuentran contempladas en el artículo 4° de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, sin perjuicio que su análisis pueda ser considerado por las bases como criterio de evaluación, para los fines de adjudicar la propuesta.

Observa también que el formato de declaración jurada, así como los formularios de oferta y de identificación de los oferentes, todos anexos a las bases, han sido redactados considerando únicamente a oferentes constituidos como personas jurídicas, excluyendo la posibilidad de que también puedan presentar propuestas las personas naturales, conculcándose así el artículo 4° de la ley N° 19.886.

Organismo que realiza la consulta: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Tema de la Consulta: Gastos de Representación

Resumen: En los gastos de representación deben concurrir conjuntamente dos elementos: que el motivo de la celebración tenga relación con los fines del Servicio y que a la celebración concurran autoridades superiores del Gobierno o del ministerio respectivo.

Organismo que realiza la consulta: Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos

Tema de la Consulta: Falta de identidad entre el oferente y el adjudicatario en un mismo proceso licitatorio y el principio de estricta sujeción a las bases.

Resumen: Frente a solicitud de reconsideración Contraloría ratifica un dictamen anterior en que se objetó una licitación por existir discordancia entre el adjudicatario en el proceso licitatorio y el oferente respectivo, toda vez que el proveedor adjudicado, persona natural, presentó una oferta que se sustentó en antecedentes técnicos y económicos de una persona jurídica, no advirtiéndose la relación entre uno y otro.

Asimismo, ese Ente Fiscalizador reitera que incorporación de sub-factor de evaluación no establecido previamente en las bases vulnera el artículo 10 de la ley N° 19.886.

Por otra parte, se desestima afirmación de la recurrente en orden a que los plazos del cronograma serían “meramente referenciales”, por cuanto ello atenta contra el principio de estricta sujeción a las bases.

Organismo que realiza la consulta: Comando Logístico de la Fuerza Aérea

Tema de la Consulta: En contrato de prestación de servicios suscrito por el Comando Logístico de la Fuerza Aérea, regido por la ley N° 18.928, sobre Adquisiciones y Enajenaciones de Bienes Corporales e Incorporales Muebles y Servicios de las Fuerzas Armadas, rigen las causales de contratación directa establecidas por el artículo 8°, letra g), de la ley N° 19.886, y 10, numeral 7, letra f), del reglamento de dicha ley, en virtud de la remisión que formula a esas causales el artículo 15, inciso final, del decreto N° 95, de 2006, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la citada ley N° 18.928.

Organismo que realiza la consulta: Subsecretaría del Trabajo

Tema de la Consulta: Abstención toma de razón de resolución de adjudicación

Resumen: Contraloría se abstiene de ejercer el control previo de juridicidad de la resolución que   adjudica una licitación pública, por cuanto, de conformidad con artículo 9°, numerales 9.2.1 y 9.2.2, de la resolución N° 1.600, de 2008, de ese Organismo Contralor, lo que debe remitirse para la toma de razón es el acto que apruebe el contrato respectivo.

Al respecto, acorde con los numerales 9.6.2 y 9.6.4 del artículo 9° de la citada resolución N° 1.600, el acto de adjudicación se encuentra afecto al control preventivo de legalidad, sólo cuando el texto del contrato se contiene en bases administrativas tomadas razón o ajustadas a un formato tipo previamente aprobado por la Contraloría General, supuestos que no concurren en la especie.

Organismo que realiza la consulta: Central Abastecimiento Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST)

Tema de la Consulta: Carencia de facultades legales para suscribir renovación de contrato

Resumen: Contraloría General representa resolución que aprueba la renovación de un contrato de prestación de servicios suscrito por Cenabast, por cuanto conforme con el DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, dicha Central no cuenta con facultades para contratar y proveer servicios tales como los que son objeto del acto sujeto a trámite, ya que ellos dicen relación con la ejecución de un programa que excede el marco legal antes indicado.

No obstante, excepcionalmente, resulta procedente que losreferidos Servicios de Salud acudan al trato o contratación directa, enla medida que concurra alguna de las circunstancias previstas en losartículos 8° de la ley N° 19.886 y 10 del decreto N° 250, de 2004, delMinisterio de Hacienda, las que deben ser acreditadas por el respectivoorganismo.

Organismo que realiza la consulta: Policía de Investigaciones de Chile

Tema de la Consulta: Solicitud de antecedentes financieros a oferentes

Resumen: Contraloría objeta bases que exigen a los oferentes acompañar antecedentes financieros, por cuanto no establecen la forma en que éstos serán calificados. Al respecto, no resulta admisible establecer la exigencia de antecedentes sin un propósito determinado, como sería el de seleccionar al postulante más idóneo, por cuanto ello vulnera los artículos 22, N°s. 7 y 37, del reglamento de la ley N° 19.886.

Organismo que realiza la consulta: Cámara de Diputados

Tema de la Consulta: Aplicación de la ley N° 19.886 a las corporaciones municipales que indica

Resumen: En virtud de lo dispuesto por el inciso primero del artículo 1°de la ley N° 19.886, las disposiciones de dicho cuerpo legal no son aplicables a las corporaciones municipales creadas al amparo del artículo 12 del DFL N° 1-3.063, de 1980, del Ministerio del Interior, por cuanto éstas no pertenecen a la Administración del Estado, sino que son organismos de derecho privado, sin fines de lucro, regidas por el Título XXXIII del Libro I del Código Civil.

Organismo que realiza la consulta: Municipalidad de Quilicura

Tema de la Consulta: Aplicabilidad in actum de requisitos para renovación de contratos, establecidos por el artículo 12 de la ley 19.886

Resumen: El artículo 12 del reglamento de la ley N° 19.886 –que establece requisitos y limitaciones para las renovaciones de los contratos-, rige plenamente respecto de contrato de concesión de servicios municipales, a contar del 25 de junio de 2009, fecha de publicación en el Diario Oficial de la ley N° 20.355, que modificó el artículo 66 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, haciendo aplicable a ese tipo de concesiones el sistema de compras públicas. No obsta a ello el hecho de que tanto las bases como el contrato original, suscrito con anterioridad a la aludida modificación legal, no hayan considerado límite o requisito alguno para materializar dichas renovaciones. Lo anterior obedece a que  las disposiciones de derecho público rigen in actum, esto es, desde la fecha en que entran en vigencia, regulando todas las situaciones comprendidas en el ámbito de sus normas. En tal sentido, debe considerarse también lo dispuesto por el artículo 23 del Código Civil, en cuanto establece que lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación.

• Contratación de personas naturales
• Consulta previa de los bienes y servicios en Convenio Marco

Resumen

No es admisible que en las bases de licitación se exija a las personas naturales una declaración jurada al tenor de lo dispuesto en el artículo 5° de la ley N° 19.896, que introduce modificaciones al DL N° 1263, de 1975, y establece otras normas presupuestarias y de personal. Esto dado que dicha disposición se refiere a la contratación de personas naturales a honorarios, modalidad que se encuentra excluida de la aplicación de la ley N° 19.886, acorde con lo dispuesto en el artículo 3°, letra a), de ese texto legal.

Resumen

Las entidades licitantes pueden solicitar aclaraciones y pruebas, durante la evaluación, de conformidad al artículo 39 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886.

• Principio de celeridad
• Principio de inexcusabilidad
• Principio de enriquecimiento sin causa
• Imputación del gasto

Resumen

La demora existente entre la suscripción de un contrato, con fecha 6/12/2006, y la dictación del acto administrativo aprobatorio, el 27/2/2008, configura una infracción al artículo 8 de la ley 18.575, que impone a los órganos de la Administración la obligación de actuar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la simplificación y rapidez de los trámites y a los artículos 7 y 14 de la ley 19.880 que consagran los principios de celeridad e inexcusabilidad, conforme a los cuales la Administración del Estado está obligada a dictar una resolución expresa en todos los procedimientos, procurando una pronta decisión.

En caso que la empresa adjudicataria haya prestado todo o parte de los servicios pactados en el convenio, el Ministerio aludido deberá pagar las facturas correspondientes a los servicios que se hubieren ejecutado, lo que no configura una validación de la referida contratación, sino que solamente evita, para dicha repartición pública, un enriquecimiento sin causa, sin desmedro de hacer efectivas las responsabilidades que pudieren derivar de las irregularidades anotadas.

No procede que la imputación del gasto involucrado en la contratación se realice simultáneamente a varias asignaciones del presupuesto del Ministerio, sin especificar el porcentaje o la cantidad que corresponde a cada una de ellas, ya que ello no cumple con identificar precisamente el ítem del aludido presupuesto, como lo exige el inciso primero del artículo 56 de la ley N° 10.336.

Organismo que realiza la consulta: Comisión Nacional de Riego

Tema de la Consulta: 

• Inscripción en Chileproveedores
• Requisitos mínimos para participar
• Glosa de las garantías

Resumen

No corresponde exigir la calidad de persona jurídica y la experiencia de los proponentes, como requisito para participar en la licitación, atendida la libre concurrencia de los oferentes dispuesta en los artículos 4° y 6° de la ley N° 19.886. Ello sin perjuicio, de la atribución del organismo licitante para considerar la experiencia como un factor de evaluación de las propuestas conforme al artículo 38 del reglamento citado.

Las bases deben establecer las glosas de las garantías de fiel cumplimiento del contrato y de anticipo.

Resumen

Se observa respecto de la cláusula del convenio que se suscribe con el adjudicatario de una licitación pública, que expresa que "Las modificaciones a las obligaciones de la Consultora, en relación al cumplimiento de lo establecido en este contrato, podrán ser realizadas sólo por acuerdo entre las partes, por causas debidamente fundamentadas y deberán quedar por escrito", que la Contraloría General entiende que tales enmiendas serán sancionadas a través del respectivo acto administrativo, totalmente tramitado.

Resumen

En los casos de licitaciones públicas en que se presente una único oferente, la resolución de adjudicación debe igualmente dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 41 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, en orden a explicitar los criterios de evaluación que, previamente definidos en las bases, permitieron al oferente obtener la adjudicación del contrato.

Organismo que realiza la consulta: Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo

Tema de la Consulta: 

• Antecedentes en soporte papel
• Garantía de fiel cumplimiento
• Aclaraciones de las bases y respuestas a consultas
• Inhabilidades para contratar
• Resolución aprobatoria de bases de licitación pública
• Consulta previa de los bienes y servicios en Convenio Marco

Resumen

Objeta bases que establecen la obligación para los oferentes de entregar todos los antecedentes solicitados en soporte papel, lo que infringe lo dispuesto sobre la materia en la ley N° 19.886. 

Objeta disposición de las bases que dispone que las respuestas y aclaraciones otorgadas por el servicio prevalecerán por sobre el punto pertinente de las bases de licitación, toda vez que ello implica admitir la posibilidad de que, a través del mecanismo de consultas, se introduzcan modificaciones a las bases sin que, por otra parte, se establezca que estas últimas deban ser aprobadas por el pertinente acto administrativo.

Objeta el establecimiento de inhabilidades para contratar diversas de las contempladas en el artículo 4° de la citada ley N° 19.886.

Por razones de certeza jurídica, el texto de las bases que se aprueban deberá incorporarse en las resoluciones sometidas toma de razón y debe dejarse constancia, en los mismos actos administrativos, de que los servicios que se licitan no se encuentran incluidos en el catálogo de convenios marco de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

Resumen

La resolución de adjudicación, no obstante tratarse de un único oferente, debe igualmente dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 41 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas, en orden a explicitar los criterios de evaluación que, previamente definidos en las bases, permitieron al oferente obtener la adjudicación del contrato.

Resumen

La causal de trato directo regulada en la letra g) del artículo 8°, de la ley N° 19.886, y en el artículo 10 N° 7, letra f), de su reglamento, exige que sean debidamente acreditadas por el Servicio las circunstancias que hacen procedente la aplicación de dicha causal. No basta con la simple mención de las normas legales y reglamentarias que contemplan la causal, ni la buena impresión que se haya formado el ente contratante respecto de la empresa favorecida, como tampoco la circunstancia de haberse suscrito anteriormente otros contratos similares con esa misma empresa, sino que, por el carácter excepcional que reviste esta modalidad de contratación, es preciso acreditar, efectiva y documentadamente, las razones que motivarían su procedencia, en especial las que permiten estimar fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen la seguridad y confianza atribuida a la entidad con la que se contrata.

En el caso concreto, no se justificaron a juicio del Ente Contralor las razones por las cuales las consultoras seleccionadas estarían en una situación especial respecto de otras entidades que, eventualmente, podrían realizar las mismas prestaciones comprendidas en los convenios en análisis.

Resumen

Las inhabilidades para contratar contempladas en el inciso sexto del artículo 4° de la ley N° 19.886, no resultan exigibles a las universidades, corporaciones y fundaciones, en tanto éstas no son personas jurídicas del tipo que dicho precepto considera.

