Nueva directiva de compras entrega código de ética a proveedores del Estado
Entre las recomendaciones a quienes le venden a los organismos públicos, se considera no dar regalos a funcionarios y respetar los derechos fundamentales de los trabajadores, como es el caso de estar libre de trabajo infantil y discriminación.
Tras ser sometida a consulta ciudadana, este 2 de febrero quedó publicada la nueva directiva 31 de contratación pública que contiene un código de ética para los proveedores que le venden sus productos y servicios a los organismos del Estado.
El documento busca prevenir la corrupción, considerando que las compras públicas son una de las actividades más vulnerables al mal uso de los recursos públicos. Según la OCDE, el 57% de los casos de soborno tienen relación con las compras gubernamentales.
El código aborda preguntas como:
¿Puedo participar en una licitación si tengo un lazo de parentesco con un comprador público que está efectuando la compra o participa en una comisión evaluadora?
¿Puedo dar regalos a los funcionarios de una institución de la que soy proveedor, aunque sea una libreta?
Esta directiva se suma al código de ética para compradores públicos de mayo de 2017, en el que se recogen en forma didáctica las normas de comportamiento ético que los funcionarios públicos deben tener en las adquisiciones públicas, donde se transan más de US$12 mil millones cada año. Asimismo, la Contraloría General de la República emitió en enero pasado un instructivo para fomentar probidad en las compras públicas que recuerda los artículos y disposiciones legales en donde se obliga a los funcionarios del Estado a cumplir con una conducta intachable y honesta, procurando el buen uso de los recursos públicos.
Decálogo de ética en compras públicas para proveedores del Estado
Recomendaciones transversales, aplicables a todas las etapas de la adquisición:
1.- Los proveedores del Estado deben asumir un rol activo en la lucha contra la corrupción, lo que se traduce en lo siguiente:
No lo haga: los proveedores deben conocer sus derechos y obligaciones como proveedores del Estado y respetarlos.
No lo tolere: los proveedores deben denunciar las prácticas corruptas.
2.- Los proveedores deben respetar los derechos humanos (asegurando que la cadena de producción se encuentre libre de trabajo infantil, de conductas discriminatorias y deben cumplir las obligaciones laborales para con sus trabajadores dependientes).
3.- Los proveedores deben inhibirse de contratar u ofrecer contratar a funcionarios públicos que estén involucrados en los procedimientos de compra en los que participen dichos proveedores.
4.- Los proveedores deben cumplir con sus compromisos asumidos en los pactos de integridad contenidos en las respectivas bases de licitación.
5.- Los proveedores del Estado debieran implementar programas que mitiguen riesgos de corrupción y aseguren buenas prácticas.
Recomendaciones aplicables durante el procedimiento de adquisición:
6.- Una vez publicadas las bases de licitación, los interesados en ofertar deben constatar que no existan situaciones que puedan generar potenciales conflictos de interés (parentescos por consaguinidad o afinidad entre el proveedor y funcionarios, por ejemplo).
7.- Los proveedores deben abstenerse de ejercer influencia o presiones indebidas sobre funcionarios o autoridades de la entidad licitante (no procede que un proveedor se aproveche de un vínculo o cercanía con un funcionario o autoridad pública).
8.- Los proveedores no pueden ofrecer, prometer o entregar donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza a las autoridades o funcionario de la entidad licitante.
9.- Los oferentes no pueden tener ningún tipo de contacto con los funcionarios de la entidad compradora durante la etapa de evaluación, ni entregar en sus ofertas documentación falsa o adulterada.
10.- Los proveedores no deben realizar ninguna conducta que atente contra la libre competencia.
Los organismos públicos cuentan desde ahora con una amplia oferta de vehículos para comprar o arrendar según sus necesidades de funcionamiento o servicio para la ciudadanía.
