La séptima semana regional de integridad empresarial de Alliance for Integrity, también contó con la participación de las organizaciones Chile Transparente, Ciudadanía y Desarrollo de Ecuador, CPC Chihuahua México, Poder Ciudadano de Argentina, y la Asociación Agentina de Ética y Compliance (AAEC).

Con la misión de resaltar la importancia de la integridad en la relación público-privada para el desarrollo sostenible, se desarrolló un panel internacional que es parte de la séptima semana regional de integridad empresarial de Alliance for Integrity (AFIN).

Consultada sobre cómo confluyen las políticas de transparencia e integridad en el sistema de compras públicas de Chile, la directora de ChileCompra, Tania Perich, señaló que fortalecer la transparencia en las compras públicas resulta fundamental, ya que es un medio efectivo para combatir la corrupción en la gestión del Estado.

“Las compras públicas corresponden aproximadamente al 5% del PIB en Chile. Por ello, estas son percibidas como una de las actividades más vulnerables a la corrupción, debido a los altos montos de dinero involucrados y al permanente contacto entre actores del mundo privado y público”, indicó la directora. No obstante, destacó que “la implementación de plataformas electrónicas transaccionales son una herramienta efectiva para asegurar altos niveles de transparencia en las compras, permitiendo estandarizar procesos, aumentar la transparencia, impulsar el acceso al Mercado Público y promover en los organismos públicos la probidad en los procesos de compra”.

Por otro lado, sobre cuáles son las oportunidades y desafíos del sistema de compras como vector para el desarrollo sostenible, afirmó que está la flexibilidad en la elección de criterios sostenibles, la promoción de compras sostenibles mediante un modelo de formación integral, el trabajo con municipios a nivel nacional, y la coordinación en materia de sostenibilidad entre el Ministerio de Medio Ambiente y ChileCompra.

En cuanto a los desafíos, agregó la necesidad de aumentar los criterios de sostenibilidad y así promover su utilización, ampliar la mirada sostenible sobre más industrias y, por último, cambiar el paradigma del precio en los compradores públicos y que éstos prioricen otras condiciones ventajosas.