Informes del Observatorio derivan en Investigación Especial de Contraloría Regional del BioBio a Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz

• Tras dos informes emitidos por el Observatorio ChileCompra, la Contraloría Regional del BioBio efectuó una Investigación Especial al Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz con el fin de esclarecer presuntas irregularidades en adjudicaciones y en la contratación de servicios externos para labores propias del hospital.
• Algunas de las irregularidades detectadas refieren a la fragmentación de compras, contratación de servicios vía trato directo para cumplir funciones propias del hospital e, incluso, el uso de personal externo para integrar comisiones evaluadoras.

Producto de una Denuncia Reservada ingresada a través de canal del Observatorio ChileCompra se pudo detectar una serie de irregularidades en la evaluación y adjudicación de la licitación pública ID 1057417-255-LR23, denominada “Servicios Especializados Logísticos para el Departamento de Abastecimiento del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz Los Ángeles”.

La licitación, publicada en julio de 2023 y adjudicada en septiembre del mismo año consideraba la provisión de servicios especializados logísticos para el Departamento de Abastecimiento por un período de nueve meses y un monto de $535 millones. Posteriormente, en julio de 2024, el hospital recurrió a la figura de trato directo con la misma empresa, extendiendo el servicio por tres meses adicionales y por un valor de $172 millones.

La investigación realizada por el Observatorio ChileCompra, dispuesta en el Informe N°1398, en marzo de 2024, constató que el Complejo Asistencial adjudicó la licitación a un proveedor que no cumplió con los documentos exigidos en las bases, motivo por el cual su oferta debió ser declarada inadmisible. Esta situación podría vulnerar lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 41 del Decreto N°250, de 2004, Reglamento de la Ley N° 19.886, que establece que “La Entidad Licitante no podrá adjudicar la licitación a una oferta que no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en las Bases”.

De igual forma, se advierte una posible infracción al principio de estricta sujeción a las bases, contemplado en el artículo 10 de la Ley N° 19.886, que dispone que “Los procedimientos de licitación se realizarán con estricta sujeción, de los participantes y de la entidad licitante, a las bases administrativas y técnicas que la regulen. Asimismo, se concluye que la institución de Salud había contratado mediante licitación pública servicios que corresponden a sus funciones propias como servicio público. Dichas funciones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2° del DFL N° 29 de 2004 (Estatuto Administrativo) y de la jurisprudencia administrativa de Contraloría, deben ser ejecutadas por funcionarios de planta, a contrata o, excepcionalmente, a honorarios (Dictámenes N° 41.226 de 2017 y N° E334157 de 2023).

De manera complementaria, en el marco de la investigación previa realizada, y dadas las atribuciones que le otorga la Ley 19.886 de Compras Pública, el Observatorio ChileCompra, detectó una serie de faltas a la probidad contenidas en el Informe N°1419 de enero de 2025 referidas a un conjunto de contrataciones directas de manera reiterada con el fin de provisionar de personal de diferentes tipos de servicios que cumplen funciones permanentes en el complejo hospitalario.

Investigación Especial por Contraloría Regional del BioBio

Como parte de las facultades de ChileCompra, los informes señalados N°1398 y N°1419 fueron remitidos a la Contraloría Regional del BioBio, entidad fiscalizadora que efectuó la Investigación Especial Nº 777, emitida con fecha 19 de agosto de 2025.

Al revisar los antecedentes, el organismo fiscalizador, constató, entre otros temas: que las funciones contratadas excedían el ámbito de servicios de apoyo y correspondían a potestades propias de la administración pública; que la comisión evaluadora no realizó directamente el análisis de las ofertas, delegando esta función en una persona externa sin calidad de funcionaria pública; y que la oferta adjudicada no cumplía con los requisitos de garantía exigidos en las bases.

Respecto del organismo público investigado, el Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, configuró un eventual fraccionamiento de contrataciones, al licitar inicialmente por nueve meses y luego contratar por trato directo por tres meses adicionales, superando el umbral de 10.000 UTM que obliga al control y Toma de Razón por parte de la Contraloría. Asimismo, se detectó el pago de $12.905.099 por jornadas laborales que no cuentan con respaldo de cumplimiento efectivo, monto por el cual Contraloría formulará el reparo pertinente.