Durante su visita a la ciudad de Concepción, la directora de ChileCompra, Trinidad Inostroza, informó a los proveedores del rubro energético la apertura de la primera licitación para la compra centralizada de consumo eléctrico para 10 organismos públicos Región del Biobío.
Asimismo, Renato Medina director (s) del Servicio de Salud de Concepción, destacó que esta licitación es la primera compra conjunta interservicio, “es la primera experiencia con la que vamos a adquirir un servicio entre servicios de salud y eso es muy loable porque eso nos va a permitir lograr economías de escala y bajar los precios”. En ese sentido, agregó que esto va en la línea de los esfuerzos que ya han logrado en materia de sustentabilidad como el reemplazo de las calderas carboncillo del Guillermo Grant Benavente y los paneles fotovoltaicos en el recientemente inaugurado Hospital florida, iniciativas que generan “ahorros que nos permiten usar esos recurso en medicamentos e insumos”.
Los reclamos recibidos por el retraso de los organismos públicos en pagar a sus proveedores subieron un 59% en 2017, alcanzando las 35.356 mil quejas. Esto equivale a US$106 millones, según informó ChileCompra.
A nivel de montos, el sector Salud también lidera el ranking concentrando un 55% del total reclamado, equivalente a US$ 58 millones. Asimismo, es secundado por las municipalidades con un 21% de los montos reclamados, esto es, US$23 millones.
La actividad, efectuada el pasado 26 de enero en dependencias del BID en Santiago, contó con diversas entidades invitadas, entre ellas, ChileCompra, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción de México, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado de Perú (OSCE), Perú Compras, Contraloría General de la República del Perú, Colombia Compra Eficiente, Agencia de Compras Públicas de Panamá y la Subsecretaria de Modernización Administrativa de Argentina.
“Lo importante es que blockchain puede coexistir con los registros actuales y en operación en la plataforma transaccional, de forma que su implementación más que suplir contribuye al fortalecimiento de las funcionalidades existentes en la plataforma, dotándolas, sobre todo de una mayor capacidad de seguimiento, monitoreo y seguridad en las operaciones realizadas en ella. Junto con otras herramientas tecnológicas disruptivas como la Inteligencia Artifical, Smart Security y la Inteligencia de Negocios, el Blockchain constituye un elemento que se volverá parte del estándar de la contratación electrónica”, indicó Rodriguez.
“El blockchain contribuye a reducir riesgos de transparencia, corrupción y fraude porque toda la información que ingresa al sistema es completamente trazable y no puede ser alterada sin que otros miembros del sistema puedan detectar dichos cambios. Adicionalmente, la gestión de los registros y las bases de datos es mucho más ágil, lo que permite que la información que se pone a disposición del público esté siempre actualizada y sea fácilmente verificable. Una ventaja más es que en el futuro cercano esta tecnología abrirá las puertas a lo que en el medio de las compras públicas se denomina Smart Contracts, es decir aplicaciones informáticas que facilitan, aseguran y hacen cumplir los acuerdos entre los diferentes actores del sistema de compras públicas, incluyendo a los proveedores, unidades contratantes, encargados de los pagos, etc”, finalizó Ariel Rodriguez.
Las sesiones del Consejo de Sociedad Civil de ChileCompra (Cosoc) partieron el 2018 este miércoles 31 de enero con énfasis en dos temas que son vital importancia en el mundo de las compras públicas: el pago oportuno a proveedores y el acceso a la información.
Asimismo, Inostroza llamó a continuar con el trabajo para mejorar los plazos de pago, que en los siguientes pasos incluye la interoperabilidad entre Mercado Público y SIGFE con la que se vincula la información de ambas plataformas.
También los consejeros conocieron las cifras del 2017 que indican que las transacciones en ChileCompra aumentaron un 20% respecto a 2016, alcanzando los 12.229 millones de dólares, donde las pymes alcanzaron un 59% de participación, una cifra 4 veces superior a su participación en la economía nacional.