Resumen

La causal de trato directo regulada en la letra g) del artículo 8°, de la ley N° 19.886, y en el artículo 10 N° 7, letra f), de su reglamento, exige que sean debidamente acreditadas por el Servicio las circunstancias que hacen procedente la aplicación de dicha causal y que permiten justificar las razones por las cuales la entidad contratada se sitúa en una posición de privilegio con respecto a otras entidades que podrían otorgar las mismas prestaciones comprendidas en el contrato en análisis.

• Subcontratación
• Experiencia de los oferentes
• Garantía de Fiel cumplimiento

Resumen

Da curso a resolución de la Subsecretaría de Transportes, que autoriza un contrato de servicio, señalando que las cláusulas de dicho contrato deben ser entendidas sin perjuicio de las disposiciones de la ley N° 20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios, en lo que resulten aplicables a la Administración del Estado. Asimismo señala que la garantía de fiel cumplimiento contemplada en el contrato, también asegura las obligaciones laborales y sociales que correspondan, conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley N° 19.886, modificado por la Ley N° 20.238.

• Criterios de evaluación
• Documentos en soporte papel

Resumen

Da curso a la resolución que aprueba antecedentes para la licitación de la obra "Ampliación Biblioteca Andrónico Luksic", en el entendido de que la calificación de las ofertas será debidamente fundamentada, y sin perjuicio de que en los pliegos de condiciones que elabore a futuro la Universidad se deberán contener los factores de evaluación, sus puntajes y ponderación.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6° de la ley 19.886, las bases de licitación deberán establecer las condiciones que permitan alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los beneficios del bien o servicio por adquirir y todos sus costos asociados, presentes y futuros, sin que se pueda atender sólo al precio de la oferta. En atención a que el artículo 22, N° 7, del reglamento de la Ley de Compras Públicas, entre los requisitos mínimos que deben contener las bases, se encuentran los criterios objetivos que serán considerados para decidir la adjudicación.

En lo sucesivo se debe abstener de exigir requisitos de experiencia al personal de los licitantes, sin perjuicio de que pueda considerarse ello como factor de evaluación.

Hace presente que conforme al artículo 18 de la ley N° 19.886, en los procesos de licitación corresponde utilizar sistemas electrónicos o digitales establecidos por la Dirección de Compras y Contratación Pública, siendo excepcional la tramitación de documentos en soporte papel, la que sólo procede en las situaciones previstas en el artículo 62 del reglamento de la Ley de Compras Públicas.

Resumen

Repara de las bases administrativas en estudio, que señalen que sin perjuicio de las inhabilidades contenidas en los incisos 1° y 6° del artículo 4° de la ley N° 19.886, no podrán participar en la licitación "aquellas empresas o empresas relacionadas que tengan entre sus socios a una o más personas que presten servicios al Ministerio de Salud, Servicios de Salud, Secretarías Regionales Ministeriales o a sus organismos dependientes, como trabajadores dependientes o que posean una participación social igual o superior al 50%". Esto dado que las únicas inhabilidades para contratar con el Estado se encuentran contempladas precisamente en el artículo 4° de la citada ley N° 19.886, siendo improcedente la estipulación de otras que no tengan origen legal.

• Criterios de evaluación
• Consulta previa de los bienes y servicios en Convenio Marco

Resumen

Las estipulaciones de las bases de licitación deben considerar la ponderación de los aspectos económicos de las propuestas, en términos de lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 37 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la ley N° 19.886, toda vez que conforme a dicho precepto, la evaluación de las ofertas se efectuará a través de un análisis económico y técnico de los beneficios y costos presentes y futuros del bien y servicio ofrecido. Por tanto, la autoridad administrativa, en la selección, no puede limitarse únicamente a la calidad técnica de la oferta y la experiencia del proponente, sino que debe examinar, además, los aspectos económicos de las propuestas, a objeto de alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los beneficios del servicio por adquirir, no siendo procedente, por tanto, que se considere la evaluación económica sólo como criterio de desempate, en caso de igualdad de puntajes en la valoración de los aspectos técnicos.

Se debe dejar constancia en los considerandos del acto que aprueba las bases administrativas que regirán la licitación pública respectiva, la circunstancia de no haberse encontrado disponible el bien o servicio requerido en el catálogo de bienes y servicios ofrecidos en el Sistema de Información Chilecompra, en la modalidad de Convenios Marcos vigentes.

Resumen

Decretos N°s 100, de 1993, y 201, de 1998, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción que establecen normas para asignar los proyectos de investigación pesquera y aprueban las bases administrativas de los concursos públicos de proyectos financiados por el Fondo de Investigación Pesquera, respectivamente, deben ser adecuados a la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicio y sus modificaciones, introducidas por las leyes N°s. 20.088 y 20.238.

• Decreto con Fuerza de Ley N° 36, de 1980, del Ministerio de Salud
• Aplicación de la Ley 19.886

Resumen

El decreto con fuerza de ley N° 36, de 1980, del Ministerio de Salud, que establece normas sobre los convenios que celebren los Servicios de Salud con otras personas naturales o jurídicas, relativos a la ejecución de las acciones de salud que el ordenamiento encomienda a dichos organismos públicos, regula, la celebración de un acuerdo de voluntades que, atendida su naturaleza, forman parte de la clase de los contratos administrativos onerosos que tienen por objeto la prestación de un servicio en favor de la Administración del Estado, y por tanto, dichos acuerdos se encuentran sujetos a las disposiciones de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

Los Centros Comunitarios de Salud Mental Familiar -COSAM-, constituyen servicios que han sido traspasados a las municipalidades, y se encuentran, por ende, sujetos a la dependencia directa de las entidades edilicias respectivas. Por lo tanto, el Servicio de Salud se encuentra facultado para encomendar, de conformidad con las disposiciones de decreto con fuerza de ley N° 36, de 1980, del Ministerio de Salud, a los Centros Comunitarios de Salud Mental Familiar dependientes de los municipios de su jurisdicción, la ejecución de las acciones que el ordenamiento jurídico le encomienda, procediendo al efecto por la vía de la contratación directa.

Tema de la Consulta: 

• Principio de la libre concurrencia
• Experiencia de los oferentes
• Evaluación Inhabilidades para contratar con la Administración
• Contenido resolución aprobatoria de bases

Resumen

La experiencia exigida a los integrantes del equipo de trabajo de los proponentes en las respectivas bases administrativas, atenta contra el principio de la libre concurrencia de los oferentes consagrado en los artículos 4° y 6° de la ley N° 19.886, sin perjuicio de que pueda ser considerada como un criterio de evaluación, en los términos previstos por el artículo 38 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

La cita a los incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 4° de la ley N° 20.088 contenida en los formatos de declaración jurada, de las bases de licitación, relativos a las prohibiciones de contratar con la Administración, debió efectuarse a los incisos sexto y séptimo del artículo 4° de la ley N° 19.886.

Por razones de certeza jurídica, los documentos de la licitación deben transcribirse en la resolución aprobatoria, resultando insuficiente la sola mención de que forman parte integrante de la misma.

Tema de la Consulta: 

• Declaración jurada relativa a inhabilidades para contratar con la Administración
• Inhabilidades del artículo 92 del Reglamento
• Cambio del equipo de trabajo
• Comisión Evaluadora

Resumen

Donde se regula el cambio en el equipo de trabajo, se debe establecer que los miembros del equipo que se proponga deberán ser de igual o superior nivel profesional al requerido las bases técnicas.

Corresponde que la evaluación de las ofertas sea ponderada por una Comisión Evaluadora designada exclusivamente para tal efecto, no resultando procedente que dicha tarea sea encomendada a la Contraparte Técnica del contrato, por cuanto las funciones propias de esta última deben desarrollarse durante la ejecución del mismo.

Tema de la Consulta: 

• Inhabilidades para contratar
• Resolución aprobatoria de bases de licitación

Resumen

La cita a los incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 4° de la ley N° 20.088 contenida en las bases administrativas, relativo a las prohibiciones de contratar con la Administración, y en los formatos de declaración jurada elaborados al efecto, debió efectuarse al inciso sexto del artículo 4° de la ley N° 19.886.

Tema de la Consulta: 

• Inhabilidades para contratar
• Resolución aprobatoria de bases de licitación

Resumen

La cita a los incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 4° de la ley N° 20.088 contenida en las bases administrativas, relativo a las prohibiciones de contratar con la Administración, y en los formatos de declaración jurada elaborados al efecto, debió efectuarse al inciso sexto del artículo 4° de la ley N° 19.886. 

Tema de la Consulta: 

• Prórroga y garantía de fiel cumplimiento
• Principios de economía procedimental y celeridad
• Prestación de servicios previos a la total tramitación del acto aprobatorio del contrato

Resumen

En consideración a que el acto administrativo sometido a toma de razón se dictó el 26 de octubre de 2007 y sólo el 17 de marzo de 2008 ingresó a trámite ante la Contraloría, dicho organismo hace presente que esa Secretaría de Estado debe arbitrar las medidas pertinentes en orden a evitar una demora como la acontecida en la remisión de sus actos para el cumplimiento del control preventivo de legalidad, pues de ese modo se infringen los principios de economía procedimental y celeridad, consagrados en los artículos 8° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y 7° de la ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los órganos de la Administración del Estado, respectivamente.

En caso que la empresa adjudicataria haya prestado todo o parte de los servicios pactados en el convenio, el Ministerio deberá pagar las facturas correspondientes a los servicios que se hubieren ejecutado, lo cual no configura una validación de la referida contratación, sino que solamente evita, para dicha repartición pública, un enriquecimiento sin causa, sin perjuicio de la procedencia de hacer efectivas las responsabilidades que pudieren derivar de las irregularidades mencionadas.

Tema de la Consulta: 

• Inhabilidades para contratar con la Administración
• Convenio Marco

Resumen

Se reclama por la contratación por parte del MINVU de un servicio de selección de personal con una empresa externa, que mantiene un convenio marco con la Dirección de Compras y Contratación Pública, cuyo dueño es el padre de la anterior Jefa de Recursos Humanos del mencionado Ministerio.

Tema de la Consulta: 

• Principio de libre concurrencia
• Experiencia
• Plazo del contrato
• Inhabilidades para contratar con la Administración
• Resolución aprobatoria de bases

Resumen

La experiencia exigida a los integrantes del equipo de trabajo de los proponentes en de las bases técnicas, atenta contra el principio de la libre concurrencia de los oferentes consagrado en los artículos 4° y 6° de la ley N° 19.886, sin perjuicio de que pueda ser considerada como un criterio de evaluación, en los términos previstos por el artículo 38 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. Debe existir claridad en las bases acerca del modo en que se deberá computar el plazo para la ejecución de la consultoría. La cita a los incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 4° de la ley N° 20.088 contenida en los formatos de declaración jurada, relativos a las prohibiciones de contratar con la Administración, debe efectuarse al inciso sexto del artículo 4° de la ley N° 19.886. Por razones de certeza jurídica, los documentos de la licitación debieron transcribirse en la resolución aprobatoria de las bases, resultando insuficiente la sola mención de que forman parte integrante de la misma.

Tema de la Consulta: 

• Aplicación Ley 19.886
• Trato directo es un procedimiento excepcional
• Cláusula de renovación automática
• Entrada en vigencia de los actos administrativos

Resumen

Un convenio de prestación de servicios celebrado al amparo del decreto con fuerza de ley N° 36, de 1980, del Ministerio de Salud, en virtud del cual una fundación sustituye al Servicio de Salud en la ejecución de las prestaciones que se contratan, se encuentra sometido, además, a las normas de la ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios, y de su decreto reglamentario N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

El establecimiento de cláusulas de renovación automática debe ajustarse a lo dispuesto en el artículo 12 del reglamento de la ley 19.886.

Los actos administrativos sólo pueden entrar en vigencia una vez que la resolución que los aprueba se encuentre totalmente tramitada. Ello sin perjuicio que pueda consignarse en el mismo acuerdo de voluntades que por razones de buen servicio las prestaciones que derivan de él se iniciarán con anterioridad, no obstante que su pago estará condicionado a la total tramitación de la resolución que lo aprueba.

Tema de la Consulta: 

• Principio de la libre concurrencia.
• Fecha de la apertura de las ofertas
• Modificación de las bases
• Ponderación y puntajes de los criterios de evaluación
• Garantías: glosa, monto e irrevocabilidad
• Cláusula liberatoria de responsabilidad en temas laborales
• Inhabilidades para contratar con Administración del Estado
• Bien o servicio no disponible en Convenio Marco

Resumen

No procede señalar que en una licitación sólo podrán participar empresas dedicadas a un determinado rubro, porque conforme a los artículos 4 y 7, letra a), de la ley 19.886 toda persona, natural o jurídica, que no se encuentre inhabilitada por la ley, puede presentar ofertas en los procesos licitatorios regidos por dicha ley. 

