La actividad se efectuó en contexto del desarrollo de la XIII Conferencia de Compras Gubernamentales y contó con las exposiciones de expertos internacionales en compras públicas y derechos humanos.

Este 6 de octubre y en contexto de la XIII Conferencia de Compras Gubernamentales que congregó a representantes de más de 33 países y organismos internacionales, tuvo lugar el Taller sobre Derechos Humanos y Contratación Pública, con el apoyo del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y el Centro Vincular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Durante la jornada se presentaron los fundamentos jurídicos de los derechos humanos y su aplicación a los Estados, con foco en el contexto de la contratación pública y en relación con los principios jurídicos propios de las materias de compras gubernamentales.

Asimismo, se revisó y discutió sobre el vínculo con los beneficios económicos y comerciales de la integración de los derechos humanos en la contratación pública, a la vez que se compartieron diversas experiencias sobre proyectos en países miembros de la RICG como Colombia, El Salvador, Barbados, Uruguay y Chile.

De estas experiencias destacaron el caso de Colombia, país que incluye la inhabilidad constitucional para contratar con proveedores condenados por delitos de lesa humanidad y la consideración del criterio de desempate estándar de la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad.

Asimismo, El Salvador integra criterios focalizados en la erradicación del trabajo infantil. En Barbados, se espera que la oferta presentada incluya el compromiso del proveedor respecto a salarios a pagar a los trabajadores, de acuerdo a la Ley del Trabajo Público. Uruguay por su parte, incluye disposiciones que se refieren a la inclusión laboral de personas liberadas (presos que ya han cumplido sus condenas) en las licitaciones de obras o servicios públicos, en un mínimo del 5% del personal de categoría peón o similar. También integra como criterio de desempate estándar la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad.

En el caso de Chile, la Dirección ChileCompra ha generado una serie de directivas con recomendaciones para que los más de 13 mil compradores que efectúan sus compras a través del sistema realicen contrataciones públicas inclusivas y que promuevan la igualdad de oportunidades en el mercado público, como el caso de la Directiva N°20 orientada a la promoción de la participación de la mujer en el mercado público. Además, generó un Pacto de Integridad en el que el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

El evento contó con las exposiciones de expertos internacionales en compras públicas y derechos humanos Natalie Evans, del municipio de Londres; Pauline Gothberg, representante de los municipios de Suecia; Daniel Morris, del Instituto Danés para los Derechos Humanos; Nicole Van der Meulen, perteneciente a la International Corporate Accountability Roundtable (ICAR); y Geo Quinot, profesor de la Universidad Stellenbosch, Sudáfrica.

El taller congregó a cerca de 40 personas, entre ellas delegados de 9 países miembros de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), entre ellos Barbados, Colombia, Costa Rica, Canadá, Chile, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, Panamá y Uruguay, entre ellos miembros del Comité Ejecutivo de la Red.