Columna Legal

Organismos públicos están obligados a incluir criterios de evaluación en resoluciones de adjudicación

La sustitución del inciso 2° del artículo 41 y la incorporación de un nuevo inciso final del artículo 51, que entran en vigencia el 20 de mayo, establecen la obligación de incluir en las resoluciones de adjudicación, los criterios de evaluación contemplados en las bases o términos de referencia. Así, cualquier oferente puede conocer el real fundamento de la decisión administrativa.

ChileProveedores y las inhabilidades para contratar

De las charlas de capacitación que se han hecho por esta División a abogados de servicios públicos, se ha observado la confusión que todavía existe en torno al recientemente implementado Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado, ChileProveedores. Una de esas dudas se refiere a las inhabilidades del artículo 92 del Reglamento y cómo el Registro acredita el cumplimiento de tales requisitos.

Se habla mucho de la "Igualdad de Oportunidades" como concepto inserto en las políticas públicas de los Estados, y es así como éste es la cara visible de un principio que se encuentra consagrado constitucionalmente en nuestro país desde la promulgación y publicación de la Constitución Política de la República del año 1980.

La agenda noticiosa de las últimas semanas ha puesto de relieve la importancia de la publicidad y transparencia en los actos administrativos. De un tiempo a esta parte, la "transparencia" se ha vuelto un término cada vez más empleado, en contextos muy disímiles, muchas veces sin tener conocimiento de su real significado.

El 29 de agosto se cumplieron tres años de la vigencia de la Ley 19.886 que vino a reformar la contratación pública en nuestro país. A partir de esa fecha, se han ido consolidando, paso a paso, las bases del Sistema de Compras Públicas.

Según dictámenes de Contraloría General de la República, cuando un Servicio de Bienestar es una dependencia de un organismo o servicio público, los convenios o contratos que suscriba estarán sujetos a las disposiciones contempladas en la Ley N° 19.886.

En medio de la polémica relacionada con las denuncias por fraudes económicos cometidos por algunos funcionarios de organismos del Estado, se está diluyendo el foco central de la discusión, cual es la necesidad de prevención, información y educación que debiera prevalecer para evitar el tipo de situaciones. Es decir, determinar correctamente cuáles son las medidas reales "anticorrupción" que no sólo desnuden el mal, sino que busquen evitarlo.

Días atrás, se dio a conocer el Informe sobre medidas para favorecer la probidad y eficiencia de la gestión pública, encargado por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet.

El 1 de enero comenzó a regir la Ley N° 20.141 de Presupuestos del Sector Público para el año 2007, que incorporó en la partida 08, una glosa de gran relevancia para el Sistema de Compras Públicas: la glosa 02 en el Capítulo 07 de la Dirección de Compras y Contratación Pública del Ministerio de Hacienda, que establece la posibilidad para todos los órganos del sector público, aún aquellos que no están regidos por la Ley N° 19.886, de utilizar voluntariamente los Convenios Marco y el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, www.chilecompra.cl

El tema de la transparencia se ha transformado en uno de los hitos del presente gobierno. Hemos visto cómo se han adoptado diversas medidas para la aplicación y promoción de tal principio, que se configura como pilar fundamental de la estructura estatal.

Si bien el Sistema de Compras Públicas se ha ido consolidando y funciona desde hace más de tres años -lo cual se ve reflejado en las transacciones y en la incorporación cada vez mayor de usuarios, tanto compradores y proveedores- aún existen ciertas falencias o problemas de interpretación e incluso de entendimiento de los pilares de éste.

Uno de los elementos indispensables para la configuración de las instituciones y los sistemas, es la existencia de procesos de información que le permitan al ciudadano evaluar el desempeño de la autoridad. Esto, porque la disponibilidad y publicidad de la información produce un doble efecto: dar a los ciudadanos conocimiento para criticar las labores realizadas por los poderes públicos y sus representantes y hacer a los mismos ciudadanos responsables en su desempeño y en la emisión de opiniones.

El 3 de mayo de 2007 se publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo N° 20 que modifica Decreto Supremo N° 250, de 2004 que aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre con Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

Cada vez más activo y en incremento ha sido el rol de Chile en materia de contratación pública a nivel internacional. Así, la Dirección de Compras ha estado participando desde hace un año a la fecha en las negociaciones de los capítulos de compras de los Tratados de Libre Comercio, y en la tramitación de la Ley Modelo de la CNUDMI (1) sobre Contratación Pública de Bienes, Obras y Servicios.

