• Instrucción de sumarios, contratos anulados y mayor control en los procesos han sido parte de las acciones realizadas por organismos que en enero fueron notificados por la Dirección ChileCompra a través de su Observatorio sobre conflictos de interés en procesos de compras por más de $3.900 millones.
• Desde marzo de 2026, ChileCompra implementó alertas automáticas que advierten a los organismos antes de adjudicar sobre posibles conflictos de interés en sus procesos, fortaleciendo la prevención antes de concretar las compras.

En enero de 2026, y en el marco de las nuevas facultades de monitoreo de probidad incorporadas tras la reforma a la Ley de Compras Públicas, ChileCompra —a través de su Observatorio— notificó a 171 organismos públicos por la emisión de órdenes de compra que presentaban riesgos de potencial conflicto de interés, asociados principalmente a contrataciones con funcionarios o personas con vínculo laboral vigente. La mayoría de los casos corresponde a municipios, que concentran 133 organismos notificados (78%), seguidos por servicios de salud (11%), universidades estatales (6%) y reparticiones del gobierno central (5%).

La identificación de estas irregularidades, registradas entre enero y diciembre de 2025, fue posible gracias al cruce de datos entre información de la plataforma de Mercado Público con el Sistema de Información y Administración de Personal del Estado (SIAPER) de la Contraloría General de la República, producto de un convenio de colaboración con esta entidad fiscalizadora.

El análisis de ChileCompra puso foco en los beneficiarios finales: personas naturales que poseen el 10% o más del capital de las sociedades proveedoras, donde se han identificado a 196.000 personas en el primer nivel de la malla societaria, permitiendo detectar si estos dueños son o han sido nombrados durante los últimos 8 años en diferentes calidades contractuales (planta, contrata, honorarios o código del trabajo) por los mismos organismos que emiten las órdenes de compra.

Principales resultados

Al 30 de abril, 104 entidades han respondido al oficio emitido por ChileCompra, lo que representa un 61% del total de organismos notificados. De éstos, 64 organismos reconocieron los hechos e informaron acciones correctivas, disciplinarias o de mejora en sus procesos de compra pública.

Las medidas adoptadas incluyen la instrucción de sumarios administrativos, la invalidación de adjudicaciones, la declaración de nulidad de contratos, así como el reforzamiento de los sistemas de control interno de modo de prevenir situaciones similares a futuro. En varios casos, los servicios optaron por implementar nuevos protocolos para verificar declaraciones juradas de ausencia de conflicto de interés, cruces de datos, mejoras en la interoperabilidad de sistemas y capacitaciones a funcionarios.

Por otra parte, 40 organismos descartaron la existencia de irregularidades o señalaron que no era posible subsanar los hechos, argumentando, entre otros puntos, que las personas involucradas ya no mantenían vínculo laboral al momento de la contratación o que las empresas habían modificado su estructura societaria con anterioridad, entre otros motivos.

Casos de mayor impacto

Destacan situaciones alertadas respecto de conflictos de interés en el Servicio de Salud de Osorno, el Hospital Padre Hurtado, la Policía de Investigaciones, la Subsecretaría de las Culturas, el Instituto Nacional de Deportes y la Universidad de Chile donde se instruyeron procedimientos disciplinarios, términos anticipados de contratos y procesos de invalidación administrativa, además del reforzamiento de los controles internos.

Los municipios concentran la mayoría de los casos observados, con situaciones relevantes en comunas como Copiapó, Palmilla, Puerto Montt, Chillán y Las Condes. En varios de estos casos se identificaron contrataciones reiteradas con empresas vinculadas a funcionarios o autoridades comunales, algunas de las cuales aún no han sido formalmente respondidas ante ChileCompra.

Alertas preventivas automáticas

Como parte de la automatización del monitoreo probidad, en marzo de 2026 se implementaron alertas preventivas automáticas que notifican diariamente a organismos cuando una empresa de propiedad de un funcionario presenta una oferta en una licitación, las que a partir de abril han sido complementadas con alertas al momento de la adjudicación de una licitación o selección de un proveedor en trato directo. Las notificaciones enviadas al momento de la adjudicación de licitaciones, trato directo y compra ágil incluyen un formulario de respuesta, el cual los organismos tienen la obligación de contestar en un plazo de 5 días hábiles.

Lo que indica la normativa

La reforma a la Ley de Compras Públicas (Ley N° 19.886), vigente desde diciembre de 2023, reforzó la regulación sobre conflictos de interés en las contrataciones públicas, estableciendo que los organismos del Estado no deben contratar con proveedores en los que tengan participación funcionarios, directivos, sus cónyuges, convivientes civiles o familiares cercanos. En particular, el artículo 35 quáter prohíbe celebrar contratos con personal del mismo organismo —cualquiera sea su calidad jurídica— ni con sociedades en las que dichas personas tengan participación societaria, sean beneficiarios finales o mantengan vínculos relevantes, inhabilidad que se extiende hasta un año después del cese de funciones cuando se trata de quienes participan en procesos de compra.

De manera excepcional, la normativa permite estas contrataciones solo cuando existan razones fundadas y condiciones de equidad similares al mercado, las que deben formalizarse mediante resolución fundada y comunicarse tanto a la Contraloría General de la República como a la Cámara de Diputados. Asimismo, el artículo 35 quinquies establece el deber de abstención para toda autoridad o funcionario que tenga un interés personal o de familiares cercanos en un procedimiento de contratación o en la ejecución de un contrato.

Respecto de los beneficiarios finales, a partir de diciembre de 2024 se implementó la obligatoriedad para entidades jurídicas nacionales y extranjeras de declarar a sus beneficiarios finales y administradores al registrarse en www.mercadopublico.cl, mediante una declaración jurada en línea, marcando especial énfasis a la prevención de irregularidades en las compras del Estado.