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Septiembre 29, 2022

Gobierno Digital y UAI lanzan guía para incluir consideraciones éticas en proyectos de ciencia de datos

Se trata de un documento del proyecto Algoritmos Éticos que busca orientar a funcionarias y funcionarios públicos para que consideren y prevengan potenciales problemas éticos y legales al formular proyectos de inteligencia artificial, algoritmos y sistemas automatizados en general, como un chatbot, un modelo predictivo o sistemas de reconocimiento, entre otros.

Descarga la guía aquí.

El Estado puede utilizar la ciencia de datos en sus compras de innovación tecnológica, de inteligencia artificial y sistemas automatizados como por ejemplo para herramientas de reconocimiento facial, chatbox y servicios para perfilamiento de usuarios. Sin embargo, en cada una de estas contrataciones debe mantener un especial resguardo de los datos personales, la transparencia y cumplir con la normativa vigente.

Con el fin de apoyar la gestión de los compradores públicos, un equipo de Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y la Universidad Adolfo Ibáñez lanzaron la guía “Formulación ética de proyectos de ciencia de datos” en el marco del proyecto Algoritmos Éticos, Responsables y Transparentes, iniciativa que cuenta con apoyo de BID Lab, el laboratorio de innovación del Banco Interamericano
de Desarrollo.

El objetivo de esta guía es que el sector público conozca los riesgos éticos y legales a la hora de formular proyectos tecnológicos que involucran el uso intensivo y el análisis de datos para mejorar su gestión o entrega de servicios a las personas, específicamente en sistemas de decisión automatizada.

En el documento se entregan recomendaciones para uso y protección de datos personales, transparencia y rendición de cuentas, además de cómo evitar sesgos y discriminación. Contenidos que consideran la normativa y al mismo tiempo dan ejemplos claros y buenas prácticas.

ChileCompra es aliado estratégico del proyecto Algoritmos Éticos, Responsables y Transparentes, donde también son parte  el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el Consejo para la Transparencia, Fonasa, la Defensoría Penal Pública, el Instituto de Previsión Social y Magical, una aceleradora de negocios especializada en apoyar startups digitales.

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