El proyecto de Ley pasó a Tercer Trámite Constitucional en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados donde será analizado por los parlamentarios antes de pasar a la Sala. 

La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados tomó hoy conocimiento de los alcances de las modificaciones del Proyecto de Ley 19.886 que pasó a Tercer Trámite Constitucional, luego de ser despachada por el Senado.

El Proyecto de Ley busca, a casi 20 años de la creación del sistema de compras públicas, mejorar el gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia, introducir explícitamente el fomento a la participación de las empresas locales y de menor tamaño, así como la innovación y la economía circular.  

Implica que crezcan en forma sustancial las transacciones porque se amplía la cobertura de entidades públicas que ahora se rigen por la ley y deberán efectuar sus compras en la plataforma de ChileCompra www.mercadopublico.cl. Eso significará un aumento en la cantidad de usuarios compradores y también de proveedores que van a tener mayores oportunidades de vender sus productos y servicios al Estado.

La Subsecretaria Heidi Berner dio cuenta de este proyecto fortalece la institucionalidad del sistema de compras públicas, incorporando mayores estándares de probidad, transparencia, eficiencia y eficacia, por la vía de introducir modificaciones a los procedimientos de compras, mejoras al Tribunal de Contratación Pública, nuevas facultades vinculantes para la Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra) y mejor planificación anual de las compras, entre otros aspectos.

Aumento de la probidad y transparencia:

Se incluye un capítulo que fortalece las normas de probidad y transparencia y se establece que la licitación es la regla principal como procedimiento de compra y donde, existiendo aportes públicos, las adquisiciones deberán sujetarse a la Ley de Compras. Aumentan las inhabilidades para contratar con el Estado.

Los proveedores deberán firmar una nueva Declaración Jurada indicando que están libres de delitos concursales y tributarios, incumplimientos contractuales, condenas laborales y de condenas por cohecho. 

Se regulan los conflictos de interés, ampliando a todos los funcionarios de los organismos públicos -y no sólo los Directivos. Tampoco podrán ser proveedores del Estado, los familiares de funcionarios públicos o las sociedades en que ellos sean parte o tengan la calidad de beneficiarios finales.   

Fomento a la participación de Empresas de Menor Tamaño y proveedores locales:

La Compra Ágil pasa a ser una modalidad a ser usada exclusivamente por las Empresas de Menor Tamaño y se amplían los montos de 30 UTM a 100 UTM, lo que se traducirá en oportunidades de negocio por unos US$ 300 millones adicionales al año.

Esta medida rige a un año de la publicación de la ley. Se restringe la recepción de ofertas por parte de grandes empresas, las cuales solo podrán postular si no se presentaron ofertas del segmento prioritario.

La nueva ley establece criterios de priorización hacia la compra regional, a través de la introducción de la definición de “proveedor local”. Con ello, los proveedores locales podrán ofertar en la zona geográfica de su preferencia, sin necesidad de requerir presencia nacional.

Mejor uso de los recursos

También se incorporan nuevos procedimientos de compra, se perfeccionan los convenios marco como un procedimiento competitivo, que persigue la eficiencia y la reducción de costos, para cubrir bienes o servicios de demanda regular y transversal. Los convenios marco deberán tener adjudicaciones regionales, salvo excepciones fundadas.

Además, no podrán establecerse criterios de evaluación y admisibilidad que impliquen una discriminación arbitraria a las Empresas de Menor Tamaño.

Se dispone asimismo que la Unión Temporal de Proveedores (UTP) sea sólo entre Mipymes y Cooperativas. 

Innovación y economía circular en las compras públicas

Un eje adicional en el proyecto que se trabajó en conjunto con el Ministerio de Economía dice relación con la regulación de las compras públicas de innovación. Estas son compras excepcionales que le permitirán a los organismos del Estado acceder a bienes y servicios innovadores para solucionar problemas complejos que hoy no tienen solución.

Esto irá acompañado de la creación de un Comité de Compras Públicas de Innovación y la dictación de una política de compra pública de innovación que permitirá ordenar y evaluar el actuar del Estado como demandante de este tipo de productos.

Se implementa asimismo una plataforma de Economía Circular para facilitar el traspaso de bienes y servicios.