En el comité de 31 expertos participan entre otros, los economistas José Pablo Arellano, Óscar Guillermo Garretón y Harald Beyer; el académico y ex Ministro de la Secretaría General de Gobierno, José Joaquín Brunner; el también economista y ex presidente del Banco Central, Vittorio Corbo; el empresario Eliodoro Matte; el ex ministro Javier Etcheberry; el abogado y ex contralor nacional Ramiro Mendoza y la Directora Ejecutiva Observatorio del Gasto Fiscal, Jeannette Von Wolfersdorff.

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A mediados de 2016 el Centro de Estudios Públicos (CEP) convocó a un grupo de personas con una destacada trayectoria en el mundo académico, público y privado para construir, en conjunto, una agenda de propuestas para modernizar la estructura central del Estado chileno.

El resultado del trabajo de esta comisión -que se reunió periódicamente entre julio de 2016 y octubre de 2017- se tradujo en un amplio debate que derivó en 16 artículos académicos y un completo informe titulado Un Estado para la Ciudadanía que contiene un diagnóstico y una serie de proposiciones en pro de tener más eficacia gubernamental, combatir la desconfianza y lograr un mayor equilibrio en la distribución de los recursos fiscales.

“La Comisión de Modernización del Estado del CEP es muy consciente de la restricción fiscal que enfrenta el país y si bien algunas de las propuestas requieren necesariamente de mayores recursos públicos para ponerlas en práctica, creemos que el énfasis, la pertinencia, la calidad, transparencia y evaluación de las políticas públicas superan en eficiencia de largo plazo los eventuales mayores costos inmediatos. El proceso de modernización del Estado que propiciamos no tiene por motivación principal la austeridad fiscal. Con todo, la necesidad de reequilibrar el balance refuerza aún más la necesidad de optimizar el uso de los recursos públicos”, indica el documento.

Específicamente en lo que se refiere a la Dirección de Compras Públicas, ChileCompra, la recomendación es continuar con las  mejoras logradas en el marco del Programa de Modernización del Ministerio de Hacienda (donde también participan Sernac, INE y  ChileAtiende) que cuenta con un presupuesto de más de 5.200 millones de pesos para mejorar la calidad de los procesos de las  compras públicas. Entre estos se destaca la implementación de la nueva modalidad de la Microcompra, la Directiva 29 para  incentivar las compras conjuntas entre servicios, la función del Observatorio y el acceso a través del sitio Datos Abiertos.

Las propuestas de la Comisión:
1. Perseverar en las mejoras que actualmente se están implementando a través del programa de modernización de ChileCompra, particularmente respecto de los perfeccionamientos a los convenios marco. Al respecto, y dada la magnitud e importancia que ha cobrado esta modalidad, es necesario revisar la baja intensidad regulatoria de los convenios marco en la Ley N.º 19.886.Potenciar la transparencia e integridad en su control, para lo cual debe continuarse el avance en la utilización de nuevas tecnologías e integración de información. Ello incluye extender iniciativas actuales como la estandarización de las glosas de compra, pero también avanzar en integración con otras bases de datos, como por ejemplo, con el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE).

2. Debe avanzarse en transformar oficialmente el Departamento Observatorio de ChileCompra en una unidad liviana de profesionales especializados que sirvan como consultores on demand para los servicios que requieran de asesoría en los procesos de licitación y redacción de los contratos, potenciando la división de servicio al usuario. Podrían incluirse dentro de dicho grupo (a modo, por ejemplo, en comisión de servicios) a funcionarios de la DIPRES, el CAIGG y del Consejo de Defensa del Estado (CDE) que aporten sus miradas sectoriales específicas, a partir de los aprendizajes que se han obtenido desde dichas instituciones en estas materias.

3. Las licitaciones que son el candidato ideal para ser apoyadas por un servicio compartido son las de montos relevantes, plazos largos, y ajenas al giro principal del servicio. Un ejemplo recurrente de este tipo de licitaciones en que los servicios requerirían de apoyo es el desarrollo de sistemas informáticos o en la compra de equipos y servidores, para lo cual se podrían integrar al equipo consultor funcionarios de la Dirección de Gobierno Digital y Tecnologías de Información. También podría contemplarse una solución de servicio compartido para la licitación de obras de infraestructura pública, las que en la actualidad se realizan desde distintos ministerios y servicios (MOP, MINVU, SERVIU, Gobiernos Regionales). Se debe avanzar en extender la obligación de someter este tipo de licitaciones al sistema de ChileCompra, modificando la Ley N.º 19.886, formalizando la actual participación voluntaria del MOP.

4. Para aquellos servicios públicos que por su naturaleza licitan gran parte de sus programas y productos, como son JUNAEB y CENABAST, se propone avanzar en un modelo de asesoría técnica permanente en materia de licitaciones. Para ello se propone, mediante una reforma legal, incluir directorios encargados de velar por los procesos de licitaciones, incorporando directores con un perfil altamente técnico, que cumplan labores de supervigilancia sobre el proceso de licitación y la redacción de los contratos. Eventualmente, este mismo modelo de directorio podría extenderse a otros servicios calificados como complejos en
términos de su administración.

Integran la Comisión: José Pablo Arellano; Soledad Arellano; Rafael Ariztía; Félix Bacigalupo; Enrique Barros; Harald Beyer; Ignacio Briones; José Joaquín Brunner; Juan Andrés Camus; Vittorio Corbo; Rosanna Costa; Javier Etcheberry; Alejandro Ferreiro; Álvaro Fischer; Óscar Guillermo Garretón; Ignacio Irarrázaval; Manuel Marfán; Eliodoro Matte; Ramiro Mendoza; Ernesto Ottone; Carlos Peña; Bruno Philippi; Lucas Sierra; Carlo Solari; Sebastián Soto; José Miguel Valdivia; Paulina Veloso y Jeannette Von Wolfersdorff y Carlos Williamson. Los coordinadores fueron Isabel Aninat y Slaven Razmilic.