Las bases deben señalar la fecha de apertura de las ofertas.

La modificación de los documentos de la propuesta debe aprobarse previamente por resolución totalmente tramitada y así se debe señalar en las bases.

Los criterios de evaluación, los puntajes y ponderaciones deberán ser explicitados en las bases, por lo que no procede omitir asignar la correspondiente ponderación a la oferta económica.

Debe establecerse en las bases la glosa con que deben emitirse las garantías de seriedad de la oferta y de fiel cumplimiento del contrato y en el caso de esta última, la indicación de que debe tener el carácter de irrevocable.

Para determinar si la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del mismo se encuentra dentro de los márgenes contemplados en el art/68 del reglamento, esto es, entre un 5 y 30 por ciento del precio del contrato, salvo lo dispuesto en el artículo 42 y 69 del referido decreto, se debe acompañar una certificación, emanada del servicio, donde conste el gasto estimado del convenio que se licita.

No procede establecer que el adjudicatario liberará de toda responsabilidad al mandante en caso de acciones entabladas por terceros en razón de subcontratos de prestación de servicios y aplicación de las leyes laborales derivadas de la ejecución del contrato ya que ello vulnera los artículos 183B, 183C, 183D y 183E del Código del Trabajo.

Según la ley 20.238, que modificó la ley 19886, las inhabilidades para contratar con el Estado se encuentran actualmente contempladas en los incisos primero y sexto del art/4 de la ley 19886.

Debe señalarse la circunstancia de no estar disponible el bien o servicio requerido en el catálogo de convenios marco ofrecidos en el Sistema de Información ChileCompra.

Tema de la Consulta: Adjudicación licitación y aprobación del contrato en un mismo acto administrativo

Resumen

En el evento de que se acepte la oferta respectiva mediante el mismo acto administrativo que apruebe la contratación definitiva, de acuerdo con lo establecido en las bases, se deberá especificar en dicho documento los criterios de evaluación que, previamente definidos en las bases, hayan permitido al adjudicatario obtener la calificación de oferta más conveniente.

• Adjudicación y aprobación del contrato en un mismo acto administrativo
• Inhabilidades para contratar

Resumen

Las inhabilidades para contratar con el Estado se encuentran actualmente contempladas en los incisos primero y sexto del artículo 4°.

Tema de la Consulta: 

• No presentación de antecedentes solicitados en las bases Supletoriedad de la Ley 19.880
• Competencia
• Contraloría y Tribunal de Contratación Pública

Resumen

Dado que en este caso existe un procedimiento legal especial, al que deben sujetarse los órganos de la Administración del Estado, en el cual se regula el aspecto específico que se trata no resultan aplicables en este caso el artículo 17 de la Ley 19.880, según el cual uno de los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración, es eximirse de presentar documentos que ya se encuentren en poder de ésta y, artículo 13 de la misma ley -que consagra el principio de la no formalización-, de conformidad con el cual el vicio de forma sólo afecta la validez del acto administrativo cuando recae en algún requisito esencial del mismo, pudiendo la Administración subsanar los vicios de que adolezcan los actos que emita, siempre que con ello no se afectaren los intereses de terceros.

La supletoriedad de la Ley 19.880, significa que su uso procede en la medida en que la materia en la cual incide la norma de este cuerpo legal que pretende aplicarse, no haya sido prevista en el respectivo ordenamiento administrativo especial y, en tanto sea conciliable con la naturaleza del respectivo procedimiento específico, sin que pueda afectar o entorpecer el normal desarrollo de las etapas y mecanismos que dicho procedimiento contempla para el cumplimiento de la finalidad particular que la ley le asigna.

No resulta procedente que la Contraloría emita pronunciamientos que resuelvan impugnaciones sobre tópicos reservados al ejercicio de las atribuciones del Tribunal de Contratación Pública, sin embargo, ello no obsta, al ejercicio de las restantes potestades que le corresponden de acuerdo con la Constitución Política y la ley N° 10.336, como ocurre, por ejemplo, con las relativas al examen preventivo de juridicidad de aquellos actos administrativos que emita la Administración durante los procedimientos concursales de que se trata, y que se encuentren sometidos al respectivo trámite de toma de razón, como ocurre en la especie.

Tema de la Consulta: Convenio entre organismos públicos

Resumen

Convenio suscrito entre el Instituto de Desarrollo Agropecuario y el Servicio Agrícola y Ganadero, que implica además de colaboración, una transferencia de recursos entre ambas partes, no está sujeto a la ley N° 19.886, ni su reglamento, toda vez que no reúne los caracteres de esa clase de contratos y, en cambio, se trata de un convenio en que los organismos indicados asumen en conjunto acciones para realizar programas, imputados al subtítulo 24 "Transferencias Corrientes" del Presupuesto del Instituto de Desarrollo Agropecuario.

Tema de la Consulta: 

• Plazos y etapas de la licitación.
• Principio de libre concurrencia.
• Inscripción en Chileproveedores.
• Garantía por anticipo
• Subcontratación

Resumen

La libre concurrencia de los oferentes dispuesta en los artículos 4° y 6° de la ley N° 19.886, no obsta a la participación de personas naturales.

La experiencia de los oferentes puede ser considerado como un factor de evaluación de las propuestas pero no limitar la libre concurrencia de los oferentes.

Exigir que los proponentes deban estar inscritos en el registro de contratistas y proveedores al formular su oferta vulnera lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 16 de la aludida ley N° 19.886 y 66 de su reglamento, los que facultan a los organismos públicos contratantes para requerir a los proveedores su inscripción en el registro de contratistas y proveedores a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública, una vez adjudicado el certamen, a fin de suscribir el pertinente contrato.

Debe indicarse glosa de la garantía por anticipo.

En relación con la posibilidad de subcontratar, se debe indicar que la persona del subcontratista, o sus socios o administradores no pueden estar afectos a las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el artículo 92 del reglamento de la Ley 19.886.

Tema de la Consulta: 

• Aplicación de la Ley 19.886.
• Excepcionalidad del trato directo.
• Renovación automática.

Resumen

La ley N° 19.886 establece la modalidad de contratación del trato directo como una excepción a la regla general de la licitación pública y sólo en la medida que concurra alguna de las circunstancias previstas por su artículo 8°.

El artículo 12 del citado decreto N° 250, de 2004, prohíbe la renovación automática, a menos que se fundamente expresamente en la forma que allí se indica.

Tema de la Consulta: Dictámenes o pronunciamientos de la CGR solicitados por un particular.

Resumen

Se solicitó a la Contraloría un pronunciamiento relativo a la aplicación del artículo 14 de la ley N° 19.886, que declara intransferibles los derechos y obligaciones que nacen con ocasión del desarrollo de una licitación, en relación con el caso de la futura reestructuración de una sociedad de responsabilidad limitada, que es adjudicataria de un contrato de prestación de servicios regulado por el citado cuerpo normativo.

Tema de la Consulta: 

• Principio de impuganibilidad de los actos administrativos
• Publicación en el Sistema de Información

Resumen

Contraviene el Principio de Impugnabilidad de los actos de la Administración, consagrado en los artículos 10 de la ley N° 18.575 y 15 de la ley N° 19.880, lo establecido en las siguientes cláusulas de bases de licitación pública; "la ...se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier oferta, o desistirse de la licitación ... sin que la aplicación de esta medida de motivo o reclamación en contra del Ministerio o de cualquiera de los participantes en la evaluación..." y "Toda discrepancia entre distintos documentos del Contrato así como toda diferencia de interpretación de su contenido, será resuelta sin ulterior recurso por la Directora Nacional de Aeropuertos...".

Tema de la Consulta: Competencia Tribunal de Contratación Pública y de la Contraloría General de la República

Resumen

La Contraloría se abstiene de emitir el pronunciamiento requerido por un particular, toda vez que la materia reclamada se vincula con la legalidad de un proceso de contratación regido por la ley N° 19.886 que, acorde con el artículo 24 de dicho cuerpo legal, es de competencia del Tribunal de Contratación Pública.

Tema de la Consulta: 

• Quórum Concejo Municipal
• Causales de trato directo: único proveedor, magnitud e importancia de la contratación, y prórroga y servicios conexos

Resumen

El quórum señalado en el citado artículo 65, letra i), establece como universo de votantes a la totalidad de los integrantes del concejo que se encuentran habilitados para ejercer el cargo. Además, se debe considerar en el quórum al Alcalde, quien a pesar de no tener la calidad de concejal, tiene derecho a voto. Las fracciones que resulten de la operación aritmética para calcular los dos tercios del concejo, no se toman en cuenta a menos que sean superiores a media unidad, en cuyo caso deben considerarse como un entero. Por ejemplo, en el caso consultado el quórum de dos tercios se cumple con la concurrencia de 5 votos, por cuanto la operación aritmética correspondiente da como resultado 4,66.

Las causales invocadas para utilizar el trato directo deben ser debidamente fundamentadas.

La sola circunstancia que un proveedor determinado pueda prestar el servicio con determinadas garantías no significa que otras empresas no puedan también ofrecer esa garantía, por lo que no es suficiente para considerar que concurren los elementos que configurarían la hipótesis de no existir otros proveedores.

La existencia de un vínculo contractual anterior entre el municipio y la empresa aludida no es razón suficiente para fundamentar la contratación de que se trata en la causal del artículo 10, N° 7, letra a), del decreto reglamentario N° 250, de 2004, cuando no se aprecia que el proyecto contratado sea una prórroga de un contrato anterior o la contratación de servicios conexos.

Tema de la Consulta: 

• Modificación de las bases
• Consultas y Aclaraciones
• Pago

Se objeta también condicionar el pago a la empresa adjudicada a la presentación del denominado "correspondiente documento tributario", sin que se señale a qué documento se refiere tal expresión.

Tema de la Consulta: 

• Resolución aprobatoria de bases de licitación
• Disponibilidad del bien o servicio en convenio marco

Resumen

Cursa con alcance resolución que aprueba las bases administrativas y técnicas de una licitación pública, en el entendido que el servicio que se licita no se encuentra incluido en el catálogo de convenios marco de la Dirección de Compras y Contratación Pública, lo que se ha omitido consignar en su texto.

Tema de la Consulta: 

• Resolución aprobatoria de bases de licitación
• Disponibilidad del bien o servicio en convenio marco
• Vigencia del contrato

Resumen

Cursa con alcances resolución que aprueba las bases administrativas y técnicas de una licitación pública, en el entendido que el servicio que se licita no se encuentra incluido en el catálogo de convenios marco de la Dirección de Compras y Contratación Pública, lo que se ha omitido consignar en su texto y que el contrato que se celebre como resultado del respectivo proceso licitatorio, comenzará a regir a contar de la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe.

Tema de la Consulta: Publicación el Sistema de Información

Resumen

Se debe publicar en el Sistema de Información, establecido en la ley N° 19.886, los actos y documentación exigidos en el artículo 57 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Tema de la Consulta: 

• Principio de libre concurrencia
• Documentos en soporte papel
• Resolución aprobatoria de bases de licitación

Resumen

No se advierte fundamento legal que sustente que sólo puedan participar en la propuesta pública quienes no tengan obligaciones pendientes con el Ministerio por las deficiencias mencionadas en las bases de licitación. 

La resolución aprobatoria de bases de licitación debe incorporar el contenido completo de los antecedentes que se aprueban, no siendo suficiente para estos efectos la sola mención de que se adjuntan a ésta.

Tema de la Consulta: 

• Exigencia de determinación de las prestaciones contenidas en el contrato.
• Servicios personales por personas jurídicas

Resumen

Se abstiene de dar curso a la resolución que aprueba un convenio celebrado entre Servicios de Salud y la Universidad de Chile, que se para que ésta última imparta programas de especialización a los médicos cirujanos, por cuanto, entre otras razones, las prestaciones acordadas se encuentran indeterminadas, toda vez que en la convención no se especifica el contenido mínimo de los programas de especialización que se contratan; no se pacta la entrega de informes de avance, el contenido ni la periodicidad de los mismos; ni se fijan las condiciones, plazos o modos en que se compromete el pago respectivo.

Tema de la Consulta: 

• Garantía de fiel cumplimiento
• Resolución de adjudicación

Resumen
La garantía de fiel cumplimiento del contrato debe ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable.

Tema de la Consulta: Contratos asociados a créditos o aportes un organismo internacional

Resumen

El contrato al regirse por un procedimiento específico de un organismo internacional, asociado al financiamiento respectivo, queda excluido de la aplicación de la normativa contenida en la ley N° 19.886, conforme a su artículo 3°, letra c).

Tema de la Consulta: Aclaraciones durante la evaluación

Resumen

No se ajusta a derecho la norma de las bases de licitación que permite a la Comisión Evaluadora no considerar la oferta de aquel proponente que no conteste, dentro de plazo que le fije al efecto, las consultas o aclaraciones que le formule, pues si bien el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, admite contactos entre los oferentes y la Entidad Licitante durante la evaluación, no permite a ésta dejar de considerar la oferta respectiva, en una hipótesis como la señalada.