En distintos medios escritos apareció esta semana una denuncia de parlamentarios de la UDI acerca de la exigencia de garantías para la contratación de personas a honorarios de parte de los organismos del Estado.

En el último tiempo se ha estado debatiendo acerca del principio de neutralidad en el ámbito de las Tecnologías de Información, así como sobre la forma en que se estaría cumpliendo por parte de los organismos gubernamentales. En tal contexto nos ha parecido relevante examinar el señalado principio a la luz de nuestra legislación.

Habiendo transcurrido poco más de cuatro años de la entrada en vigencia de la ley N° 19.886, se ha hecho necesario detenerse y hacer un análisis sobre la aplicación que tanto ésta como su Reglamento han tenido.

La libre concurrencia de los oferentes, la sujeción a las bases, la igualdad de los oferentes, son algunos de los principios base del proceso de contratación de licitación pública que realizan los organismos del Estado.

Durante el mes de septiembre, en este espacio se comentó sobre la necesidad de analizar los resultados, ventajas y desventajas y la evolución de la normativa actual de compras públicas.

Durante la semana del 10 de diciembre de este año se realizó la Tercera ronda de negociación del Capítulo de Contratación Pública para el Tratado de Libre Comercio de Chile-Australia, en la ciudad de Canberra, Australia, en la cual la Dirección de Compras y Contratación Pública y el Ministerio de Hacienda participaron como asesores en la mesa negociadora.

El trato directo se ha contemplado siempre como un procedimiento de contratación excepcional. Así, del monto total transado en el 2007 en ChileCompra, un porcentaje menor corresponde a compras realizadas mediante un trato directo. La gran mayoría de las compras corresponden a procesos que implican concurso público de ofertas y/o cotizaciones.

A poco más de cuatro años de vigencia de la Ley N° 19.886, han surgido diversas dudas sobre la regulación de servicios contenida en la normativa de compras públicas.

El día 19 de enero de 2008 entró en vigencia la nueva modificación a la Ley de Compras Públicas. Esta vez, se trata de una modificación de carácter laboral, cuyo objetivo es proteger a los trabajadores mediante una mayor exigencia en el cumplimiento de obligaciones laborales de las empresas.

En la columna legal anterior, referida a la modificación introducida por la Ley N° 20.238, se comentó sobre el artículo 4° de la Ley de Compras.

El cumplimiento de las normas es un deber que está presente en los ciudadanos, pero muchas veces se omite el respeto de los tratados internacionales. Lo anterior, sin necesariamente "una mala intención", sólo por el desconocimiento del tratado vigente sobre la materia de que se trate.

Denuncias por irregularidades en contrataciones públicas se han publicitado en los medios de prensa estas últimas semanas, las cuales han dado origen a acciones concretas del Organismo Fiscalizador de la Administración. Algunas de estas irregularidades se refieren, entre otras cosas, a infracciones directas de normas de contratación pública o actuaciones al límite de ella.

El último tiempo, la Contraloría General de la República ha sido prolífera en la emisión de dictámenes sobre compras públicas. Es así como durante este año se han dictado más de 60 dictámenes referidos a diversas materias contempladas en la contratación pública. Entre ellas, el principio de libre concurrencia consagrado en los procesos de contratación, resulta de gran importancia.

El miércoles 20 de agosto de 2008 se publicó la renombrada Ley N° 20.285 de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado. En términos generales, la Ley plasma el principio de publicidad y transparencia incorporado en el artículo 8 de la Constitución Política de la República, dándole rango legal a disposiciones ya contenidas en el Instructivo Presidencial N° 8 de 4 de diciembre de 2006 sobre la materia, y las circulares N° 3 y N° 9 de Ministerio Interior y Hacienda de enero y marzo de 2007, respectivamente.

Ya han transcurrido 8 meses desde la última modificación de la Ley de Compras que introdujo normas de carácter laboral en los artículos 4, 6 y 11 de ésta.

El 16 de octubre recién pasado, el Consejo de la OCDE (1) aprobó como Recomendación, el texto de "Los Principios de Mejoramiento de la Integridad de las Compras Públicas".

