En la segunda jornada del IV Seminario Corrupción y Lavado de Activos, que reunió a 238 personas conectadas, el director (S) de ChileCompra y presidente de la Alianza Anticorrupción UNCAC Chile, Cristián Céspedes, abordó el aporte de la información de beneficiarios finales para fortalecer la transparencia y seguir la ruta del dinero público.

Con la participación de 238 personas conectadas se realizó este miércoles 11 de noviembre, la segunda jornada del IV Seminario Corrupción y Lavado de Activos, titulada «La Ruta Digital: Criptoactivos y Desafíos en la Investigación Financiera», encuentro que abordó los nuevos desafíos que presentan las operaciones digitales para la fiscalización y la investigación financiera.

La actividad contó con las palabras de bienvenida de Cristián Céspedes Viñuela, director (S) de ChileCompra y presidente de la Alianza Anticorrupción UNCAC Chile, y fue organizada por la Fiscalía Nacional, a través de su Unidad de Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna, la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado, junto a la Alianza.

Durante su intervención, Cristián Céspedes destacó la importancia de conocer quiénes están detrás de las empresas que contratan con el Estado, especialmente en un escenario donde los criptoactivos y las operaciones digitales permiten movilizar recursos con rapidez y a través de distintas fronteras.

En este contexto, relevó el trabajo que desarrolla ChileCompra a partir de la modernización de la Ley de Compras Públicas, que desde diciembre de 2024 exige a las personas jurídicas, chilenas y extranjeras, declarar a sus beneficiarios finales y administradores para inscribirse en el Registro de Proveedores y venderle al Estado a través de Mercado Público.

Esta información permite identificar a las personas naturales que poseen el 10% o más del capital de una empresa o que ejercen su control, superando la identificación tradicional basada únicamente en los datos de la sociedad proveedora.

La jornada contempló un panel interinstitucional sobre «Marco regulatorio y desafíos de fiscalización de los activos digitales», con la participación de Patricio Carrasco, coordinador de la Unidad de Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF); Manuel Saavedra, jefe del Departamento de Análisis de Riesgos Internacionales; y Francisco Cabezón, director general de Regulación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La conversación fue moderada por Sebastián Palma, abogado asesor de la Unidad de Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna de la Fiscalía Nacional.

Posteriormente, se desarrolló la mesa de presentación «Diligencias de investigación, evidencia digital, incautación de criptoactivos y cooperación internacional», que reunió a Mauricio Godoy, analista financiero patrimonial de la Unidad de Apoyo a la Investigación Financiero Patrimonial (INFIPAT); María Gabriela González, abogada asesora de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX); y Daniel Barra Valenzuela, asesor forense digital de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelitos y Lavado de Activos Asociados (ULDDECO). La instancia fue moderada por Pedro Bustamante, abogado de la Unidad Especializada en Corrupción de Alta Complejidad y Comiso del Consejo de Defensa del Estado.

Beneficiarios finales: información clave para prevenir conflictos de interés

ChileCompra ya ha identificado a más de 196 mil beneficiarios finales en el primer nivel de la malla societaria, información que se contrasta con antecedentes del Servicio de Impuestos Internos (SII). Además, se está avanzando en el análisis de los segundos, terceros y cuartos niveles de propiedad, junto con el cruce de otras bases de datos del Estado.

Uno de los principales avances se desarrolla mediante un convenio de colaboración con la Contraloría General de la República, que permite cruzar la información de beneficiarios finales de los proveedores de Mercado Público con el registro de funcionarios públicos SIAPER.

Gracias a este trabajo, durante 2025 se identificaron más de 1.200 órdenes de compra con potenciales conflictos de interés, por un monto superior a los $3.900 millones, lo que permitió notificar a 171 organismos públicos.

A esto se suman los mecanismos de prevención implementados durante 2026. Desde marzo, el sistema envía alertas preventivas automáticas cuando una empresa de propiedad de un funcionario público presenta una oferta ante su organismo. Desde abril, también se generan alertas al momento de adjudicar una licitación, un trato directo o una compra ágil, otorgando cinco días hábiles para responder.

Actualmente, el Observatorio de ChileCompra monitorea el 100% de los procesos de compra, emite más de 8.000 alertas preventivas mensuales y registra una disminución del 46% en la frecuencia de incidentes por conflictos de interés.