Tema de la Consulta: Presentación de documentos en papel

Tema de la Consulta: 

• Normas aplicables a licitación pública y contrato
• Principio de libre concurrencia
• Presentación de documentos en papel
• Presentación de la oferta durante la evaluación
• Servicio no se encuentra en Convenio Marco

Tema de la Consulta: 

• Toma razón
• Dejar sin efecto licitación pública
• Responsabilidad administrativa

Resumen

Se abstiene de dar curso a la resolución de adjudicación, toda vez que dicho acto, atendida su naturaleza, no se encuentra afecto al trámite de toma de razón, de conformidad con lo dispuesto en la resolución N° 520, de 1996, de la Contraloría, que fija normas sobre la materia.

Hacer presente que mientras no se subsanen las observaciones formuladas mediante dictamen que devolvió sin tramitar la resolución que aprobaba las bases, no es posible convocar válidamente a la licitación de que se trata y, en consecuencia, proceder a la suscripción del respectivo contrato, acto administrativo, este último, que sí se encuentra afecto al control preventivo de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 3° de la resolución N° 520, de 1996, de la Contraloría General de la República.

Corresponde que el Servicio deje sin efecto el aludido procedimiento concursal y convoque a una nueva licitación, debiendo aprobarse, al efecto, las bases administrativas pertinentes, sin perjuicio de hacerse efectivas las eventuales responsabilidades que pudieren afectar a los funcionarios que convocaron a dicho procedimiento licitatorio.

Organismo que realiza la consulta: Ministro de Obras Públicas

Tema de la Consulta: Causal de trato directo: magnitud e importancia de la contratación

Resumen

La letra f) del N° 7 del artículo 10, del decreto N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, autoriza el trato directo cuando por la magnitud e importancia que implica la contratación se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado "en razón de la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de los bienes o servicios requeridos" y "siempre que se estime fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y confianza". Ambas circunstancias han de concurrir simultáneamente y deben ser debidamente acreditadas por el servicio. No basta, para esto, la simple mención de las normas legales o reglamentarias involucradas, ni la positiva impresión que se haya formado el servicio contratante respecto de la empresa favorecida, como tampoco la circunstancia de haber suscrito esa empresa contratos similares con anterioridad.

Organismo que realiza la consulta: Fondo Nacional de Salud

Tema de la Consulta: Contenido de las bases de licitación

Resumen

Se abstiene de dar curso a resolución que aprueba un convenio celebrado y adjudicado en el marco de una licitación pública, por cuanto las bases administrativas y técnicas aprobadas por resolución exenta, no se ajustaron a derecho y, por tanto, no pudieron dar origen a un procedimiento licitatorio válido, y del mismo modo, el contrato a suscribir, al fundarse en dichas bases, no se ajusta a la normativa aplicable sobre la materia. 

En consecuencia, procede dejar sin efecto el procedimiento concursal de que se trata y convocar a una nueva licitación, debiendo aprobarse, al efecto, las bases administrativas pertinentes que se ajusten a derecho, sin perjuicio de hacerse efectivas las eventuales responsabilidades que pudieren afectar a los funcionarios que intervinieron en la aludida licitación.

Las razones por las cuales las bases no se ajustaron a derecho son:

1. Las bases fueron aprobadas mediante la resolución exenta, pese a que atendida la cuantía de la contratación, dicho acto administrativo debió someterse al trámite de toma de razón
2. No establecen el plazo de entrega del servicio adjudicado ni se establecen parámetros que permitan determinarlo, circunstancia que no se aviene a lo previsto en el artículo 22, número 5 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la ley N° 19.886.
3. No establecen glosa de las garantías de Seriedad de la Oferta y de Fiel Cumplimiento de Contrato.
4. No establecen en relación con la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato que ésta sea pagadera a la vista y tenga el carácter de irrevocable.
5. Restringen sólo a personas jurídicas la participación de oferentes y exigen para participar una experiencia determinada, lo que no es acorde con lo prescrito en los artículos 4° y 7°, letra a), de la ley N° 19.886. La experiencia puede ser considerada como un criterio de evaluación de las propuestas.
6. Exigen la inscripción en el Registro de Proveedores para participar en la licitación, lo que no procede por cuanto el artículo 16, inciso cuarto, de la ley N° 19.886, sólo permite requerir esa inscripción para la suscripción del contrato definitivo.

Los procedimientos licitatorios deben llevarse a efecto por la vía electrónica a través del Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, siendo excepcional y procedente la tramitación de los mismos mediante documentos contenidos en soporte papel, únicamente, debido a la concurrencia de alguna de las causales del artículo 62 del decreto N° 250, de 2004.

Organismo que realiza la consulta: Ministerio de Relaciones Exteriores

Tema de la Consulta: 

• Justificación del trato directo
• Vigencia de los contratos
• Responsabilidad administrativa

Resumen

El trato directo requiere fundamentar expresamente en el cuerpo del acto administrativo que lo aprueba dicha forma excepcional de contratación, en términos tales que permitan justificar la omisión de una propuesta pública previa, acorde con lo indicado en el inciso primero del artículo 9° de la ley N° 18.575. No basta para los fines indicados, la sola referencia a las disposiciones legales y reglamentarias que contienen la causal que fundamenta la contratación directa. 

Los actos administrativos rigen a contar de su total tramitación. Sin embargo, se puede establecer, en el mismo acto, que por razones de buen servicio las prestaciones que derivan del contrato se iniciarán con anterioridad, no obstante que su pago sólo puede efectuarse una vez concluida su tramitación.

No corresponde establecer en un contrato que éste "se extenderá hasta el inicio del nuevo contrato de suministro, originado en el proceso de licitación pública que llamará el Ministerio, con el objeto de proveerse de iguales servicios", por cuanto se le está otorgando al presente contrato una duración de carácter indefinido, lo que no se condice con lo previsto en el artículo 64 del reglamento de la Ley de Compras Públicas, según el cual el plazo de duración del contrato debe consignarse en el mismo contrato.

Dado que el término efectivo de los anteriores contratos era un hecho conocido por el organismo público, es procedente establecer las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de la omisión del proceso licitatorio con la antelación necesaria.

Organismo que realiza la consulta: Hospital El Salvador

Tema de la Consulta: 

• Preeminencia de las bases sobre el contrato
• Cláusula de renovación del contrato
• Garantía de fiel cumplimiento
• Constancia de que bien o servicio no se encuentra en Convenio Marco

Resumen

Uno de los principios fundamentales de toda propuesta es el de estricta sujeción a las bases -consagrado en el artículo 10 de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios-, de modo que, en caso de producirse alguna discrepancia entre lo estipulado en el contrato y las bases de la licitación, debe estarse a lo que se establezca en estas últimas, ya que tienen preeminencia sobre aquél, por cuanto en ellas se especifica cuál es el objeto de la contratación y las condiciones del proceso de selección del contratante, además de establecerse las cláusulas y estipulaciones contractuales, razón por la cual su incumplimiento implica, asimismo, una vulneración del principio de igualdad de los licitantes. 

Garantía por el Fiel y Oportuno Cumplimiento debe tener el carácter de irrevocable, de acuerdo con el artículo 68 del citado decreto N° 250, de 2004.Tanto las bases de licitación como el contrato que se genere, deben comenzar a regir a contar de su total tramitación. Las enmiendas a los bases deben sancionarse a través del respectivo acto administrativo totalmente tramitado.

Se debe dejar constancia en los considerandos del acto que aprueba las bases que regirán la licitación pública respectiva, la circunstancia de no haber encontrado disponible el bien o servicio requerido en el catálogo de bienes y servicios ofrecidos en el Sistema de Información ChileCompra, en la modalidad de Convenios Marcos vigentes, acorde a lo dispuesto en el artículo 14 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Organismo que realiza la consulta: Servicio de Salud Metropolitano Norte

Tema de la Consulta: 

• Experiencia
• Etapas y plazos de la licitación
• Cláusula de renovación automática

Resumen

Las bases de licitación deben establecer las etapas y plazos de la licitación, los plazos y modalidades de aclaración de las bases, de la entrega y de la apertura de las ofertas.

El artículo 12 del reglamento de la Ley N° 19.886 prohíbe suscribir contratos de suministro y servicios que contengan cláusulas de renovación automática u opciones de renovación, cuyos montos excedan las 1.000 UTM, a menos que existan motivos fundados para establecer dichas cláusulas y así se hubiese señalado en las Bases.

Organismo que realiza la consulta: Director General de Obras Públicas

Tema de la Consulta: 

• Inhabilidades para contratar
• Resolución aprobatoria de bases de licitación

Resumen

No se ajustan a las prohibiciones para contratar contenidas en el artículo 4° de la Ley N° 19.886, las siguientes exigencias establecidas en las bases administrativas: a) que podrán participar en la propuesta los oferentes que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica en la forma que indica, y siempre que no tengan conflictos de intereses con el Ministerio de Obras Públicas, entendiéndose que éste existe "en aquellos casos que entre sus socios, tengan a uno o más funcionarios pertenecientes a las entidades regidas por el Decreto Ley N° 249, de 1974, cuya representación, en conjunto, sea superior al 50% del capital social, ni tengan, entre sus trabajadores, a personas que sean a la vez funcionarios de las entidades antes indicadas"; b) que tampoco podrán participar los oferentes que registren incumplimientos derivados de obligaciones contractuales pendientes con el Ministerio de Obras Públicas; y c) que se impide participar en el proceso licitatorio a los oferentes que no cuenten con experiencia demostrable en proyectos de similar magnitud y cobertura, tanto en el sector público como privado, por tanto no podrían considerarse como exigencias válidas y legales. 

La parte resolutiva de la resolución aprobatoria de bases debe incorporar el contenido completo de las bases que se aprueban, no siendo suficiente para estos efectos la sola mención de que se adjuntan a ésta.

Organismo que realiza la consulta: Alcalde Municipalidad de Renca

Tema de la Consulta: Renovación automática.

Resumen

La renovación automática de un contrato es una materia por completo distinta a la prórroga de éste. La prórroga se encuentra regulada en el artículo 10 N° 7 letra a) del Reglamento de la Ley N° 19.886. 

Los motivos fundados que deben explicitarse en las bases deben consistir en razones específicas y acotadas que justifiquen establecer una cláusula de renovación y no causales de carácter genérico. Los motivos son las razones por las cuales se actúa de determinada manera, las que deben estar respaldadas por circunstancias reales -que puedan ser determinadas, conocidas y comprobadas-. Que los motivos sean fundados se traduce en el imperativo de que en las bases se expresen los antecedentes que los configuran.

Los motivos de que aquí se trata han de existir al momento de elaborar las bases, de suscribir los contratos que contengan las cláusulas de renovación automática o de opciones de renovación, y además al tiempo de hacerse efectiva la potestad de renovar la convención correspondiente.

El monto de 1.000 UTM que señala el artículo 12 en examen, se encuentra establecido en relación al contrato que se pretende renovar y no a la renovación aisladamente considerada.

Organismo que realiza la consulta: Intendente de la Región de Valparaíso

Tema de la Consulta: Compra de bienes usados

Resumen: Solicita un pronunciamiento sobre la procedencia de que el Gobierno Regional pueda financiar la adquisición de bienes muebles usados con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, lo que podría significar un ahorro para el presupuesto regional, sin afectar los objetivos previstos en los proyectos de inversión respectivos.

Contraloría señala que las disposiciones legales no contemplen la posibilidad de adquirir bienes muebles usados, y que ello contraviene el principio de libre concurrencia de los oferentes.

Organismo que realiza la consulta: Servicio de Salud Metropolitano Norte

Tema de la Consulta: Competencia de la Contraloría General

Resumen: Hace presente que no es efectivo que la Contraloría General haya limitado su competencia respecto del control de legalidad, si se considera que había tomado conocimiento y ponderado las alegaciones formuladas por los requirentes al momento de efectuar el examen preventivo de juridicidad de la resolución cuestionada que aprobó el contrato de la especie.

Organismo que realiza la consulta: Subsecretaría de Transportes

Tema de la Consulta: Trato directo por emergencia, urgencia e imprevisto

Resumen: Contraloría toma razón de resolución que autoriza la contratación directa y se aprueba el contrato suscrito, pero hace presente que atendido los argumentos esgrimidos en los considerandos del acto en estudio, entiende que el fundamento del trato directo que se dispone corresponde a la “emergencia, urgencia o imprevisto, y no a las causales aludidas en las letras g) del citado artículo 8°, y d) del N° 7 del referido artículo 10, que se mencionan en la resolución señalada.

