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Junio 28, 2024

Más de 900 usuarios y usuarias de municipios y del sector salud de todo el país participan de webinar que abordó normas de probidad en compras públicas

A la actividad online, organizada por el Observatorio ChileCompra, se conectaron representantes de diferentes áreas de compra y de abastecimiento de municipalidades y hospitales, quienes pudieron aclarar dudas respecto a la implementación de las modificaciones a la Ley de Compras Públicas. Expusieron la directora de ChileCompra, Verónica Valle; el Jefe del Observatorio ChileCompra, Juan Cristóbal Moreno; la Fiscal Verónica Palma; el Jefe de la División de Fiscalización de la Contraloría General de la República, Ricardo Provoste, además de funcionarios del Observatorio ChileCompra. 

Revisa las presentaciones en formato pdf:

La regulación de los conflictos de interés y el buen uso de los tratos directos fueron los temas principales de webinar realizado este jueves 27 de junio por la Dirección ChileCompra, que contó con la participación de más de 900 compradores y compradoras de municipios y del sector salud quienes se conectaron desde todas las regiones del país. En la actividad estuvieron presentes representantes de diferentes áreas de abastecimiento de hospitales, servicios de salud y municipios de distintas localidades del territorio, entre las que se contaron las comunas de Las Cabras, Los Vilos, Iquique, Tierra Amarilla, Puerto Saavedra, Pica y Punta Arenas, entre otros. 

La directora de ChileCompra, Verónica Valle, inició la actividad destacando las modificaciones a la Ley de Compras Públicas que incluye desde diciembre de 2023 nuevas exigencias en materia de probidad tanto para compradores y proveedores y que, a partir de diciembre de este año, aumentará su cobertura rigiendo también para las corporaciones municipales, entre otras entidades que se suman a ChileCompra. “Las compras de municipios, y las corporaciones que se vienen a sumar y las áreas de salud, por su impacto en la ciudadanía, son centrales y requieren un buen uso de recursos de todos los chilenos”, indicó. En ese sentido, recordó que el trato directo, si bien es una herramienta que responde a necesidades específicas de las entidades públicas para poder brindar sus servicios a la ciudadanía, tiene carácter excepcional, con causales que se restringen con los cambios a la normativa. “Muchas veces abusamos de este procedimiento, por lo que hay que hacer un uso responsable y elaborar un buen Plan Anual de Compras”, indicó.  

En la misma línea, el Jefe de la División de Fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR), Ricardo Provoste, afirmó que los tratos directos son un procedimiento que “desde la Contraloría nos preocupa bastante, no solo porque a veces se usa de forma regular y no excepcional, sino porque a veces tiene efectos nocivos, tanto en los precios dado que no hay comparación de oferentes y en el control, ya que no es posible saber si lo pagado corresponde con lo recibido en la compra”. 

Por su parte, el Jefe del Observatorio ChileCompra, Juan Cristóbal Moreno, señaló que si bien el trato directo es un procedimiento necesario para el funcionamiento de las compras públicas -porque permite responder a situaciones de emergencia por ejemplo- reiteró que tiene carácter excepcional, pudiendo utilizarse solo por las causales que indica la ley y luego de agotar las otras alternativas y de manera fundamentada y transparente. En ese sentido, destacó la realización de Consultas al Mercado para conocer a la industria, por ejemplo en rubros en que los compradores pudieran considerar que existe solo un proveedor. 

Conflictos de interés 
De acuerdo a la normativa, existe un conflicto de interés cuando concurren a la vez el interés general propio del ejercicio de las funciones del funcionario público con un interés particular, sea o no de carácter económico, suyo o de los terceros vinculados a él determinados por la ley, o cuando concurren circunstancias que le restan imparcialidad en el ejercicio de sus competencias, influyendo indebidamente sobre la imparcialidad propia de sus deberes y responsabilidades.  

Por ello, toda persona que tenga por función calificar o evaluar procesos de licitación pública o privada deberá suscribir una declaración jurada, por cada procedimiento de contratación, en la que declare expresamente la ausencia de conflictos de intereses y se obliguen a guardar confidencialidad sobre él.  

“Cualquier situación que reste imparcialidad debe informarse. No es pecado tener amigos o parientes, el punto es cómo orientamos a que esos conflictos sean adecuadamente detectados y declarados para que no afecten la probidad y la transparencia de los procesos” señaló al respecto el Jefe del Observatorio ChileCompra, Juan Cristóbal Moreno

Monitoreo y denuncias para detectar potenciales irregularidades 
Durante el webinar realizado este jueves también se dio cuenta de la labor del Observatorio, Departamento de ChileCompra encargado de monitorear diariamente los procesos de compra; levantar alertas y recomendaciones a los organismos públicos; realizar una gestión activa con las entidades y apoyar el cumplimiento de la normativa, además de investigar los casos de potenciales irregularidades que se informen a través del canal de Denuncia Reservada.   