Por lo anterior, la Contraloría Regional ordenó al Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz instruir un proceso disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de los hechos observados, con un plazo de 15 días hábiles para remitir los antecedentes a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía, además de adoptar medidas correctivas en sus procedimientos de compras públicas, asegurando que la evaluación de ofertas sea realizada solo por funcionarios del servicio. Con estas medidas, se busca resguardar el correcto uso de los recursos públicos y asegurar que los procesos de adquisición se desarrollen con probidad, transparencia y apego a la ley.

Comprador, al momento de efectuar tus compras ten en cuenta lo que indica la normativa de compras públicas sobre:

Conformación de Comisiones Evaluadoras: el artículo 54 del Reglamento de Ley de Compras Públicas, dispone que es obligatorio conformar una Comisión Evaluadora en todos los procesos de licitación pública cuando esta supere las 1.000 UTM, o bien, cuando la evaluación de las ofertas “revista gran complejidad”. Por otra parte, la normativa indica que la Comisión Evaluadora debe estar conformada por al menos tres funcionarios públicos, internos o externos, del organismo de la Administración del Estado respectivo o, en su caso, de tres trabajadores de las entidades que no se rijan por las reglas estatutaria, de manera de garantizar la imparcialidad y competencia entre los oferentes. Excepcionalmente, y de manera fundada, podrán integrar esta comisión personas ajenas a las entidades que forman parte de la Administración del Estado, pero limitada siempre en un número inferior a los funcionarios públicos que la integran. 

Fraccionamiento de contrataciones: la Ley 19.886 prohíbe el fraccionamiento de compras con fines de eludir procedimientos de contratación más exigentes. Por lo anterior, el organismo debe planificar los procesos de adquisición con una visión anual o plurianual para evitar dividir contratos que en conjunto superen los umbrales de control (10.000 UTM para toma de razón). En el caso de contratos por montos superiores a las 10.000 UTM (aproximadamente $692.650.000) estos deben ser tomados de razón por parte de la Contraloría.

Supervisión de la correcta ejecución de los contratos: la administración de contratos en organismos públicos es una obligación legal respaldada por la Ley N° 19.886 de Compras Públicas (Art.13 que regula las modificaciones contractuales, multas y términos anticipados). Al respecto, el organismo público contratante debe velar por el debido control y verificación de entregables pactados; asegurar el cumplimiento de plazos y niveles de servicio (SLA); realizar el seguimiento del consumo presupuestario; aplicar sanciones o medidas correctivas cuando sea necesario y llevar el registro de todas las actuaciones contractuales relacionadas al contrato.

Certificación de funcionarias y funcionarios: la Certificación de Compras en Públicas es un proceso obligatorio para los usuarios que operan en la plataforma de Mercado Público. El proceso es 100% online y gratuito, y consta de cursos segmentados por niveles y una prueba final de certificación en donde se miden las competencias para operar en la plataforma transaccional www.mercadopublico.cl.

Asimismo, ChileCompra cuenta con una oferta gratuita de capacitaciones online tanto para compradores como para proveedores que les permite conocer desde lo más general de la normativa hasta profundizar en procedimientos de compras como licitaciones públicas, compras coordinadas, uso de Trato Directo, entre otros

ChileCompra cumple 22 años fortaleciendo la transparencia y modernización de las compras públicas

Este 29 de agosto, la Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra) cumple 22 años desde su creación, consolidándose como un actor fundamental en el uso eficiente y probo de los recursos del Estado. Se trata de un mercado que mueve más de US$ 17.000 millones al año, lo que equivale al 5,3% del PIB, donde las empresas de menor tamaño vendieron en 2024 más de US$ 6.200 millones al Estado.

Durante estas más de dos décadas, ChileCompra ha liderado la modernización del sistema de adquisiciones públicas, impulsando herramientas que promueven la eficiencia, transparencia, y la inclusión de empresas de todos los tamaños en el Mercado Público.

Uno de los hitos más recientes ha sido la implementación de la reforma a la Ley de Compras Públicas 19.886, que marca un cambio estructural en la forma en que los organismos públicos y proveedores participan en los procesos de adquisición.

Entre las medidas destacadas se encuentran:

Compra Ágil con prioridad para pymes: procedimiento que permite a las micro, pequeñas y medianas empresas acceder de manera más sencilla y rápida a las oportunidades de negocio con el Estado. Destaca el crecimiento de este procedimiento de compra que abarca las adquisiciones hasta 100 UTM: entre enero y julio de este año la Compra Ágil generó ventas por US$ 528 millones para las empresas de menor tamaño, un 136% más que en el mismo periodo del año pasado. Además, 30.914 micro y pequeñas empresas transaron en esta modalidad, lo que representa un aumento del 19%.