Señala que el organismo público deberá arbitrar las medidas necesarias a fin de cautelar que contrataciones como la que se autoriza en la especie, se dispongan en forma oportuna y, de este modo, que las mismas se sujeten al procedimiento de licitación pública.

Organismo que realiza la consulta: Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río

Tema de la Consulta: Trato directo por proveedor único, Vigencia del contrato.

Resumen: Se abstiene de tomar razón de resolución que aprueba un trato directo basada en la causal de proveedor único. Sostiene la Contraloría que el acto administrativo se limita a consignar que existe sólo un proveedor en condiciones de ofrecer el servicio requerido, sin fundamentar esta circunstancia ni acompañar antecedente alguno en tal sentido, de modo que dicha declaración no resulta suficiente para estimar y acreditar que la empresa con la que se pretende contratar tenga el carácter de proveedor único de esos servicios.

Organismo que realiza la consulta: Fondo para Hospitales de Carabineros

Tema de la Consulta: Indemnización

Resumen: En las bases debe precisarse que la indemnización que allí se pacta es sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de demandar las demás que correspondan.

Organismo que realiza la consulta: Policía de Investigaciones de Chile

Tema de la Consulta: Trato directo por reposición o complementación de equipamiento o servicios accesorios

Resumen: Se abstiene de tomar razón de resolución que aprueba trato directo, fundada la causal consistente en la reposición o complementación de equipamiento o servicios accesorios que deben ser necesariamente compatibles con modelos, sistemas o infraestructura previamente adquirida por la respectiva Entidad, por las siguientes razones:

• Los antecedentes acompañados no acreditan de manera suficiente la concurrencia de los elementos que configuran la causal que se invoca. No basta la sola referencia a las disposiciones legales y reglamentarias que contienen la causal que fundamenta la contratación directa, ni la simple mención a que los servicios contratados son parte integrante de un proyecto general, como se ha expresado en la especie. Por el carácter excepcional del trato directo se requiere una acreditación efectiva y documentada de las razones que motivarían su procedencia, particularmente, las que permiten estimar de manera razonada que el contrato de la especie es complementario o accesorio a las contrataciones ya ejecutadas del aludido proyecto, decisión que además debe ser adecuadamente fundamentada en el acto administrativo en estudio.
• Reparar el calendario estipulado en el contrato, por cuanto indica que la primera cuota se pagará el 2 de octubre de 2009, sin señalar expresamente que dichos pagos están sujetos a la condición de que efectivamente la resolución en examen sea totalmente tramitada.
• En atención a que el contrato que se aprueba es de fecha 23 de septiembre de 2009, y que considera pagos para el año 2010, objeta que no se indique expresamente en el texto de dicho instrumento y en la imputación presupuestaria de la resolución, que los desembolsos correspondientes a ese año se materializarán siempre que se consulten recursos para ese fin y se cumplan las condiciones establecidas para su desembolso.
• No se acompaña copia de la garantía de fiel cumplimiento.
• No se acompañan los antecedentes que dan cuenta de la personería que firma en representación de la entidad contratada.

Organismo que realiza la consulta: Servicio de Salud Metropolitano Oriente

Tema de la Consulta: Garantía fiel cumplimiento, Inhabilidades para ofertar y contratar.

Resumen: Hace presente que la garantía de fiel cumplimiento debe tener una vigencia no menor a 60 días hábiles posteriores al término del contrato de servicios.

Observa que se ha omitido acreditar que la fundación con quien se contrata no ha sido condenada por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 4° de la mencionada ley N° 19.886.

Organismo que realiza la consulta: Instituto de Previsión Social

Tema de la Consulta: Adjudicación, Trato directo emergencia, urgencia e imprevisto.

Resumen: Organismo público suscribe un acuerdo con adjudicatario mediante el cual éste último renuncia a la adjudicación que se le efectuara y a los derechos patrimoniales emergentes, considerando el propósito de interés público del organismo público de reformular el servicio licitado. Dicho acuerdo fue aprobado mediante resolución que declara que han cesado los efectos de la resolución que adjudicó la licitación, se declara desierta la misma, se dispone restituir la boleta de garantía de cumplimiento del contrato y se establece la constitución de una comisión multidisciplinaria para la elaboración de las nuevas bases de licitación pública para la contratación del servicio. Esta resolución no fue tomada razón por Contraloría por no tratarse de una materia afecta de acuerdo con lo dispuesto en la resolución 1.600 de 2008.

Contraloría aprueba un trato directo por emergencia, urgencia e imprevisto con otro proveedor para la prestación del servicio en cuestión por un tiempo limitado y aprueba también las bases de licitación pública para el servicio referido.

Organismo que realiza la consulta: Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud

Tema de la Consulta: Adjudicación

Resumen: Se abstiene de dar curso a resolución de adjudicación por cuanto la evaluación no se ajustó a los criterios establecidos en las bases de licitación.

Organismo que realiza la consulta: Servicio de Salud Metropolitano Occidente

Tema de la Consulta: Alcance de la Ley 19.88

Resumen: Los Servicios de Salud deben someterse a los procedimientosadministrativos establecidos en la ley N° 19.886 para celebrar, conpersonas jurídicas privadas, los contratos a que se refiere el decretocon fuerza de ley N° 36, de 1980, del Ministerio de Salud.

En este contexto, corresponde que dichos órganos seleccionen, através del mecanismo concursal de la licitación pública, a aquelinteresado que presente la propuesta más conveniente a los interesesdel servicio, en condiciones de igualdad de trato y pública difusióndel llamado a participar, de acuerdo a los principios de transparencia,libre concurrencia y competencia de los oferentes y de estrictasujeción a las bases establecidas para cada procedimiento.

No obstante, excepcionalmente, resulta procedente que losreferidos Servicios de Salud acudan al trato o contratación directa, enla medida que concurra alguna de las circunstancias previstas en losartículos 8° de la ley N° 19.886 y 10 del decreto N° 250, de 2004, delMinisterio de Hacienda, las que deben ser acreditadas por el respectivoorganismo.

Tema de la Consulta: 

• Contratos a honorarios de servicios profesionales abogados
• Contratos de servicios de estudios jurídicos

Resumen

Contrataciones de estudios de abogados, tanto por trato directo como a través de licitación pública, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19.886, así como contrataciones de servicios profesionales de abogados mediante contratos a honorarios, fueron tomadas razón por Contraloría por ajustarse a las regulaciones pertinentes.

Tema de la Consulta: 

• Oferta inadmisible
• Principio de igualdad de los oferentes
• Principio de estricta sujeción a las bases
• Enriquecimiento sin causa

Resumen

No se ajusta al principio de igualdad de los oferentes que respecto de una oferta se haya estimado que uno de los requisitos solicitados en las bases y cuya presentación dicha oferta omitió, se encontraba cumplido por contar la Entidad Licitante con ese antecedente, producto de contratos suscritos con dicho oferente en el pasado. Ello pone al oferente en una posición privilegiada respecto del resto de los proponentes, quienes acompañaron en la oportunidad prevista en las bases el legajo completo de la documentación requerida, a través del portal Chilecompra.

No obstante el proceso licitatorio no se ajustó a los principios de estricta sujeción a las bases y se vulneró el principio de igualdad de los proponentes, en el caso que la empresa adjudicataria haya comenzado a prestar los servicios pactados en el contrato, la Entidad Licitante deberá pagar las facturas correspondientes a los servicios que ya se hubieren ejecutado, lo cual no configura una validación del referido proceso, sino que solamente evita, para dicha repartición pública, un enriquecimiento sin causa, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar a los funcionarios que participaron en la aludida licitación.

Tema de la Consulta: 

• Alcance del artículo 4 de la Ley 19.886 que establece prohibiciones para contratar.

Resumen

El inciso 6 del artículo 4 de la Ley 19.886, al establecer la nulidad de los contratos y la contravención al principio de probidad, es aplicable a los casos establecidos en el inciso 4 del mismo artículo. Por tanto, los contratos celebrados con infracción a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 4° de la ley N° 19.886 serán nulos -de acuerdo a lo que dispongan los tribunales competentes- y los funcionarios que hayan participado en su celebración incurrirán en la contravención al principio de probidad administrativa descrito en el numeral 6 del artículo 62 de la ley N° 18.575, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que les corresponda.

Tema de la Consulta: 

• Contratación de las obras de arte para ser incorporadas en los edificios públicos.

Resumen

No resultan aplicables las normas de la ley N° 19.886, a la contratación de las obras de arte para ser incorporadas en los edificios públicos, materia regulada por los artículos 6 inciso 3 de la Ley 17.236 y 3 letra e) del D.S. 915/94 del Ministerio de Educación, ya que si bien se trata de la compra de un bien mueble que puede asimilarse a la definición de contrato de suministro contenida en el artículo 2° de la Ley 19.886 y no se encuentra dentro de los casos expresamente excluidos de la aplicación de dicha normativa, ella se enmarca dentro de una actividad especial de fomento estatal que excede el mero ámbito contractual.

Tema de la Consulta: 

• Comisión de Evaluación.
• Resolución aprobatoria de un contrato sujeto a la Ley 19.886.

Resumen

La Contraloría General de la República se abstiene de dar curso a una resolución aprobatoria de un contrato de prestación de servicios, por cuanto en el proceso de evaluación no participó uno de las personas que debía formar parte de la Comisión de Evaluación, conforme a lo dispuesto en las bases administrativas respectivas. 

En los vistos de la resolución aprobatoria de un contrato suscrito en base a los procedimientos establecidos en la Ley 19.886, debe citarse dicha ley.

Tema de la Consulta: 

• Fundamentación del trato directo.
• Causal de trato directo relativa a la importancia y magnitud de la contratación.

Resumen

Respecto de la causal de trato directo establecida en el artículo 8°, letra g), de la ley N° 19.886, en relación con el número 7, letra f), del artículo 10° del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, debe acreditarse y documentarse particularmente, las razones que permiten estimar fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen la seguridad y confianza que se atribuye a la entidad con la que se contrata.

Tema de la Consulta: 

• Exigencia del criterio evaluación económico
• Garantías de Seriedad de la Oferta y de Fiel Cumplimiento.
• Principio de igualdad de los proponentes

Resumen

Respecto de la Garantía de Seriedad de la Oferta, las bases deben establecer la glosa que la garantía debe contener y si la misma tendrá o no el carácter de irrevocable.

La Garantía por el Fiel y Oportuno Cumplimiento debe tener el carácter de irrevocable y pagadera a la vista.

Si las bases de licitación establecen como aspecto a considerar en la evaluación técnica, la metodología y plan de trabajo, el oferente adjudicado lo será en consideración a dicha programación, entre otros factores, los que no pueden ser alterados con posterioridad sin afectar el principio de igualdad de los proponentes.

Tema de la Consulta: 

• Inhabilidades para contratar del artículo 4 de la Ley N° 19.886
• Probidad administrativa

Resumen

No concurre respecto del personal que se consulta la incompatibilidad prevista en el artículo 56 de la ley N° 18.575. Por tanto, los funcionarios dependientes del Servicio de Salud tienen derecho a ejercer libremente su profesión u oficio, en la medida que no concurran las limitaciones y restricciones del artículo 56, y que, en el ejercicio de ese derecho se de estricto cumplimiento del principio de probidad administrativa.

La libertad en el ejercicio profesional, industrial o comercial que garantiza el inciso primero del artículo 56, se encuentra limitada por el amplio principio de probidad administrativa, conforme al cual los funcionarios públicos tienen el deber de evitar que sus prerrogativas o esferas de influencias se proyecten en su actividad particular, aun cuando la posibilidad de que se produzca un conflicto sea solo potencial, lo que ocurre, según se ha precisado por la jurisprudencia de la Contraloría, cuando esa actividad incide o se relaciona con el campo de las labores propias de la institución a la cual pertenece el empleado de que se trate o con los asuntos que a éste, en particular, le toca conocer, informar o resolver.

Tema de la Consulta: 

• Ámbito de aplicación de la Ley N° 19.886

Resumen

Las universidades estatales revisten el carácter de servicios públicos integrantes de la Administración del Estado y por tanto, les son plenamente aplicables las disposiciones de la Ley N° 19.886.

Tema de la Consulta: 

• Fundamentación de trato directo
• Garantía de fiel cumplimiento

La causal de trato directo, contenida en el artículo 10, N° 7, letra f), del Reglamento de Compras Públicas, en relación con el artículo 8°, letra g), de la ley N° 19.886, establece que es posible acudir al trato directo cuando por "la magnitud e importancia que implica la contratación se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado", debiendo, en todo caso, acreditarse que dicho trato es necesario "en razón de la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de los bienes o servicios requeridos" y "siempre que se estime fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y confianza".

En este caso no se advierte la concurrencia de los elementos que configurarían la hipótesis de estimarse fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen la seguridad y confianza indicada, puesto que no se logran justificar las razones por las cuales el proveedor contratado estaría en una situación preferente respecto de otras entidades que pudieren otorgar las mismas prestaciones comprendidas en el contrato en análisis.