Según explicó Juan Cristóbal Moreno, este canal permite denunciar situaciones que atenten contra la probidad, la transparencia o integridad de uno o más procesos de compra. Dependiendo de los resultados del análisis de estos casos, los antecedentes se derivan al Ministerio Público o la Contraloría, procediendo por otra parte el bloqueo de proveedores en Mercado Público frente a malas prácticas reiteradas e infracciones a las Políticas y Condiciones de Uso. En ese sentido, enfatizó la importancia de denunciar oportunamente los casos posibles de corrupción, ya sea a través de oficios directos a la Dirección ChileCompra o mediante el canal de Denuncia Reservada, en paralelo de denunciar ante el Ministerio Público cuando se trate de delitos.   

Kevin Villanueva, analista de datos del Observatorio, explicó por su parte, el sistema de alertas y de detección de conflicto de interés en compras públicas, como parte de los compromisos de ChileCompra en el marco de la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP). Al respecto, señaló que se diseñó un sistema para detectar, alertar y facilitar la resolución oportuna de conflictos de   interés de quienes participan de procesos de compra, levantándose en lo que va del 2024, 273 casos de potenciales irregularidades. De estos, 35,9% corresponden al sector municipal, mientras que el 31,14% a organismos de salud.  

Asimismo, Estefany Santoro, analista de probidad y transparencia del Observatorio ChileCompra, compartió los resultados de una encuesta realizada a usuarios compradores y proveedores del sector municipal y salud entre enero y marzo de 2024 con la que se buscó levantar un diagnóstico y línea base en cuanto al conocimiento y acciones realizadas en el contexto de la implementación del capítulo de probidad y transparencia de la Ley de Compras. Entre estos resultados se cuentan que el 92% de los compradores encuestados son usuarios que tienen más de 5 años en el servicio público y el 96% de ellos están certificados en compras públicas, pero solo el 64% reconoce haberse capacitado en los últimos 6 meses. En tanto que el 50 % de los usuarios manifiesta que internamente se han entregado lineamientos, para abordar los cambios normativos en temas de probidad, mientras que el 36% indica que no se ha hecho nada internamente. En este sentido, Estefany Santoro llamó a las áreas de compra a actualizar sus manuales de procedimiento tras los cambios normativos e informarse sobre la obligación de realizar la Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP). 

Modificaciones a la Ley de Compras 
La Fiscal de ChileCompra, Verónica Palma, detalló en tanto, las etapas de implementación de los cambios a la normativa, cuyo Capítulo VII de probidad y transparencia comenzó a regir de manera inmediata el 11 de diciembre de 2023 una vez que se publicó la Ley N° 21.634 que modifica la Ley N° 19.886 de Compras Públicas. 

La abogada destacó la transparencia en la etapa anterior a la compra a través de la obligación de informar a través de www.mercadopublico.cl todo contacto, reunión e incluso correos electrónicos entre compradores y proveedores. En ese punto, destacó el nuevo módulo de Consultas al Mercado en  la plataforma para obtener información de la industria respecto a precios, características, datos de un rubro en particular o cualquier otro tipo de información que ayude a elaborar correctamente un requerimiento de compra.  

Las otras modificaciones que ya se encuentran vigentes son: 

– La regulación de los conflictos de interés, con la ampliación de causales de incompatibilidad a todos los funcionarios de la entidad compradora. Extensión de incompatibilidades por un año desde cese de funciones (respecto de directivos y funcionarios que participen en el proceso de compra).  

– Deber de abstención de autoridades y funcionarios en procedimientos de compra.  

– Evaluadores deberán suscribir declaraciones de ausencia de conflicto de intereses y confidencialidad.  

– Aumenta el catálogo de inhabilidades de los proveedores para contratar con el Estado, comprendiendo delitos concursales y tributarios, incumplimientos contractuales, condenas laborales y de condenas por cohecho, lavado de activos y financiamiento al terrorismo.  

– Se fortalece el canal de denuncias reservadas del Observatorio ChileCompra.  

– La Contraloría General de la República podrá ordenar instruir o instruir ella misma sumarios por infracciones a ley de compras. 

Otro de los puntos de interés especialmente para los municipios, es la obligación del uso de la tienda de Convenio Marco como procedimiento preferencial incluso antes de realizar una licitación.   

Capacitación permanente 
Finalmente, Paula Moreno, Jefa Departamento de Asesoría y Gestión de Compradores, quien dio respuesta a varias inquietudes de los asistentes en materia de probidad y transparencia, anunció una segunda gira presencial de ChielCompra a lo largo del país para realizar capacitaciones con usuarios y usuarias sobre las nuevas disposiciones que establecen los cambios a la ley de compras públicas, donde se efectuarán clínicas para levantar casos prácticos y responder dudas de manera directa con los compradores y proveedores del sistema.   

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