A los ministerios, servicios, municipios y Fuerzas Armadas y de Orden, se suman al año de la publicación de la ley, el Congreso Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, las corporaciones municipales y las fundaciones de Presidencia, entre otros. La regla general será que, existiendo aportes públicos, las adquisiciones deberán sujetarse a la Ley de Compras.

Las normas de probidad y transparencia empezarán a regir en cuanto se publique la ley. El resto de las disposiciones entrarán en vigor un año después, para dar tiempo a la elaboración de reglamentos, el desarrollo de nuevas plataformas y la capacitación de las instituciones. Las normas de economía circular, subasta inversa electrónica, diálogos competitivos y contratos para la innovación partirán 18 meses después de publicado el cuerpo legal.