Quiero destacar en esta columna la importancia del proceso de acreditación que se realizó durante el martes y jueves de esta semana, por cuanto representa una muy buena práctica de contratación pública. En efecto, el tema de la formación es de gran relevancia por las consecuencias y resultados que trae.

El día 4 de diciembre recién pasado se realizó un taller de validación con el cual finalizó el proceso de evaluación del Sistema de Compras y Contrataciones Públicas de Chile. La Dirección ChileCompra tuvo un rol activo en este proceso, colaborando, asesorando y coordinando el desempeño de éste.

La adjudicación y la suscripción del contrato constituyen etapas distintas de los procedimientos de contratación. Esto podría considerarse evidente para muchos, sin embargo existen casos en los cuales, las entidades confunden ambos momentos, realizando conjuntamente, en una sola etapa, ambos actos.

Exactamente hace un año atrás, esta columna se refirió a la necesidad de plantear una mejor regulación de los servicios. Esto, atendido a que la normativa vigente se había tornado insuficiente en relación a requerimientos específicos de tal tipo de contratación.

La contratación pública tiene aspectos que la hacen vulnerable a la corrupción. Por ello, la existencia de mecanismos reguladores y preventivos es fundamental. Al respecto, próximamente seremos partícipes de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública, que entre otras cosas, obliga a las entidades de la Administración del Estado, a publicar cierta información así como a proporcionarla a petición expresa.

Ya entró en vigencia la renombrada Ley n° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, más conocida por todos como la "Ley de Transparencia".

El 8 de mayo recién pasado, entró en vigencia el Acuerdo de Libre Comercio de Chile-Colombia. Un acto público de lanzamiento de éste, se realizó el pasado lunes 18 de mayo en la ciudad de Bogotá, evento en el cual participaron diversas altas autoridades, empresarios y funcionarios públicos de ambos países.

Chile ha suscrito a la fecha diversos tratados de libre comercio, de los cuales 11 contienen capítulo de compras públicas, entre los que destacan los acuerdos con Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Colombia, México, Canadá, entre otros.

En mayo de 2007, Chile fue invitado formalmente para ingresar como miembro pleno a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), junto a Estonia, Israel, Rusia y Eslovenia. De este modo, se inició el proceso de revisión del país con miras a decidir su ingreso a dicho organismo.

Entre el 2 y 4 de septiembre se realizará la V Conferencia Anual de Compras Gubernamentales en las Américas en ciudad de México.

Luego de un gran esfuerzo con gusto escribo que próximamente será publicada una importante modificación del Reglamento de la Ley de Compras Públicas.

Habiendo transcurrido prácticamente un mes de la publicación del Decreto Supremo N° 1.763 del Ministerio de Hacienda que modifica el Reglamento de Compras Públicas, quiero referirme en esta columna a las nuevas disposiciones que persiguen ampliar el mercado público chileno.

En el desarrollo de herramientas que facilitan y promueven un mayor acceso de las micro y pequeñas empresas al mercado público, la Dirección ChileCompra ha estado ejecutando algunos mecanismos de financiamiento para los proveedores.

Es habitual que a principio de cada año, cuando se da el cambio de folio en la numeración, la gente se cuestione qué hizo y se plantee lo que quiere hacer.

En respuesta a un requerimiento para el ingreso de Chile a la OECD, en diciembre del 2009 fue publicada la Ley que sanciona penalmente a las personas jurídicas por delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho, cuestión inédita en nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a la imputabilidad de este tipo de personas.

Durante los últimos días, los medios de comunicación han utilizado con frecuencia la expresión "conflicto de intereses".

Certificado de Fianza: Nueva herramienta para aumentar acceso de Mipymes a Mercado Público.

El mercado ha ido generando diversas herramientas para garantizar las obligaciones contraídas por las empresas. Actualmente, un nuevo instrumento financiero de garantía llamado “Certificado de Fianza”, ha sido creado con este objetivo y, en particular, en beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

Publicidad de las Ofertas Técnicas presentadas en licitaciones y su relación con el principio de Transparencia 

Desde agosto de 2010  la plataforma de licitaciones de ChileCompra www.mercadopublico.cl entrega a cada entidad licitante, la decisión de hacer pública o no las ofertas técnicas que le sean enviadas.