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Abril 23, 2015

Dirección del Trabajo y ChileCompra firman convenio de cooperación para fortalecer buenas prácticas laborales en proveedores del Estado

El acuerdo entre ambas instituciones se traducirá en un trabajo conjunto para fortalecer las estrategias de sustentabilidad e inclusión y fomentar el Programa de Buenas Prácticas Laborales en el sistema de compras públicas.

El acuerdo entre ambas instituciones se traducirá en un trabajo conjunto para fortalecer las estrategias de sustentabilidad e inclusión y fomentar el Programa de Buenas Prácticas Laborales en el sistema de compras públicas.

Con el propósito de mejorar las condiciones de trabajo y tener mayor equidad en las contrataciones públicas, la Dirección del Trabajo y ChileCompra firmaron un acuerdo de colaboración que se traducirá en la promoción del Programa de Buenas Prácticas Laborales (BPL) y la revisión del cumplimiento de la legislación laboral a través de fiscalización a proveedores estratégicos del Estado.

De esta manera, el convenio, que tiene una vigencia inicial de dos años, fortalecerá el trabajo conjunto de las entidades en cuanto a sus estrategias de sustentabilidad e inclusión, dado que al cumplirse con el Programa de Buenas Prácticas Laborales, las empresas que transan en Mercado Público acreditarán el cumplimiento de la normativa laboral, previsional y protección de la seguridad y salud de sus trabajadores.

En una primera etapa se trabajará con los proveedores que forman parte de la tienda ChileCompra Express, la mayor tienda electrónica del país, que exhibe del orden de 100 mil productos y servicios y que en 2014 generó transacciones que superaron los US$ 2.450 millones de dólares.

El acuerdo entre ambas instituciones también considera el estudio y desarrollo de criterios de evaluación, así como cláusulas que contengan y fomenten elementos sociales y laborales que puedan ser utilizadas en los procedimientos de contratación llevados a cabo por los organismos integrantes de la administración del Estado.

“Es una preocupación permanente de ChileCompra promover un mercado público transparente, inclusivo y que facilite el acceso. Gracias a una flexibilización de los criterios evaluación y a una mayor difusión de los convenios marco, se produjo un fuerte crecimiento en la participación de las empresas en las últimas licitaciones que alimentan el mayor catálogo electrónico del país. Por lo anterior iniciaremos este trabajo con los cerca de 1.600 proveedores que participan de esta tienda, de modo de fortalecer las buenas prácticas laborales”, explicó la directora de ChileCompra, Trinidad Inostroza.

Asimismo, reiteró que de acuerdo al artículo 4° de la Ley de Compras, los organismos públicos deben constatar que las empresas y proveedores que contraten con ellos no registren saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones con trabajadores actuales o en los últimos dos años. En caso de ser adjudicado, los primeros estados de pago deberán ser destinados a pagar tales obligaciones.

Christian Melis, director del Trabajo, señaló que “nuestra institución siempre está buscando nuevas fórmulas para fomentar el cumplimiento de las leyes laborales y previsionales que no sean solamente las tradicionales fiscalizaciones en respuesta a denuncias y la aplicación de multas, porque muchas veces con ello no cambiamos la mala conducta de los empleadores”.

Por ello, agregó, “es que valoramos este convenio con ChileCompra; creemos que estimulará a muchas empresas a aplicar buenas prácticas laborales para así tener mejores posibilidades de contratar con el Estado”.

El Programa de Buenas Prácticas Laborales que será utilizado en este convenio es aplicado autónomamente por la Dirección del Trabajo desde el año 2011. Durante su transcurso ha certificado a 515 empresas que han cumplido con los estándares fijados inicialmente. Ahora el programa será ajustado a los objetivos del convenio firmado hoy.

Asimismo, a través de mecanismos punitivos, el Estado castiga a las empresas incumplidoras de las normas laborales y previsionales. Ello se traduce en la prohibición de dos años para postular a licitaciones públicas a aquellas empresas que han sido condenadas por los tribunales de justicia por prácticas antisindicales.

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