• Más de 2 mil personas participaron en el webinar organizado de manera conjunta entre la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, la Contraloría General de la República y la Dirección ChileCompra, donde se abordaron las nuevas obligaciones de Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP) para quienes intervienen en procesos de compra y ejecución contractual.
• La actividad se desarrolló en el marco de las acciones de la Alianza Anticorrupción UNCAC Chile, para fortalecer la integridad, la transparencia y la prevención de conflictos de interés en la gestión pública.

Este martes 1 de septiembre, la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, la Dirección ChileCompra y la Contraloría General de la República, realizaron una capacitación virtual sobre Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP), que reunió a más de 2 mil personas conectadas desde distintas instituciones públicas del país. La actividad se desarrolló en el marco de las acciones impulsadas por estas instituciones, integrantes de la Alianza Anticorrupción UNCAC Chile, para fortalecer la integridad, la transparencia y la prevención de conflictos de interés en la gestión pública.

La capacitación se efectuó en el contexto del proceso de actualización de la Declaración de Intereses y Patrimonio que deben realizar durante septiembre quienes participan en procesos de compras públicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas. Esta obligación forma parte de las medidas incorporadas por la modernización de la Ley N°19.886 para reforzar los estándares de probidad y transparencia en las contrataciones del Estado.

Durante la apertura, el director (s) de ChileCompra y presidente de la Alianza Anticorrupción UNCAC Chile, Cristián Céspedes, destacó que la modernización de la Ley de Compras Públicas constituye uno de los avances más relevantes de los últimos años en materia de integridad pública fortaleciendo los estándares de probidad para quienes intervienen en los procesos de contratación pública. “En los últimos 12 meses hemos identificado a más de 43 mil funcionarios y colaboradores del Estado que deben presentar su Declaración de Intereses y Patrimonio por participar en procesos de compra y ejecución contractual. Se trata de un avance concreto para fortalecer la transparencia, prevenir conflictos de interés y reforzar la integridad en la gestión pública”, señaló.

Asimismo, destacó que estas medidas están alineadas con el trabajo impulsado por la Alianza Anticorrupción UNCAC Chile. “Como Alianza promovemos una visión preventiva de la función pública, basada en la transparencia, el control oportuno y la colaboración interinstitucional para fortalecer la confianza ciudadana”, afirmó.

Por su parte, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, Carlos Guazzini, valoró la alta convocatoria de la actividad y destacó el compromiso de los funcionarios públicos con el fortalecimiento de una cultura de integridad. “Están siendo actores y protagonistas de un cambio que permite generar y mantener confianza ciudadana en el aparato público”, sostuvo al inicio de la jornada. Asimismo, destacó el valor de la Declaración de Intereses y Patrimonio como una herramienta clave para fortalecer la confianza pública. “Permite demostrar a la ciudadanía que los procesos de compra se realizan de manera transparente e íntegra, siempre favoreciendo el interés general”.

La jornada contó también con la participación de Ricardo Provoste, jefe de la División de Fiscalización de la Contraloría General de la República, quien destacó los avances en el proceso de realización de declaraciones de intereses y patrimonios contemplado en la ley 20.880 a lo que se suman los cambios a la ley 19.886. “Ya en marzo de 2026, la Contraloría recibió más de 148 mil Declaraciones de Intereses y Patrimonio”. 

Capacitación sobre la normativa y uso de la plataforma

El webinar tuvo como objetivo orientar a los participantes sobre los principales aspectos normativos asociados a la Declaración de Intereses y Patrimonio y sobre el funcionamiento de la plataforma utilizada para este proceso.

La primera exposición estuvo a cargo de Gabriela Reinero, asesora de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, quien abordó las principales disposiciones normativas relacionadas con la DIP en el contexto de las compras públicas, profundizando en las nuevas obligaciones derivadas de la modernización legal y en las medidas destinadas a prevenir conflictos de interés.

Posteriormente, Kevin Aracena, jefe del Departamento de Evolución Patrimonial y Declaraciones de la Contraloría General de la República, realizó una navegación guiada de la plataforma de declaración, explicando su funcionamiento y las distintas etapas que deben completar los funcionarios obligados a presentar o actualizar su DIP.

Ampliación de exigencias en probidad mediante la Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP)

La modernización de la Ley N° 19.886 amplió la obligación de presentar la Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP) a quienes participan en procesos de compra y ejecución contractual. Dentro de los principales cambios incorporados por la reforma:

Ampliación de sujetos obligados a declarar: la DIP debe ser presentada por todas las personas que participan en procedimientos de compra y ejecución contractual, independientemente de su grado o calidad jurídica. Entre ellos se encuentran integrantes de comisiones evaluadoras, administradores de contrato, requirentes, funcionarios de unidades de compra, visadores jurídicos y firmantes de actos administrativos vinculados a la contratación pública.

Registro obligatorio en Mercado Público: los organismos públicos deben informar en la plataforma la nómina de funcionarios y funcionarias obligados a presentar la declaración, permitiendo un mayor control y seguimiento por parte de la Contraloría General de la República.

Actualización periódica de la DIP: además del proceso anual que se realiza en marzo, quienes participan en compras públicas deben actualizar su declaración durante el mes de septiembre, contribuyendo a una gestión más oportuna de eventuales conflictos de interés.

Fortalecimiento de las reglas de integridad: la reforma reforzó los deberes de abstención, las inhabilidades y los mecanismos de transparencia aplicables a los procesos de contratación pública.