Prevención de conflictos de interés: a través de inhabilidades que resguardan la probidad de los procesos, garantizando que las decisiones de compra se tomen con imparcialidad y transparencia. En el 2025, se dio un paso clave y pionero a nivel latinoamericano al identificar los beneficiarios finales de los proveedores del Estado. Solo en el primer nivel de la malla societaria ya se han detectado más de 163 mil personas naturales, lo que permite acceder con mayor precisión a quién está realmente detrás de las empresas que contratan con el Estado y fortalecer la detección de conflictos de interés con mayor profundidad y oportunidad. Asimismo, los casos mensuales de potenciales conflictos de interés detectados mediante cruces de datos entre compradores públicos y empresas en las que participan bajaron de 18,7 en 2023 a 5,8 en 2024.

Nuevas exigencias de transparencia: los funcionarios de los organismos compradores deben realizar la Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP) cada seis meses, lo que involucra a más de 60 mil funcionarios. Por parte de los proveedores, estos deben firmar una declaración jurada de beneficiarios finales al registrarse en el sistema, fortaleciendo la rendición de cuentas y la trazabilidad de las adquisiciones.

La nueva Ley de Compras Públicas, vigente desde 2024, otorga a ChileCompra mayores atribuciones para potenciar el cruce automatizado de datos, el uso de inteligencia artificial y el análisis predictivo, anticipando riesgos y fortaleciendo sus capacidades de fiscalización.

Asimismo, desde junio de este año se incorporaron, además, iniciativas claves para una mayor eficiencia:

Plataforma de economía circular, que permite una mayor eficiencia y uso de los recursos, al incorporarse como primero paso en la evaluación de si un organismo debe o no efectuar una compra pública. Se impulsa la sustentabilidad, a través de la transferencia de bienes en desuso, promoviendo la transición hacia modelos de consumo sostenibles.

Nuevos procedimientos de compras para la innovación, que permiten al Estado adquirir soluciones novedosas para desafíos públicos, potenciando la colaboración con el ecosistema emprendedor y tecnológico. Estos son los Contratos para la Innovación, que permiten financiar investigación y desarrollo de soluciones que aún no existen en el mercado. Y los Diálogos Competitivos de Innovación que permiten adaptar soluciones existentes mediante un proceso de diálogo estructurado con proveedores.

Se habilitó asimismo en la nueva plataforma genérica de compras públicas que permite integrar módulos de forma flexible, el módulo de Subasta Inversa Electrónica, nuevo procedimiento de compra tiene el objetivo de generar ahorro y eficiencia de los recursos del Estado, permitiendo que los proveedores puedan competir con sus ofertas compra tiene servicios estandarizados. En este la primera subasta realizada, Carabineros de Chile adquirió lubricantes para vehículos, proceso que cerró con un 52,6% de ahorro con respecto al presupuesto inicial.

Así, la plataforma de Mercado Público se ha adaptado para responder a los nuevos requerimientos, y tanto organismos compradores como proveedores han debido incorporar nuevas prácticas para alinearse con los estándares de probidad y eficiencia.

Respecto de los desafíos en modernización, actualmente se está trabajando en la evolución de la plataforma www.mercadopublico.cl, que hoy opera en un entorno cloud híbrido, combinando servicios on-premise con soluciones alojadas en la nube, permitiendo así mayor flexibilidad y continuidad operativa.

En sus 22 años de historia, ChileCompra ha sido reconocido dentro y fuera del país como un referente en materia de gestión de adquisiciones públicas. Organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han acompañado el proceso de modernización del sistema, validando la experiencia chilena como un modelo a nivel regional y global. La implementación de la información de beneficiarios finales en las compras públicas es considerada inédita a nivel latinoamericano y de alto impacto en la prevención de posibles conflictos de interés, según han reconocido organizaciones internacionales como Open Contracting Partnership y Open Ownership (“Beneficial Ownership in Chile’s public procurement reform” https://www.open-contracting.org/resources/casestudy-bot-pp-chile/).

Asimismo, desde abril de este año preside la Alianza Anticorrupción UNCAC-Chile, que aúna a más de 40 organizaciones públicos y privadas en torno a acciones de prevención y combate contra la corrupción.