• Open Contracting Partnership, organización internacional que impulsa la probidad en las contrataciones públicas, destacó los avances de ChileCompra en la prevención de conflictos de interés y el fortalecimiento de la competencia a través de la detección de los beneficiarios finales de las empresas que le venden al Estado.
• Revisa el artículo completo en versión inglés.

En su artículo del 4 de noviembre de 2025, la organización internacionalOpen Contracting Partnership ahondó en el caso publicado en noviembre de 2024 en el que destacó al Observatorio ChileCompra por su estrategia de transparentar sus acciones que incluye el monitoreo de procesos de compra del Estado de Chile y el levantamiento de reportes y alertas que detectan irregularidades administrativas graves o posibles delitos, los cuáles se reportan a los organismos competentes.

En una nueva publicación “Reforma histórica en Chile: empresas revelan a sus dueños reales para contratar con el Estado” la organización internacional hace referencia a los avances en cuanto a la información de beneficiarios finales que por ley los proveedores que se inscriben en la plataforma de Mercado Público deben realizar para participar presentado ofertas y adjudicar en las compras públicas que realiza el Estado de Chile.De esta manera, la normativa entrega mayores herramientas de control preventivo de conflictos de interés y de integridad en el uso de recursos públicos. Un avance en materia de probidad y transparencia destacado por Open Contracting Partnership (OCP), señala que mediante la información de beneficiarios finales es posible detectar posibles vínculos entre funcionarios públicos y proveedores del Estado.

Para Verónica Valle, directora de ChileCompra, la rápida adopción de las nuevas medidas se explica porque se vincularon incentivos de negocio y no sólo a sanciones legales. Lo anterior dado que, si bien cualquier empresa puede ingresar a la plataforma transaccional www.mercadopublico.cl  para informarse sobre oportunidades de negocios, sólo las que entregan datos de beneficiarios finales en el Registro de Proveedores pueden presentar ofertas o adjudicarse contratos, lo que ha llevado a que los proveedores activos en 2025 hayan informado al respecto.

En consecuencia, ChileCompra dispone de datos de más de 185.000 beneficiarios finales, asociados a más de un millón de procedimientos de compra por un valor de 13.000 millones de dólares entre enero y septiembre de 2025. La reforma se apoyó además en campañas masivas de formación y comunicación -como “Alto a la Corrupción” y “Match Perfecto”– dirigidas tanto a compradores públicos como a proveedores.

Tal como lo destaca Open Contracting Partnership (OCP), en su publicación el esfuerzo por reducir conflictos de interés forma parte de una agenda más amplia de modernización del sistema de compras públicas que junto con los cambios a la ley busca ampliar la cobertura del sistema electrónico, combatir la corrupción y la colusión, mejorar la competencia e incrementar la participación de Empresas de Menor Tamaño. La misma organización internacional acompañó este proceso mediante talleres técnicos y apoyo al diseño de un marco de monitoreo y evaluación.

De esta forma, el Observatorio ChileCompra detectaconflictos de interés cuando, por ejemplo, una orden de compra se emite a un proveedor cuyo beneficiario final tiene una cuenta activa como comprador en la misma entidad, o cuando miembros de la comisión evaluadora o responsables del proceso son beneficiarios de empresas oferentes o adjudicadas. Al identificarse un caso, el sistema notifica al responsable de la compra para que justifique o gestione el conflicto y, si no hay respuesta satisfactoria en cinco días hábiles, el caso se escala a los organismos de control competentes.

Otras medidas relevantes para combatir los conflictos de interés e irregularidades han sido el Canal de Denuncias Reservadas, el que desde 2023, ha recibido más de siete mil casos y las Consultas de Mercado, módulo de la plataforma de Mercado Público destinado a recopilar información sobre precios, especificaciones técnicas y otros datos necesarios para diseñar mejores procesos de compra y donde los compradores deben registrar todas las comunicaciones y reuniones con proveedores en la fase previa a la licitación.  

La normativa también contempla la realidad de localidades pequeñas y remotas donde los vínculos familiares entre funcionarios y proveedores son frecuentes y pueden dificultar la gestión de conflictos de interés. En estos casos, se permite la adjudicación con justificación documentada y aprobación de alto nivel cuando se considera que el conflicto es inevitable, reforzando a la vez la trazabilidad y la rendición de cuentas.

En la publicación de Open Contracting Partnership (OCP) expertos internacionales en transparencia advierten, sin embargo, que la falta de un registro nacional integral de beneficiarios finales podría limitar la sostenibilidad de los avances logrados a través del sistema de compras públicas.

Finalmente, la organización internacional señala que “el acceso público a la información de beneficiarios finales no sólo fortalece la integridad en la contratación pública, sino que también aporta insumos para investigar evasión fiscal, crimen organizado, financiamiento del terrorismo y otros riesgos sistémicos. La experiencia chilena muestra que las compras públicas pueden ser una puerta de entrada pragmática para avanzar en transparencia de la propiedad empresarial, aprovechando los incentivos de mercado para lograr reformas profundas, pero operativamente sencillas de implementar”.