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Actualidad
Santiago, 28 dejulio de 2009
Dirección ChileCompra recomienda implementación de medidas proempleo a compradores públicos

Una nueva Directiva de Contratación da orientaciones a los organismos del Estado acerca de la aplicación de buenas prácticas en sus adquisiciones para favorecer la creación de empleo.

 

 

Como el mercado público representa 3% del PIB y soporta más de 50.000 empleos directos, la Dirección ChileCompra emitió una nueva Directiva de Contratación Pública N° 12 "Implementación medidas proempleo en el mercado público" que tiene por objetivo fortalecer el empleo en los proveedores que operan en el mercado público, orientando a los organismos contratantes respecto de medidas específicas a adoptar en este sentido.

Actualmente nuestra economía enfrenta un escenario de crisis, que ha desencadenado que muchas personas vean disminuidas sus oportunidades laborales, en virtud de una industria que se ha visto en Ia necesidad de realizar ajustes en sus procesos productivos y de gestión, como asimismo, producto del incierto escenario reinante, ha sido testigo de la postergacion de importantes proyectos.

El mercado público es un motor relevante en la generación de puestos de trabajo, principalmente porque las empresas de menor tamaño, que representan el 37% de este mercado, son reconocidas como el mayor generador de empleo de Ia economía nacional.

Esta Directiva recomienda acerca de la aplicación de buenas prácticas a los organismos compradores en sus adquisiciones, específicamente en materias como eliminación de barreras a la participación de empresas en los procesos de licitación, disminución de los plazos de decisión de implementación o del uso de soluciones expeditas de contratación, implementar de forma rápida y responsable los programas de compras y contratación definidos, y optimización de flujos de pago a proveedores, entre otros.

Medidas relacionadas con el proceso de contratación:

Con la finalidad que las oportunidades de negocio del mercado público beneficien a más empresas, se recomienda no establecer barreras innecesarias que dificulten Ia participación de un mayor número de empresas en las licitaciones.

En este sentido, se recomienda:

  • No solicitar garantías de seriedad, , más allá de lo establecido en Ia normativa, salvo cuando resulten necesarias, y en caso lo fueran, requerirlas por montos menores y no acotar el tipo de instrumento de garantía.
  • Evitar requerir certificaciones de procesos o de productos, sólo hacerlo en caso de tratarse de bienes o servicios de alta complejidad y que no sean considerados commodities.
  • No exigir experiencia previa, salvo en aquellos casos que se estime necesaria para evaluar a los postulantes, definiendo tiempos moderados.
  • No considerar, ni solicitar DICOM a los proveedores, salvo cuando Ia envergadura del proyecto a contratar requiera conocer esta información.
  • Definir tiempos suficientes para Ia preparación y presentación de ofertas, considerando Ia complejidad de los bienes o servicios requeridos.

Medidas relacionadas con el proceso de adjudicación:

  • Agilizar procesos de evaluación: los procesos de evaluación inconclusos son costos para las empresas ofertantes, quienes deben inantener detenidos sus equipos de trabajo y capital disponible, por to que procesos de evaluaciOn más cortos, además de disminuir Ia incertidumbre y apoyar Ia transparencia del mercado páblico, peimiten a Ia empresas no mantener capital inmovilizado de forma innecesaria y por tanto, con igual cantidad de recursos enviar más ofertas, aumentando asI sus posibilidades de adjudicar contratos.
  • Se recomienda a los organismos públicos optimizar sus procesos de evaluación, estableciendo criterios de evaluación sencillos y objetivos de medir, procedimientos de evaluación eficientes, estableciendo una buena planificación y, en caso de proceder mediante comisiones de evaluación, formalizar estas comisiones con Ia mayor antelación posible. Realizar contrataciones de mediano plazo para facilitar Ia continuidad del empleo.
  • Realizar contrataciones de mediano plazo para facilitar Ia continuidad del empleo: para apoyar a que los empleos generados en torno al mercado público ofrezcan un grado estabilidad relevante, se recomienda que los organismos consideren sus procesos de contratación como oportunidades de realizar alianzas estratégicas con sus proveedores.
  • Se recomienda, en cuanto sea posible, según la naturaleza del contrato, efectuar contrataciones de mediano plazo y solicitar servicio postventa.

Medidas relacionadas con el proceso de pago:

  • Agilizar los procesos de pago a través de ajustes de procedimientos: los organismos públicos deben verificar con anterioridad Ia disponibilidad de recursos para solventar los compromisos contraídos en cada proceso, por tanto, es condición necesaria de cada proceso licitatorio contar con los recursos económicos en los organismos públicos. Se recomienda disminuir las etapas de aprobación previas al pago y entregar Ia responsabilidad de Ia recepción conforme a los usuarios finales, entre otros.
  • Fomentar anticipos previa entrega de garantias: Para facilitar el financiamiento de las empresas y no generar un endeudamiento innecesario, es posible contemplar anticipos, previa entrega de la garantía correspondiente por el monto anticipado, en el entendido de que los recursos para financiar las licitaciones del Estado se encuentran disponibles desde el momento en que se realizan los llamados a licitación.
  • Establecer metodoIogías de pago contra entregables: se recomienda a los organismos públicos optar por metodologías de pago contra entregables, en Ia que se establecen pagos contra productos o servicios específicos, con límites máximos de tiempo, posibilitando con esto que aquellas empresas que inviertan mayor cantidad de recursos para una entrega anticipada de las soluciones puedan obtener el beneficio económico de estas decisiones.
  • Instalar políticas de descuentos por pronto pago: Se recomienda instalar una política de pronto pago, entregando Ia posibilidad explícita a las empresas de ofertar indicando descuentos por pronto pago, eliminando así un costo financiero innecesario, en el entendido de que los recursos para financiar las licitaciones del Estado se encuentran disponibles al momento en que se realizan los Ilamados a licitación.
 
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