• Para avanzar en la transparencia y detección de quiénes son las personas que están detrás de los negocios en las compras públicas, ChileCompra ya está identificando a los beneficiarios finales en la plataforma www.mercadopublico.cl, medida que permite cruzar información para prevenir los potenciales casos de corrupción y de conflictos de interés.

A cinco meses de la entrada en vigencia de la reforma a la Ley de Compras Públicas, más de 83.700 declaraciones juradas han sido registradas en la plataforma www.mercadopublico.cl, lo que ha permitido identificar, a mayo de 2025, a 148.000 beneficiarios finales tan solo en el primer nivel de las estructuras societarias de proveedores del Estado. Esto es, personas naturales con el 10% o más del capital o aporte en las sociedades inscritas en Mercado Público.

Desde diciembre de 2024 todas las personas jurídicas —chilenas o extranjeras— deben declarar, a través de un formulario electrónico, a sus beneficiarios finales y administradores para poder participar y venderle al Estado en Mercado Público. Esta medida fortalece la probidad y busca prevenir conflictos de interés y casos de corrupción en las contrataciones públicas.

“Se transparenta así, como nunca antes, los nombres de las personas y las mallas societarias detrás de los proveedores del Estado. Gracias a este avance, estamos analizando esta información y realizando cruces de datos de beneficiarios finales incluso en segundos, terceros y cuartos niveles, y con otras bases de datos estatales, para detectar potenciales conflictos de interés e irregularidades en las compras públicas,” destaca Verónica Valle, directora de ChileCompra.

La implementación de la información de beneficiarios finales en las compras públicas es considerada inédita a nivel latinoamericano y de alto impacto en la prevención de posibles conflictos de interés, según han reconocido organizaciones internacionales como Open Contracting Partnership y Open Ownership: “Chile adoptó un enfoque estratégico y pragmático para la implementación. En lugar de basarse exclusivamente en la aplicación normativa, ChileCompra optó por incorporar incentivos en los procesos de gestión para fomentar el cumplimiento de manera efectiva”, destaca un estudio de mayo de 2025 “Beneficial Ownership in Chile’s public procurement reform” (https://www.open-contracting.org/resources/casestudy-bot-pp-chile/).

La subsecretaria de Hacienda Heidi Berner enfatiza que “gracias a esta información de beneficiarios finales, el Estado está en condiciones de detectar potenciales infracciones y fortalecer la integridad en un mercado que mueve más de US$17.000 millones al año”. Agregó que esta medida se suma a otras indicaciones normativas contempladas en la ley que moderniza las compras públicas y establece exigencias estrictas en el control del conflicto de intereses, además de establecer la prohibición de contratar con todos los funcionarios de una entidad de cualquier calidad jurídica y no solo con sus directivos.

“La nueva ley refuerza los estándares anticorrupción, al prohibir que cualquier funcionario —y no solo los directivos— pueda vender a las propias instituciones en que trabaja. Y la prohibición incluye a sus personas relacionadas, las sociedades vinculadas con cónyuges, convivientes o parientes de los funcionarios. Además, se fortaleció la regulación del deber de abstención y se ha ampliado el catálogo de inhabilidades para contratar con el Estado, así como la exigencia de que más de 60 mil funcionarios, incluidos personas contratadas a honorarios, presenten su Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP). Con el cruce de estos datos y de los beneficiarios finales de las empresas, ChileCompra está efectuando un monitoreo automatizado para mejorar el gasto público y se han ido detectando casos que antes no se podían identificar”, explica Heidi Berner.

Quiénes son los beneficiarios finales en los procesos de compras del Estado

Todos los proveedores que quieran participar en Mercado Público deben completar en la plataforma una Declaración Jurada de Registro donde incluyan, entre otros datos, la información de los beneficiarios finales, administradores de la persona jurídica, y sus vínculos con otras empresas con el objetivo de fortalecer la probidad y confianza en el sistema. 

