Se trata de una modificación a la ley N° 19.886 que rige las compras públicas y que obliga a los municipios a considerar en sus licitaciones una mayor ponderación para las empresas de extracción de residuos que paguen a sus trabajadores remuneraciones sobre el sueldo mínimo. Por otra parte, faculta a las municipalidades disponer de $15.600 millones para entrega de bonos a los trabajadores del sector.

Se trata de una modificación a la ley N° 19.886 que rige las compras públicas y que obliga a los municipios a considerar en sus licitaciones una mayor ponderación para las empresas de extracción de residuos que paguen a sus trabajadores remuneraciones sobre el sueldo mínimo. Por otra parte, faculta a las municipalidades disponer de $15.600 millones para entrega de bonos a los trabajadores del sector.

Por unanimidad la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto de ley que mejora las condiciones laborales de los recolectores de basura.

La norma, ingresada con urgencia de discusión inmediata por el Ejecutivo, implica una modificación a la ley N° 19.886 que rige las compras públicas. Se trata de un inciso y un artículo transitorio, de cuya elaboración participó la División Jurídica de ChileCompra.

En el primero se establece que en los servicios de recolección, transporte y disposición final de la basura los municipios, éstos deberán considerar en sus licitaciones a empresas que cumplan un estándar mínimo de protección de los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos. Así, se deberá incluir como criterio de evaluación las remuneraciones y condiciones laborales de los trabajadores de dichas empresas con una ponderación mínima del 10% del total de los criterios de evaluación.

Para evaluar este criterio se deberán considerar como factores el nivel de remuneraciones sobre el sueldo mínimo y su reajuste respectivo. Asimismo se podrán considerar otros elementos como la extensión y flexibilidad de la jornada de trabajo, la duración de los contratos, la existencia de incentivos y otras condiciones laborales que resulten de importancia; los que se suman a los aspectos meramente técnicos y económicos de las bases de licitación.

El segundo es un artículo transitorio que autoriza que los recursos transferidos desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional a las municipalidades (15 mil 600 millones de pesos obtenidos por los trabajadores como acuerdo de la paralización de julio de 2013), sean a su vez transferidos a las empresas proveedoras del servicio de extracción de basura, con el fin que éstas los traspasen a sus trabajadores.