Reitera que no basta para justificar un trato directo, la sola referencia a las disposiciones legales y reglamentarias que contienen la causal que fundamenta dicha modalidad de contratación, como tampoco la sola alusión a razones de índole interno de funcionamiento del Servicio.

Observa garantía de fiel y oportuno cumplimiento que se acompaña, ya que ha sido extendida pagadera con 30 días de aviso, en circunstancias que ésta debe ser a la vista, de conformidad con el artículo 68 del Reglamento de Compras Públicas.

Tema de la Consulta: 

• Licitación de ejecución de obra pública
  Principios de eficiencia y economía procedimental
• Obligación de informar procesos excluidos

Resumen

Además, no se condice con los principios de economía procedimental y eficiencia que deben regir los actos de la Administración, la duplicidad de actuaciones exigida a los participantes en cuanto a la presentación de sus ofertas. Por tanto, en lo sucesivo, para las contrataciones como las de la especie, corresponde que ese Servicio sólo requiera la presentación de las ofertas en conformidad a las normas pertinentes del decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Lo anterior, sin perjuicio de la información que el Servicio debe publicar en el referido portal de acuerdo a lo prescrito en los artículos N°s 20 de la ley N° 19.886 y 57, letra f), del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Tema de la Consulta: 

• Indeterminación del objeto de la contratación
• Licitación de ejecución de obra pública
• Principios de eficiencia y economía procedimental
• Obligación de informar procesos excluidos

Resumen

No corresponde exigir en licitación de ejecución de obra pública, que los proponentes, además de presentar su oferta en soporte papel, deban ingresarla supletoriamente en el portal www.chilecompra.cl y adjuntar el comprobante de su ingreso. Esto, atendido que de acuerdo al artículo 3°, letra e), de la ley N° 19.886, quedan excluidos de su aplicación los contratos relacionados con la ejecución y concesión de obras públicas, con la salvedad indicada en el inciso final de dicha letra.

Además, no se condice con los principios de economía procedimental y eficiencia que deben regir los actos de la Administración, la duplicidad de actuaciones exigida a los participantes en cuanto a la presentación de sus ofertas. Por tanto, en lo sucesivo, para las contrataciones como las de la especie, corresponde que ese Servicio sólo requiera la presentación de las ofertas en conformidad a las normas pertinentes del decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Lo anterior, sin perjuicio de la información que el Servicio debe publicar en el referido portal de acuerdo a lo prescrito en los artículos N°s 20 de la ley N° 19.886 y 57, letra f), del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Tema de la Consulta: 

• Licitación de ejecución de obra pública
• Principios de eficiencia y economía procedimental
• Obligación de informar procesos excluidos

Resumen

Además, no se condice con los principios de economía procedimental y eficiencia que deben regir los actos de la Administración, la duplicidad de actuaciones exigida a los participantes en cuanto a la presentación de sus ofertas. Por tanto, en lo sucesivo, para las contrataciones como las de la especie, corresponde que ese Servicio sólo requiera la presentación de las ofertas en conformidad a las normas pertinentes del decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Lo anterior, sin perjuicio de la información que el Servicio debe publicar en el referido portal de acuerdo a lo prescrito en los artículos N°s 20 de la ley N° 19.886 y 57, letra f), del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Tema de la Consulta: 

• Inhabilidades para contratar
• Declaración jurada

Resumen

La jurisprudencia administrativa ha precisado que dada la jerarquía normativa de carácter legal de la disposición citada, y la generalidad con que fue concebida, esta Contraloría General no puede sino concluir que, en su virtud, han quedado sin efecto las disposiciones reglamentarias que establecían inhabilidades distintas de las prescritas en el indicado artículo 4°, actual inciso sexto, de la ley N° 19.886.

También ha concluido esa jurisprudencia que las declaraciones juradas exigidas en las bases administrativas deben orientarse a las inhabilidades del artículo 4°, inciso sexto de la ley N° 19.886.

Tema de la Consulta: 

• Ámbito de aplicación de la Ley N° 19.886
• Establecimientos educacionales

Resumen

La normativa de la ley N° 19.886 resulta aplicable a los contratos a título oneroso que celebren los directores de establecimientos educacionales administrados por municipalidades, para el suministro de bienes muebles y de los servicios que se requieren para el desarrollo de sus funciones, con ocasión de la administración delegada que les otorguen los alcaldes respectivos, en virtud de la regulación contenida en los artículos 21 a 26 de la ley N° 19.410.

Tema de la Consulta: 

• Ámbito de aplicación de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades
• Ámbito de aplicación de la Ley N° 19.886
• Emergencia

Resumen

Para determinar el órgano municipal al que compete calificar determinadas situaciones de emergencia para los fines de recurrir a la propuesta privada, debe distinguirse en cada situación. Ello, porque tratándose de contratos regulados por la ley 19886, la calificación de la urgencia la realiza el jefe superior del servicio, el que en el caso de las municipalidades es el alcalde, sin la intervención del Concejo Municipal. Cuando se trata de contrataciones afectas al art/8 de la ley 18695, compete al Concejo la calificación de esa circunstancia, por disponerlo así expresamente el inciso quinto de esa disposición.

El alcalde no requiere el acuerdo del Concejo para celebrar convenios o contratos relativos a fondos de terceros que, en general corresponden a recursos especialmente regulados en normas legales y reglamentarias que establecen los mecanismos y modalidades de empleo de los mismos, a menos que esa regulación especial exija la intervención decisoria del indicado órgano colegiado.

Tema de la Consulta: 

• Subcontratación
• Inhabilidades para contratar
• Uso de sistemas electrónicos
• Excepcionalidad del soporte papel
• Pago e imputación

Resumen

Reparar que en las bases de licitación no se haya establecido como inhabilidad de los oferentes para contratar, la circunstancia de no haber sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales de los trabajadores, dentro de los dos años anteriores a la presentación de las ofertas, de acuerdo con el artículo 4°, inciso 1°, de la Ley N° 19.886.

Objeta que las bases hayan exigido la presentación en soporte papel tanto de los antecedentes administrativos, como de las ofertas económicas, ya que ello no se ajusta al artículo 18 de la ley N° 19.886, en cuya virtud los procedimientos licitatorios deben llevarse a efecto por la vía electrónica a través del Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, salvo que concurran alguna de las causales excepcionales del artículo 62 del reglamento de la referida ley.

Objeta la cláusula del contrato, que expresa que "el contrato tendrá una duración de quince meses, contados desde esta fecha", por cuanto no se ajusta a las normas sobre vigencia de los actos administrativos, según las cuales éstos rigen con posterioridad a su total tramitación, y no antes, salvo que se justifique la necesidad de iniciar las prestaciones convenidas con anterioridad a la total tramitación, circunstancia que al ser excepcional, debe contemplarse expresamente en el contrato.

Las cuotas mensuales que el la Entidad Licitante deba pagar a la empresa adjudicada durante el año 2009, deberán materializarse en el entendido que exista la correspondiente disponibilidad presupuestaria, cuestión que debiera indicarse expresamente.En el mismo sentido, objeta la imputación que se hace del gasto que irroga el contrato, en cuanto omite expresar que los saldos de precio a pagar durante el año 2009, se imputarán al ítem que corresponda.

Tema de la Consulta: 

• Trato directo

Resumen

Dado que "urge la necesidad de remodelar el segundo piso de la Dirección General, no sólo para dar un mejor servicio a la comunidad, sino por razones de seguridad", esa autoridad puede ponderar la aplicación, en la situación de que se trata, de la causal prevista en la letra c), del artículo 8 de la Ley N° 19.886, que autoriza recurrir a la modalidad de trato directo, sin requerir un mínimo de tres cotizaciones, en casos de emergencia, urgencia o imprevisto, calificados mediante resolución fundada del jefe superior de la entidad contratante, en los términos que el mismo literal prevé.

Tema de la Consulta: 

• Multas
• Garantía de fiel cumplimiento

Resumen

Hace presente que de acuerdo al convenio en estudio, se faculta a la organismo público contratante a satisfacer el monto de las multas haciendo efectiva la garantía de fiel cumplimiento, por tanto de ocurrir dicha situación, el contratado deberá renovar oportunamente la referida garantía, a fin de caucionar el fiel cumplimiento del contrato por el plazo que reste para su ejecución.

Tema de la Consulta: 

• Renovación del contrato
• Declaración jurada
• Inhabilidades para contratar

Resumen

Deben complementarse las declaraciones juradas contempladas en las bases de licitación, en el sentido de precisar que se hallan impedidos de participar en el proceso licitatorio, los oferentes que se encuentren afectos a las inhabilidades para contratar establecidas en la parte final del inciso primero, y en el inciso sexto, ambos del artículo 4° de la citada ley N° 19.886, precepto que por su naturaleza debe aplicarse en forma estricta.

Tema de la Consulta: 

• Contratos a honorarios
• Personas naturales
• Garantías

Resumen

Las municipalidades pueden contratar con personas naturales, a través de la figura del contrato a honorarios, como también por intermedio de contratos de prestación de servicios cuya modalidad de pago sea mediante un precio, conforme a los procedimientos previstos en la Ley N° 19.886.

A su vez, tratándose de convenios de prestación de servicios celebrados por el municipio con personas naturales, en el marco de la ley N° 19.886, resulta aplicable lo dispuesto en su artículo 11, en lo que se refiere a la constitución de las garantías que la entidad licitante estime necesarias para asegurar la seriedad de las ofertas, el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores y, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato definitivo, las que deberán ajustarse a las condiciones que dicha norma indica y a lo que, conforme a ella, se establezca en las respectivas bases de licitación.

Tema de la Consulta: 

• Adjudicación
• Resolución aprobatoria de contrato

Resumen
Cursa con alcance resolución que acepta la oferta y contrata con empresa para la ejecución de una asesoría, señalando que, en lo sucesivo, las etapas de adjudicación y contratación de los convenios regidos por la Ley N° 19.886, deberán ajustarse estrictamente a dicha normativa y su reglamento, que prevén, la existencia de un acto de adjudicación anterior a la efectiva suscripción del contrato.

Tema de la Consulta: 

• Adjudicación
• Resolución aprobatoria de contrato

Resumen

De acuerdo con la normativa de Compras Públicas, el acto de adjudicación debe ser anterior a la suscripción del contrato adjudicado.

Tema de la Consulta: 

• Requisitos mínimos
• Experiencia

Resumen

No corresponde establecer como requisito para participar en los procesos de contratación la experiencia previa de los oferentes.

Tema de la Consulta: 

• Notificación de la adjudicación

Resumen

Objeta lo dispuesto en bases de licitación que señalan que "previo a la adjudicación, y una vez emitida el Acta Final de Evaluación, el Ministerio remitirá al oferente seleccionado una carta informándole que su oferta ha sido seleccionada, vía carta certificada, fax o correo electrónico", puesto que no se aviene al artículo 6° del reglamento de la Ley N° 19.886, según el cual la referida notificación debe formalizarse mediante la publicación de la resolución de adjudicación en el Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

Tema de la Consulta: 

• Multas
• Aclaraciones
• Incumplimiento de las bases

Resumen

Las preguntas formuladas por los proveedores durante el proceso licitatorio deben efectuarse a través del Sistema de Información, salvo que las bases permitan aclaraciones en soporte papel.

Por último, objeta el incumplimiento de lo previsto en las bases en cuanto a la integración de la comisión evaluadora y a la fecha en que se debía hacer entrega de la garantía de fiel cumplimiento.

Tema de la Consulta: 

• Fragmentación
• Elusión de licitación pública

Resumen

Diputado solicita a la Contraloría que recabe los antecedentes pertinentes e informe acerca de la falta de llamado a propuesta pública por parte de la Municipalidad para la contratación de los servicios de impresión y distribución del diario de la comuna. 

De los antecedentes tenidos a la vista por la Contraloría, ésta señala que consta que las contrataciones efectuadas desde mediados del año 2005 hasta la fecha están referidas a la prestación de unos mismos servicios, los que se han requerido ininterrumpidamente durante ese lapso, y que dichas contrataciones tienen, en lo sustancial, características idénticas, variando únicamente el número de ejemplares cuya impresión y distribución se requiere, por lo que, en principio, no se advierte la existencia de ninguna razón que justifique su contratación de manera mensual y no anual, haciendo presente, por una parte, que a través de la modalidad escogida por el municipio, tratos directos mensuales, se evita la licitación pública, y, por la otra, que el artículo 7° de la Ley N° 19.886 se prohíbe la fragmentación de contrataciones como las de la especie.

Tema de la Consulta: 

• Presentación de ofertas
• Publicación en el Sistema de Información de procesos excluidos de la Ley N° 19.886.

