Contraloría da instrucciones para acreditar disponibilidad presupuestaria en las compras públicas
Nuevo instructivo del organismo contralor precisa exigencias sobre el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) y el formato en que debe emitirse, reforzando su carácter de control previo en los procesos de contratación pública y buscando evitar compromisos de gasto sin respaldo financiero efectivo.
La Contraloría General de la República emitió un instructivo sobre la información mínima que deben cumplir los organismos del Estado al emitir sus Certificados de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) en los procesos de compras públicas, específicamente respecto de los gastos asociados a los subtítulos 22, 24 31 y 33, con el objetivo de fortalecer la disciplina fiscal y prevenir la adopción de decisiones de gasto sin respaldo financiero real. A partir del 1 de enero de 2026 será obligatorio la utilización de este formato de certificado de disponibilidad presupuestaria, el cual se encuentra disponible para su uso en el apartado “Nuevos Productos” del sitio www.contraloria.cl.
El documento no introduce una nueva obligación, pero sí clarifica el alcance y las condiciones bajo las cuales el CDP debe entenderse como válido, reafirmando su rol como un requisito esencial y previo en los procedimientos de contratación. En ese sentido, la Contraloría enfatiza que la disponibilidad presupuestaria debe existir antes de comprometer el gasto, esto es, en forma previa al acto de adjudicación del contrato definitivo o el acto o contrato que autoriza la ejecución del gasto, según corresponda, y no puede sustentarse en proyecciones, intenciones futuras o financiamientos eventuales.
Entre los criterios precisados, el instructivo establece que el CDP debe ser real, vigente y suficiente, asegurando que los recursos se encuentren efectivamente disponibles al momento de avanzar en etapas decisorias del proceso de compra. Asimismo, se indica que la certificación presupuestaria debe corresponder de manera específica al objeto de la contratación, evitando certificados genéricos o imprecisos que dificulten la trazabilidad del respaldo financiero.
Desde la perspectiva de las compras públicas, estas precisiones refuerzan la necesidad de una planificación más rigurosa de las adquisiciones, alineando los procesos licitatorios con una gestión presupuestaria oportuna y debidamente acreditada. Asimismo, se instruye el uso obligatorio de los formatos de dichos certificados. El incumplimiento de estos criterios puede derivar en observaciones por parte del órgano contralor y eventuales responsabilidades administrativas y sanciones para las autoridades y funcionarios involucrados.
El fortalecimiento de estas exigencias también entrega mayor certeza a los proveedores del Estado, al asegurar que los procesos en los que participan cuentan con respaldo presupuestario efectivo, reduciendo riesgos asociados a contrataciones que no puedan finalmente concretarse.
Con este instructivo, la Contraloría reafirma su rol preventivo y de control, promoviendo prácticas de responsabilidad fiscal, probidad y transparencia, elementos clave para un sistema de compras públicas más sólido y confiable.