El encuentro reunió a la contralora (s) Dorothy Pérez, a la vicedecana de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, Carmen Elena Domínguez, al académico José Luis Lara y al presidente del Tribunal de Contratación Pública, Pablo Alarcón Jaña.

• Revisa la Cuenta Pública del Tribunal

La directora de ChileCompra, Verónica Valle, participó este martes 16 de enero en la Cuenta Pública del Tribunal de Contratación Pública, órgano jurisdiccional encargado de conocer las impugnaciones contra actos u omisiones, ilegales o arbitrarios, ocurridos en los procedimientos administrativos de los procesos regidos por la Ley N° 19.886.

En la oportunidad, Verónica Valle expuso las principales modificaciones a la normativa, cuyo Capítulo VII referido a normas de probidad y transparencia comenzaron a regir de manera inmediata el 11 de diciembre cuando fue publicada en el Diario Oficial la ley N° 21.634 que moderniza a la Ley N°19.886 de Compras Públicas, con el objetivo de mejorar la calidad del gasto público, elevar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado. 

Ante una audiencia conformada por estudiantes, abogados y autoridades, la directora destacó el aumento de estos estándares tanto para funcionarios del Estado como proveedores, entre los que se cuentan nuevas inhabilidades para contratar, mayor transparencia en la pre-compra, regulación de los conflictos de interés y deber de abstención, además de que la facultad para que la Contraloría General de la República pueda ordenar instruir o instruir ella misma sumarios administrativos  a la autoridad que tenga la potestad disciplinaria, por infracciones a la Ley de Compras Públicas.

La Contralora (s) nacional Dorothy Pérez relevó los avances de los cambios a la normativa respecto a los organismos que se suman al sistema y la obligación de contar con Declaraciones de Patrimonio e Intereses, algo que dijo fue largamente anhelado hace más de una década, cuando lo solicitaron desde la academia el año 1994 a través de la Comisión Nacional de Ética Pública. En este sentido, destacó especialmente el que las corporaciones municipales tendrán que comprar a través de Mercado Público lo que permitirá mayor control desde la Contraloría. Al mismo tiempo que también aplaudió la ampliación de causas para abstenerse de un proceso de compra y la creación de un futuro registro de beneficiarios finales.

La autoridad también destacó la importancia de la ciudadanía en su poder de control y denuncia ante posibles irregularidades. “El 3% de los hallazgos de la Contraloría se detectan por control externo, el 14% mediante auditorías internas y el 40% a través de denuncias fundadas de parte de personas informadas”, recalcó.

Finalmente, expusieron el académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, José Luis Lara y el presidente del Tribunal de Contratación Pública, Pablo Alarcón Jaña, quienes se refirieron al fortalecimiento de la entidad tras las modificaciones a la Ley de Compras Públicas, mediante las cuales se aumentan de 3 a 6 la cantidad de jueces. Estos tendrán dedicación exclusiva, abarcando todos los procedimientos de contratación, no sólo licitaciones.

Respecto a la Cuenta Pública, el presidente del Tribunal de Contratación Pública informó que durante el 2023 se ingresaron 315 demandas, lo que representa un incremento de 18% respecto de las 266 causas ingresadas en el año 2022. En tanto que la mitad de los juicios finalizan por sentencia definitiva, esto es, 158, que equivalen al 50% del total de casos terminados.

En cuanto a los organismos públicos demandados, las Municipalidades se mantienen como las instituciones públicas más demandadas con un 49%. En segundo lugar, los establecimientos de salud, con un 19%, seguida por los servicios públicos descentralizados que llegan a un 18%. Por último, los órganos de la Administración Centralizada alcanzan un 13%.