A través de este nuevo indicador, se busca medir y detectar brechas de participación de las mujeres desde que una empresa entra a Mercado Público, pasando desde las etapas de enviar ofertas dentro de la plataforma hasta adjudicarse una compra. 

La Dirección ChileCompra implementó la medición de la participación de las mujeres en las compras públicas a través del nuevo Índice de Participación con Perspectiva de Género en Compras Públicas (IPPG). Se trata de un instrumento que no solo contabiliza la participación de mujeres como proveedoras en el sistema, sino que también tiene como propósito evaluar y promover la equidad de género en todas las etapas del proceso, permitiendo comparar el desempeño en esta materia entre distintos sectores, rubros y organismos.  

El IPPG abarca tanto la etapa de la oferta a licitaciones públicas, Convenio Marco y Compra Ágil; como la etapa de la emisión de la orden de compra, entregando una visión multidimensional de la participación femenina. De esta manera mide a personas y empresas que cuentan con Sello Mujer, respecto a montos transados y órdenes de compra y también a los organismos públicos que más oportunidades han entregado a las mujeres mediante criterios de oferta y evaluación. 

Según el índice, las ofertas realizadas por mujeres experimentan un notorio incremento, pasando de 0.3 a 0.39, lo que implica un crecimiento del 30%, siendo esta la dimensión de mayor aumento. En el caso de la adjudicación de ofertas por mujeres, se registra un aumento del 17%, pasando de 0.42 a 0.49. Como referencia es deseable un índice igual a 1 lo que significa que tanto empresas lideradas por mujeres como por hombres participan de igual a igual en las compras públicas, es decir su brecha de participación en el sistema es igual a cero. 

Respecto a las instituciones que más oportunidades han entregado a las mujeres mediante criterios inclusivos, encabezan la lista las Corporaciones Municipales de las Artes y la Cultura de Río Claro; de Deportes de Caldera y de Deportes y Recreación de Panguipulli. En el caso de Río Claro se obtuvo el puntaje máximo según el indicador luego que la corporación recibiera la misma cantidad de ofertas tanto de empresas lideradas por hombres como por mujeres y, al mismo tiempo, emitió órdenes de compra a un número igual de empresas según el Sello de Género.  

Los resultados se producen tras la actualización en noviembre de 2022 de la Directiva Nº20 que contribuyó a visibilizar las empresas lideradas mujeres de cara a los compradoras y compradores públicos y la implementación de un nuevo indicador que no sólo mide la participación de mujeres como proveedoras en el sistema de compras públicas, sino que también tiene como propósito evaluar y promover la equidad de género en todas las etapas del proceso.    

En el año 2015 ChileCompra inició el Programa Mujer en las compras públicas gracias al apoyo del BID, lo que llevó a modificar el Reglamento de Compras Públicas incorporando criterios inclusivos para ampliar el acceso de las mujeres; elaborar una Directiva con recomendaciones a los compradores y crear el Sello Mujer Empresa. Luego de la actualización de la directiva se inició la entrega automática del Sello Empresa Mujer a quienes cumplan los requisitos y se anunció un nuevo indicador para medir de manera más certera su participación, acción que fue refrendada en mayo pasado durante un seminario organizado por el BID y Ministerio de Hacienda. 

Sello Empresa Mujer 
Se define que una empresa es liderada por mujeres y, por ende, cumple con las condiciones si satisface alguno de los siguientes criterios:  

• Poseer más del 50% de propiedad en manos de mujeres. 
• Contar con una gerenta general. 
• Tener más del 50% de representantes legales mujeres. 
• En el caso de personas naturales, la definición se basa en la información proporcionada por el Registro Civil, incluyendo a aquellas personas que han rectificado su sexo registral de acuerdo con la Ley No 21.120 de Identidad de Género, identificándose como mujeres.  

Estos requisitos son sometidos a revisión mediante la declaración jurada presentada por los propios proveedores y proveedoras cada año, garantizando así la validez y actualización de la información.