Resumen

No se ajusta a la Ley 19.886, la exigencia prevista en las bases administrativas, en el sentido de que los proponentes, además de presentar su oferta en soporte papel -según lo ordena el artículo 31 del decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo-, deban ingresarla supletoriamente en el portal www.mercadopublico.cl y adjuntar el comprobante de su ingreso.

Tema de la Consulta: 

• Resolución aprobatoria de bases
• Readjudicación

Resumen

La resolución aprobatoria de bases debe sancionar de modo expreso todos los antecedentes que la componen, como planos y demás documentos que formen parte de la licitación.

La posibilidad de readjudicar no puede establecerse con prescindencia de la calificación obtenida por los oferentes, la que corresponde observar para tales efectos.

Tema de la Consulta: 

• Garantía de seriedad de la oferta
• Garantía de fiel cumplimiento
• Resolución aprobatoria de bases
• Adjudicación
• Suscripción del contrato

Resumen

La garantía de fiel cumplimiento debe ser pagadera a la vista, tener el carácter de irrevocable y ascender a un monto entre un 5% y un 30% del valor de la contratación, siendo necesario precisar que deberá asegurar, además, el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores de la empresa contratante, debiendo permanecer vigente hasta 60 días hábiles después de culminado el contrato, exigencias que no se han cumplido por el acto que se indica.

Hace presente que de acuerdo con la normativa de Compras Públicas, las instancias de elaboración de bases, adjudicación y contratación, son distintas y suponen la existencia de un acto de aprobación de bases anterior a la respectiva adjudicación, la que a su vez, es previa a la efectiva suscripción del contrato. De esta manera, no corresponde que todas esas etapas se materialicen en una sola resolución, lo que tiene relevancia para los efectos de definir el carácter de afecto o exento de toma de razón de cada uno de los actos administrativos pertinentes.

Tema de la Consulta: 

• Libre concurrencia
• Experiencia

Resumen

No procede la exigencia de requisitos de experiencia que se solicita a los profesionales de los equipos de trabajo de los oferentes, puesto que no es admisible impedir la libre concurrencia de los oferentes, según se desprende de los artículos 4° y 6° de la ley N° 19.886, sin perjuicio de que la experiencia pueda ser considerada como un criterio de evaluación.

Organismo que realiza la consulta: Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo

Tema de la Consulta: 

• Impugnación
• Recurso de reposición
• Recurso de revisión
• Recurso de amparo

Resumen

La Ley N° 19.880 rige supletoriamente respecto de los procedimientos administrativos especiales establecidos por el ordenamiento jurídico. Por tanto, en aplicación de dicha supletoriedad la procedencia y tramitación de los recursos de reposición y revisión con motivo de un proceso de contratación regido por la ley N° 19.886, debe estarse a lo preceptuado en la ley N° 19.880, dado que la Ley de Compras Públicas no regula tales aspectos.

Además la acción de amparo al derecho a la información -que tiene por objeto que. el tribunal competente ordene poner a disposición del reclamante determinada información, concerniente a una licitación en este caso, no obsta a que la autoridad administrativa deba, pronunciarse acerca de los recursos de reposición y revisión, por cuanto, tales recursos tienen un objeto diverso al de la referida acción de amparo.

Tema de la Consulta: 

• Ámbito de aplicación de la Ley N° 19.886
• Inhabilidades para contratar
• Criterios de evaluación

Resumen

Se abstiene de dar curso a resolución que llama a propuesta pública y aprueba bases administrativas y especificaciones técnicas para la ejecución de la obra "Reposición Pantalla Led Coliseo de Fútbol del Estadio Nacional", en atención a que se trata de la adquisición de un equipamiento y de una prestación de servicios relacionada con aquella, por lo que no procede la aplicación del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas. 

Las inhabilidades para participar en la licitación deben limitarse a las establecidas en artículo 4° de la Ley N° 19.886, por lo que resulta improcedente que además se incorporen otras.

Repara que no se definen los criterios y conceptos de evaluación de las propuestas y que la escala de calificación -1 a 7- establecida en las bases resulta discrecional dado que no se consignan los fundamentos y parámetros para su aplicación.

Organismo que realiza la consulta: Particular - Hospital Padre Alberto Hurtado

Tema de la Consulta: 

• Convenio marco
• Obligación de informar
• Datos sensibles

Resumen

La Ley N° 19.886 establece, en síntesis, que los convenios marco vigentes se traducirán en un catálogo y si el mismo contiene el bien y/o servicio requerido, las entidades afectas a dicha ley deberán adquirirlo emitiendo directamente al contratista respectivo una orden de compra, salvo que obtenga directamente condiciones más ventajosas en los términos referidos en el artículo 15 del reglamento de la referida ley. 

Corresponde que en cumplimiento de la normativa citada, la autoridad administrativa informe a la Dirección de Compras, a través del canal que ésta disponga, sobre la decisión de compra de servicios que se encuentran en el catálago, por fuera de éste, así como también acerca de los fundamentos que respaldan dicha resolución.

Acerca de si corresponde acceder a la solicitud de un Centro Médico y de Diálisis adjudicatario de Convenio Marco, en orden a otorgarle el listado de pacientes que han optado por atenderse en otro centro que no se encuentra en convenio marco, hace presente que dicha información debe ser considerada como un dato sensible conforme lo establecido en la Ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada, la cual señala que se entenderán como datos sensibles aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual. En consecuencia, no resulta procedente que la autoridad administrativa del Hospital acceda a la solicitud del Centro Médico y de Diálisis, puesto que no se enmarca dentro de las excepciones que contempla la Ley N° 19.628 para el otorgamiento de información sobre datos sensibles.

Organismo que realiza la consulta: Servicio de Salud Metropolitano Oriente

Tema de la Consulta: 

• Ámbito de aplicación de la Ley N° 19.886
•  Inhabilidades para contratar

Resumen

Los Servicios de Salud deben sujetarse a las disposiciones de la Ley N° 19.886 al celebrar los acuerdos regidos por el decreto con fuerza de ley N° 36, de 1980, del Ministerio de Salud, que establece normas sobre los convenios que celebren dichos Servicios con otras personas naturales o jurídicas, relativos a la ejecución de las acciones de salud que el ordenamiento encomienda a dichos organismos públicos. 

Las inhabilidades para contratar establecidas en el inciso 6° del artículo 4° de la Ley N° 19.886 no son aplicables a fundaciones o corporaciones, ya que éstas son entidades de derecho privado, sin fin de lucro, regidas por sus estatutos y por las normas contenidas en el Título XXXIII del Libro I del Código Civil, de manera que, atendida su naturaleza, no se encuentran comprendida entre las sociedades de personas a que se refiere el inciso sexto del artículo 4° de la ley N° 19.886.

Las inhabilidad establecidas en el referido artículo 4° constituyen una restricción al principio de la libre concurrencia establecido en el artículo 9° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, por lo que no resulta procedente hacerla extensiva a hipótesis o situaciones no previstas en la norma jurídica que las crea.

Organismo que realiza la consulta:Instituto Nacional del Tórax

Tema de la Consulta: 

• Inhabilidades para contratar
• Probidad

Resumen

Los Directores de los Establecimientos de Autogestión en Red están facultados para celebrar contratos de compra de servicios de cualquier naturaleza, con personas naturales o jurídicas, para el desempeño de todo tipo de tareas o funciones, generales o específicas, aun cuando sean propias o habituales del Establecimiento. Atendida la naturaleza de dichas contrataciones, éstas deben someterse a la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, incluidas las reglas sobre inhabilidad para contratar con los organismos de la Administración del Estado contenidas en su artículo 4°. 

Las inhabilidades establecidas en el artículo 4° de la Ley N° 19.886 son aplicables únicamente respecto de las personas naturales que tengan alguna de las calidades funcionarias expresamente previstas en dicho precepto, o de las personas jurídicas de las cuales éstas formen parte, o con las personas vinculadas a aquéllas por los parentescos allí aludidos.

Respecto de los demás servidores públicos que puedan ser contratados en virtud de contratos administrativos de servicios, ya sea como personas naturales o formando parte de personas jurídicas, es necesario efectuar un pronunciamiento acerca de si existe incompatibilidad entre las labores que desarrollarán en virtud de tales convenios y las que ejercen en su calidad de funcionarios, a la luz del principio de probidad administrativa, consagrado en el artículo 13 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y las normas de resguardo de dicho principio, considerando entre otras el régimen de incompatibilidades, contenido en el artículo 56 de la misma ley.

Tema de la Consulta: 

• Aprobación de bases de licitación
• Inhabilidades para contratar

Resumen

Se deben dictar actos administrativos separados y sucesivos para aprobar las bases y el contrato, respectivamente. Ello, porque el objeto del control previo de legalidad de las bases es cautelar anticipadamente que la normativa que regula el llamado a propuesta pública o privada se ajuste a derecho, por lo que aquéllas necesariamente deben aprobarse antes de llevar a cabo el procedimiento.

Fecha: 12-12-2008 

Organismo que realiza la consulta: Subsecretaría de Salud Pública

Tema de la Consulta: 

• Criterios de evaluación
• Garantía de fiel cumplimiento
• Plazo de adjudicación

Resumen

Observa que en las bases se omite señalar si la garantía de fiel cumplimiento se expresará en pesos chilenos u otra moneda o en unidades de fomento.

La garantía de fiel cumplimiento deberá asegurar, en forma adicional, el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores de la empresa contratante, al tenor de lo dispuesto en el artículo 11, inciso primero, de la ley N° 19.886, lo que debe mencionarse expresamente.

Objeta que bases administrativas no se consignan el plazo para adjudicar el contrato.

Organismo que realiza la consulta: Servicio de Salud Metropolitano Oriente

Tema de la Consulta: 

• Plazo de la adjudicación
• Criterios de evaluación

Resumen

Observa el artículo de las bases que señala que el nivel de claridad de la oferta técnica presentada por el proponente "se considerará positivamente en la evaluación", sin que se especifique cómo se evaluará objetivamente este criterio, lo que vulnera el artículo 10, inciso 2°, de la ley N° 19.886, en relación con el artículo 38 del mencionado decreto N° 250, de 2004.

Objeta artículo de las bases que contiene los factores de evaluación del referido proceso licitatorio, ya que se omite indicar los distintos puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno de ellos, tal como lo exige el artículo 38 del decreto N° 250, de 2004.

Organismo que realiza la consulta: Dirección General de Obras Públicas

Tema de la Consulta: 

• Justificación trato directo
• Inhabilidades para contratar
• Acreditación de la personería del contratista

Resumen

No se ha certificado la no concurrencia de las inhabilidades a que se refiere el artículo 4°, de la ley N° 19.886.

Se ha omitido acompañar los documentos que acrediten la personería del representante legal de la entidad contratada que concurrió a la celebración de este acto

Tema de la Consulta: 

• Contratos de obra
• Marcas

Resumen

Vulnera el principio de no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica, previsto en el artículo 19 N° 22 de la Constitución Política de la República de Chile, que en las especificaciones técnicas, se indiquen materiales requeridos para la ejecución de los trabajos con singularización de marcas.

Tema de la Consulta: Facultades Concejo Municipal

Resumen

Por lo tanto, contrato financiado con fondos correspondientes al Programa de Mejoramiento Urbano, y no con cargo al presupuesto municipal, no requiere el acuerdo del concejo municipal para su adjudicación.

Tema de la Consulta: Trato directo; Sismos o catástrofes

Resumen

La Ley N° 16.282, que contiene disposiciones permanentes para casos de sismos o catástrofes -cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra contenido en el decreto N° 104, de 1977, del Ministerio del Interior-, contempla en su artículo 3°, letra b) la exención del trámite de propuesta o subasta pública o privada a las reparticiones fiscales, semifiscales, de administración autónoma, a las empresas en que el Estado haya aportado capitales o tenga representación y a las municipalidades.

Por tanto, los municipios quedan eximido de las licitaciones públicas y privadas de que se trata en la medida que concurra la referida norma de excepción.

Tema de la Consulta: Justificación trato directo

Resumen

No basta para acreditar el fundamento de la contratación por trato directo, la sola referencia a las disposiciones legales y reglamentarias que contienen la causal que se invoca, como tampoco la mera cita a motivos de funcionamiento interno del Servicio.

Tema de la Consulta: Contrato de obra

Resumen

Al respecto Contraloría señala lo siguiente:

• Que, en principio, los contratos de obras municipales no se encuentran afectos a lo dispuesto en la ley N° 19.886, debiendo, por tanto, en cuanto al procedimiento por el cual deben regirse, someterse a la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y a las demás regulaciones de carácter específico contenidas en otros cuerpos normativos. Sólo en la medida en que existan aspectos no regulados en la normativa aplicable a la ejecución y concesión de obras por parte de las municipalidades se deben aplicar supletoriamente las disposiciones de la ley N° 19.886, por así disponerlo expresamente el artículo 3°, letra e), inciso final, de ese cuerpo legal. En lo que se refiere al uso de sistemas electrónicos o digitales, las "obras" a que se refiere el artículo 18 de la ley N° 19.886, no pueden ser sino aquellas a que hace alusión el mencionado artículo 3°, letra e), cuando se refiere a la aplicación supletoria de la ley en estudio.
• En consecuencia, la contratación de obras municipales debe sujetarse a los procedimientos especiales que para cada caso concreto se contemplen, aplicándose supletoriamente la normativa contenida en la ley N° 19.886, incluido su artículo 18.