Se considera persona beneficiaria final a aquellas personas naturales, chilenas o extranjeras, con o sin domicilio en Chile, que:

• Posean, directa o indirectamente, a través de sociedades u otras entidades con o sin personalidad jurídica, una participación igual o mayor al 10 por ciento del capital, aporte, derecho a utilidades. 
• Puedan elegir o hacer elegir, directa o indirectamente, a la mayoría de los directores o administradores de dichas personas jurídicas, fondos de inversión o entidades constituidas o domiciliadas, o con cualquier tipo de establecimiento permanente en Chile. 
• Ejerzan el control efectivo de las personas jurídicas, fondos de inversión o entidades constituidas o domiciliadas, o con cualquier tipo de establecimiento permanente en Chile.
• Se entiende por ello cualquier atribución o facultad que les permita tomar o hacer que otros tomen decisiones sobre dichas entidades.

Observatorio ChileCompra refuerza cruce de datos para detección de conflictos de interés

Como se destaca en el estudio internacional de Open Contracting Partnership y Open Ownership, “la integración de la información sobre beneficiarios finales permitió una identificación más sistemática de posibles conflictos, como la de individuos que ejercían control tanto en las empresas proveedoras como en las entidades contratantes. En combinación con una mayor transparencia y facultades institucionales, estas medidas contribuyeron a fomentar una cultura más amplia de rendición de cuentas. ChileCompra combinó la comunicación estratégica, la orientación regulatoria y las mejoras tecnológicas con la audaz decisión de publicar las conclusiones del observatorio sobre las evaluaciones de la implementación, la eficacia y los desafíos de las políticas en su sitio web y redes sociales. Esta transparencia incrementó el costo del incumplimiento y ayudó a normalizar la adhesión a las nuevas reglas”.

Para reforzar esta detección, en 2023 el Observatorio estableció un sistema proactivo de alertas sobre conflictos de intereses en compras públicas basado exclusivamente en información de usuarios del Portal Mercado Público, obteniendo como resultado una reducción inicial en el número de incidentes de conflictos de interés detectados mensualmente de un promedio de 18,7 el 2023 a 5,8 casos en 2024.

En paralelo, el Observatorio emite regularmente informes por potenciales irregularidades, de los cuales en 2024 el 68% corresponde a municipios y organismos del sector municipal, los que son derivados a entidades fiscalizadoras o persecutoras como la Contraloría General de la República y publicados de forma transparente y abierta en la página del Observatorio. Algunos de estos informes han dado origen a sumarios administrativos y/o pronunciamientos de Contraloría, mientras que otros han generado la apertura de investigaciones de carácter penal por parte del Ministerio Público.

Por otra parte, considerando información recibida a través canal de denuncias con reserva de identidad de ChileCompra, sólo entre 2023 y 2024 el Observatorio elaboró informes e identificó 24 incidentes relacionados con la presunta presentación de documentos falsos o adulterados por parte de proveedores que participan de procedimientos de contratación regulados por la Ley N°19.886. 

En todos los casos en los que se tuvo indicios fehacientes de una potencial adulteración o falsificación de instrumentos públicos o privados, ChileCompra presentó las denuncias respectivas ante el Ministerio Público. Del mismo modo, de conformidad con las políticas y condiciones de uso vigentes y con el Reglamento de Compras Públicas, ChileCompra inició procedimientos sancionatorios y aplicó, en los casos que corresponde, la medida de bloqueo del Portal Mercado Público, que impide a dichos proveedores realizar cualquier operación en la plataforma hasta por un periodo de 12 meses.

Por último, en el contexto de la Alianza Anticorrupción UNCAC que reúne a 42 organizaciones público-privadas —y cuya presidencia recae en ChileCompra desde mayo de 2025—, se están elaborando guías y recomendaciones para promover una mayor integridad y confianza en el mercado de las compras públicas, como el nuevo Manual de buenas prácticas para proveedores del Estado que se lanzó hace unas semanas. “Queremos que todos quienes participan en Mercado Público comprendan que la probidad no es solo una exigencia legal, sino una condición para construir relaciones comerciales confiables con el Estado”, destaca la directora de ChileCompra Verónica Valle.

Cifras clave de Mercado Público 2024

• US$ 17.643 millones en transacciones
• 2 millones de órdenes de compra
• 110.255 proveedores participando