Tema de la Consulta: Pago, Principio de enriquecimiento sin causa; Responsabilidad administrativa

Resumen

Señala en relación con un contrato cuyo acto administrativo aprobatorio no fue tomado razón por la Contraloría, que si el proveedor ejecutó efectivamente determinadas prestaciones, el Servicio se encuentra en la obligación de regularizar dicha situación y efectuar los pagos correspondientes, lo que solamente tiene por objeto evitar un enriquecimiento sin causa para dicha repartición pública y no perjudicar a los terceros que de buena fe han concurrido al procedimiento respectivo, sin que ello valide la licitación objetada y sin perjuicio, de la responsabilidad administrativa de los funcionarios que participaron en el cumplimiento de un contrato con anterioridad a su total tramitación.

Tema de la Consulta: Pago; Resolución de adjudicación

Resumen

Hace presente que en la resolución de adjudicación se debe individualizar, en su parte resolutiva, a los oferentes que fueron seleccionados, no siendo suficiente para estos efectos, la mera transcripción del acta de adjudicación, para entender que se ha dado cumplimiento a dicha obligación.

Tema de la Consulta: Principio de libre concurrencia

Resumen

De conformidad con el artículo 4° de la ley N° 19.886, en las licitaciones regidas por dicha normativa pueden presentar propuestas las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras.

Tema de la Consulta: Adjudicación; Garantías

Resumen

Tema de la Consulta: Principio de probidad

Resumen

El referido informe señala que el entonces alcalde contravino principio de probidad administrativa al aceptar la proposición de la comisión encargada del proceso de licitación del servicio de transporte escolar para el año 2007, ordenando las adjudicaciones correspondientes y suscribiendo los convenios respectivos, a favor de los participantes que se presentaron a la licitación, ofertando el servicio de transporte requerido con vehículos de propiedad del hijo y sobrinos de esa autoridad edilicia.

El particular alega en su defensa que ninguno de los contratos cuestionados fue celebrado con alguno de sus parientes, sino que las personas contratadas arrendaron a su hijo y sobrinos los vehículos con los cuales participaron en el proceso licitatorio, respecto de lo cual no tenía conocimiento y que estos parientes no han obtenido beneficios derivados de tales adjudicaciones.

Al respecto la Contraloría General señala que las alegaciones presentadas en defensa del ex alcalde no resultan suficientes para dejar sin efecto la observación en comento, en razón de lo siguiente:

• Que el artículo 70 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece que los alcaldes no podrán tomar parte en la discusión y votación de asuntos en que él o sus parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tengan interés.
• Que el artículo 62, N° 6, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dispone que contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, el intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, como también -agrega su inciso segundo- participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad.
• Que el inciso tercero del artículo 62 antes referido prevé que las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta.
• Que al momento de resolver el procedimiento, existía efectivamente una circunstancia objetiva que restaba imparcialidad a la máxima autoridad edilicia, encargada de dicha decisión, considerando que de acuerdo a las bases administrativas, las propuestas debían contener, entre otros, los antecedentes respecto de la propiedad de los vehículos de transporte.
• Que si bien los contratos no fueron suscritos con las personas vinculadas por lazos de consanguinidad con el ex alcalde, no es posible dejar de advertir que éstas tenían, directa o indirectamente, interés en la licitación, en su calidad de propietarios de los vehículos objeto de los contratos.
• Que el ex alcalde no adoptó, en su oportunidad, ninguna medida tendiente a abstenerse de intervenir en el mencionado proceso y evitar así verse afectado por un conflicto de intereses.

Tema de la Consulta: Resolución de adjudicación, Toma de razón, Garantía de fiel cumplimiento

Resumen

Que la resolución de adjudicación, conforme a la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General, constituye un acto administrativo exento de toma de razón.

Que la garantía de fiel cumplimiento del contrato que al efecto se celebre, deberá garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, la cual, a su vez, deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable, características que debieran señalarse en las bases.

Tema de la Consulta: Competencia, Contraloría vs Competencia Tribunal de Contratación Pública

Resumen

Contraloría General se encuentra impedida de pronunciarse sobre la legalidad del procedimiento que se desarrolló en virtud de las normas de la ley N° 19.886, ya que de acuerdo con el artículo 24 del mencionado texto legal, es el Tribunal de Contratación Pública el competente para conocer de la acción de impugnación contra actos u omisiones, ilegales o arbitrarios, ocurridos en los procedimientos administrativos de contratación con organismos públicos regidos por dicha ley, procediendo la referida acción de impugnación contra cualquier acto u omisión ilegal o arbitrario que tenga lugar entre la aprobación de las bases de la respectiva licitación y su adjudicación, ambos inclusive.

Tema de la Consulta: Modificaci ón de contrato, Competencia de Contraloría

Resumen

No compete a la Contraloría General pronunciarse acerca de lo acertado de las decisiones adoptadas por un Municipio, en este caso, específicamente en orden a haber dispuesto la contratación directa de una empresa por 5 meses, haber adjudicado a la misma empresa la última licitación pública, y haber celebrado determinada transacción, toda vez que tales aspectos constituyen cuestiones de mérito, oportunidad o conveniencia entregados a la Administración Activa en el ejercicio de sus atribuciones.

Tema de la Consulta: Resolución de adjudicación, Acto administrativo que aprueba el contrato, Principio de probidad, Criterios de evaluación, Competencia de Contraloría

Resumen

La Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, contempla en su artículo 56 un régimen de incompatibilidades que opera como resguardo del principio de la probidad administrativa, establecido en el artículo 13 del mismo cuerpo normativo.

De conformidad con lo previsto en el referido artículo 56, todos los funcionarios tienen derecho a ejercer libremente cualquier profesión, industria, comercio u oficio en la medida en que sea conciliable con su posición en la Administración del Estado, siempre que con ello no se perturbe el fiel y oportuno cumplimiento de sus deberes funcionarios, sin perjuicio de las prohibiciones o limitaciones establecidas por ley, debiendo, en todo caso, desarrollarse fuera de la jornada de trabajo y con recursos privados, siendo incompatibles con la función pública las actividades particulares "de las autoridades o funcionarios que se refieran a materias específicas o casos concretos que deban ser analizados, informados o resueltos por ellos o por el organismo o servicio público a que pertenezcan", como también "las actividades de las ex autoridades o ex funcionarios de una institución fiscalizadora que impliquen una relación laboral con entidades del sector privado sujetas a la fiscalización de ese organismo", incompatibilidad esta última que se mantendrá hasta seis meses después de que el ex servidor haya expirado en funciones.

La elección de los criterios de evaluación y su respectiva ponderación, que deben estar especificados en las bases de licitación, es un tema que compete decidir a los órganos de la Administración Activa, sin que corresponda a la Contraloría cuestionar tales aspectos.

Tema de la Consulta: Alcance de la Ley N° 19.886 Principio de igualdad de los oferentes, Modificación de contrato

Resumen

Por tanto, y en consideración a la existencia de una regulación legal específica -Ley N° 18.696, de 1988, el Ministerio del ramo, en el ámbito de sus facultades, utilizó el mecanismo idóneo, esto es la licitación pública, y la publicidad fue dada por su inclusión el Diario Oficial, además de haber realizado la autoridad, visitas programadas a diversos países destinadas a promocionar el negocio de licitación de vías para el transporte público, denominadas "Road Show".

Respecto de una eventual infracción al principio de igualdad de los licitantes mediante la modificación de los contratos y de elementos sustanciales de las bases, la Contraloría descarta que se haya afectado el referido principio en este caso, en base fundamentalmente a los siguientes argumentos:

Que el Ministerio, en ejercicio de sus facultades generales tiene atribuciones para fijar los requisitos y condiciones en que debe operar el transporte público de pasajeros; Que las bases de licitación precisaban como requisito necesario para el funcionamiento del sistema de transporte, determinadas condiciones o requisitos esenciales, sin los cuales éste no puede operar en los términos inicialmente previstos; Que la Administración, en el ámbito de sus atribuciones, debe arbitrar las medidas para evitar la interrupción del servicio de transporte de pasajeros, entre las cuales, se comprende la modificación de los contratos de que se trata; Que las postergaciones en el inicio del sistema, a que se refieren las modificación contractuales, no implicaron gastos para el Ministerio; Que la prórroga se debió a una situación de fuerza mayor, representada por el hecho que a determinada fecha, no se encontraban operativas las funcionalidades requeridas para el adecuado funcionamiento del Plan Transantiago; Que las razones de interés público involucradas afectarían de igual forma a todos los proponentes que participaron en el concurso respectivo y que actualmente tienen la condición de concesionarios sin distinción de ningún tipo, y Que se modificaron todos los contratos de los operadores del servicio en comento.

Tema de la Consulta: Entrega de antecedentes en soporte físico Uso del Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, Criterios de evaluación

Resumen

Objeta que las bases establezcan que cada proponente deba presentar, en una oficina de la entidad licitante y en una fecha anterior a la fecha de presentación de la oferta, un formulario de capacidad económica, ya que dicha exigencia no se condice con el principio de economía procedimental, ni con el artículo 18 de la ley N° 19.886, el cual establece que los organismos públicos regidos por esa normativa deberán cotizar, licitar, contratar, adjudicar, solicitar el despacho y, en general, desarrollar todos sus procesos de adquisición y contratación de bienes, servicios y obras a que alude dicha ley, utilizando solamente los sistemas electrónicos o digitales que establezca al efecto la Dirección de Compras y Contratación Pública.

Observa que el formulario de capacidad económica antes referido no se considera entre los criterios de evaluación establecidos en las bases, por lo cual no parece necesaria su exigencia. Objeta cláusula de las bases que establece que el Formulario de Oferta Económica se entregará a los oferentes "que cumplan con los requisitos establecidos en las bases", ya que ello implicaría una evaluación del cumplimiento de dichos requisitos de manera anticipada, sin publicidad ni formalidad alguna, lo que carece de sustento jurídico. Objeta que para efectos de la evaluación de las ofertas, el hecho de encontrarse "en proceso de obtener la certificación de calidad ISO 9001" se homologue al hecho de contar con ella, toda vez que ello no permite concluir que dicha certificación se obtenga en definitiva, por lo que no corresponde otorgarle la señalada equivalencia.

Tema de la Consulta: Modificación de contrato, Prórroga de contrato

Resumen

Tema de la Consulta: Alcance de la Ley N° 19.886 Obligación de informar, Tribunales Militares

Resumen

Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 de la misma Ley N° 19.886, los órganos del sector público que no se encuentran regidos por sus preceptos, deben someterse a las normas de los artículos 18, 19 y 20, únicamente con el objeto de "suministrar la información básica sobre la contratación de bienes, servicios y obras y aquella que determine el reglamento", sin que corresponda, por lo tanto, que tales entidades verifiquen sus compras y contrataciones a través del mecanismo regulado en las citadas disposiciones.

Tema de la Consulta: Entrada en vigencia del contrato, Prórroga del contrato

Resumen

Tema de la Consulta: Alcance de la Ley N° 19.886

Resumen

Las resoluciones internas, sobre procedimientos para adquisiciones anteriores a la Ley N° 19.886, sobre Compras Públicas, deben adecuarse en lo pertinente a la referida ley y a su reglamento, aprobado por decreto supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Tema de la Consulta: Imputación del gasto

Resumen

Cursa decreto que aprueba contrato celebrado entre el Ministerio y empresa para la externalización de servicios computacionales de esa Secretaría de Estado, haciendo presente que en cuanto a la imputación presupuestaria que se hace del gasto que irroga, la Contraloría entiende que las cuotas mensuales que el Ministerio deba pagar durante los años 2009, 2010 y 2011, se materializarán en la medida que el ítem que corresponda a los presupuestos de dichos años, contemple los recursos suficientes para ese fin.

Tema de la Consulta: Ámbito de aplicación de la Ley N° 19.886

Tema de la Consulta: Incumplimiento de contrato, Término anticipado

Tema de la Consulta: Competencia Contraloría / Competencia Tribunal de Contratación Pública

Tema de la Consulta: Soporte papel

Tema de la Consulta: Trato directo

Tema de la Consulta: Urgencia

Se deben arbitrar las medidas necesarias a fin de cautelar que contrataciones se dispongan en forma oportuna y, de este modo, que se sujeten al procedimiento de licitación pública.