Open Contracting Partnership destaca a Chile como ejemplo a seguir en compras públicas de IA

La organización resaltó la política nacional sobre el uso de inteligencia artificial y  la directiva de compra realizada en conjunto por ChileCompra y la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) en el marco del proyecto de algoritmos éticos, la cuál se encuentra en proceso de actualización tras las modificaciones a la ley que rige las contrataciones con el Estado chileno.

Revisa el reporte completo (en inglés).

Open Contracting Partnership (OCP), organización internacional que promueve estándares abiertos en materia de contratación pública, destacó a Chile por sus medidas para promover el uso responsable y ético de la IA en el gobierno, incluyendo cómo adquirirla con éxito.

En ese sentido, en un artículo publicado en su sitio web, la OCP enfatiza tanto en la política nacional sobre el uso de la IA en el gobierno, publicada en el 2021, como en la directiva de compra lanzada en el 2023, realizada en conjunto por ChileCompra y la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) en el marco del proyecto de algoritmos éticos.

La política se enfoca especialmente en la gobernanza y la ética de la implementación de la IA, junto con otras consideraciones prácticas. “Según las directrices del país para el uso de la IA en entidades públicas, esta debe centrarse en las necesidades del público, y los compradores deben evaluar si es la solución tecnológica más adecuada para satisfacer estas necesidades, promoviendo al mismo tiempo la eficiencia gubernamental. Un plan de acción correspondiente incluye objetivos específicos para modernizar los procesos de contratación pública para la adquisición de IA, incluyendo la creación de un marco regulatorio y la capacitación de funcionarios públicos para mejorar la eficiencia y eficacia de la adquisición de IA, así como la exploración de cómo integrar principios responsables y éticos en la adquisición de IA” señala la OCP.

En cuanto a la directiva de compra de proyectos de ciencia de datos e inteligencia artificial, Open Contracting Partnership señala que esta ofrece recomendaciones específicas sobre cómo adquirir IA, al mismo tiempo que aborda los riesgos más comunes. “Incluye las preguntas clave y las acciones pertinentes a tomar en cada etapa del proceso de contratación, desde la investigación del problema y la propuesta de una solución hasta la gestión de la ejecución del contrato. La directiva también incluye el papel fundamental de los datos y recomienda el mapeo de las fuentes de datos disponibles y su calidad como parte del proceso. Asimismo, ofrece flexibilidad, con la capacidad de definir cláusulas y diferenciarlas según el proyecto. El objetivo: ayudar a ofrecer soluciones más orientadas a los resultados y no estandarizadas por el servicio y el proveedor adquiridos”, indica la OCP respecto a las recomendaciones que se encuentran en proceso de actualización tras las últimas modificaciones a la Ley de Compras Públicas.

Finalmente, recogiendo palabras de Romina Garrido, directora interina de GobLab, quien coordinó el proyecto de Algoritmos Éticos con ChileCompra, el artículo menciona lecciones clave en la compra de IA:

– Enfoque en el problema: Lo importante es la descripción del problema, no centrarse en una solución específica.

– Un enfoque multidisciplinario: Una contratación exitosa de IA requiere un equipo diverso con experiencia en ciencia de datos, contratación pública y ética.

– La calidad de los datos es fundamental: La calidad de los datos utilizados para entrenar modelos de IA es importante. Los datos deben ser precisos, imparciales y representativos.

– Flexibilidad y adaptabilidad: Dado el rápido ritmo de desarrollo de la IA, los procesos de contratación deben ser lo suficientemente flexibles como para adaptarse a nuevas tecnologías y enfoques, y evitar quedar limitados a una solución específica.

– Preparación para el mercado: Uno de los mayores desafíos ha sido la falta de preparación del mercado. Muchos proveedores potenciales, incluso los grandes, desconocían los conceptos de ética en IA y los requisitos asociados.  

– Monitoreo y evaluación continuos: Es necesario introducir nuevos requisitos con responsabilidad y rendición de cuentas, garantizando la apertura del algoritmo.

Contraloría General de la República y ChileCompra suscriben convenio para fortalecer la probidad en compras públicas mediante cruce de datos

El acuerdo permite el intercambio seguro de información clave entre ambas instituciones para reforzar la detección de conflictos de interés en las contrataciones públicas.

La Contraloría General de la República y ChileCompra firmaron un nuevo convenio de colaboración que fortalece el trabajo conjunto que ambas instituciones desarrollan hace más de una década. El objetivo: reforzar los mecanismos de control y prevención de la corrupción en los procesos de compras públicas, mediante el intercambio automatizado y seguro de datos.

Este convenio se enmarca en la reciente reforma a la Ley N°19.886, que incorpora nuevas prohibiciones para contratar con el Estado, tales como vínculos con funcionarios públicos, sus familiares directos o sociedades en las que tengan participación o beneficio final.

Gracias a este acuerdo, la Contraloría pondrá a disposición de ChileCompra la información contenida en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER), permitiendo así identificar posibles conflictos de interés de forma más eficaz.

Por su parte, ChileCompra entregará datos generados por la plataforma www.mercadopublico.cl, incluyendo:

• Registros de funcionarios que participan en procesos de contratación,
• Información del Registro de Proveedores del Estado, y
• Datos de beneficiarios finales de las empresas proveedoras.

Este nuevo intercambio complementa el acceso que tiene la Contraloría, desde 2011, a la plataforma de Mercado Público, donde puede revisar en línea las compras realizadas por los organismos del Estado, que superan los US$17 mil millones anuales, equivalente a más del 5,3% del PIB.

Avance concreto en control preventivo

Con la firma de este convenio se operacionaliza el cruce de datos exigido por la nueva
legislación, facilitando la verificación del cumplimiento de las nuevas prohibiciones de contratación y el deber de abstención de funcionarios públicos. Esto garantiza una mayor transparencia e imparcialidad en todas las etapas del proceso de compra.

La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, subrayó que “esto nos permite seguir impulsando la prevención, haciendo que esto llegue a todos los lugares. Cuando unos pocos funcionarios cometen actos fuera de la probidad, manchan a todos los que responsablemente cumplen con la función pública. La integridad no es solo una obligación del Estado, sino que también de cada uno de los funcionarios. Hay que actuar para que la probidad y la integridad llegue a todas nuestras acciones, por eso, este convenio va en dicha línea”.

Por su parte, la directora de ChileCompra y presidenta de la Alianza Anticorrupción UNCAC Chile, Verónica Valle, señaló que “Este convenio fortalece el combate contra la corrupción que venimos desarrollando en alianza con la Contraloría. Compartimos información tanto en línea como a través de los informes periódicos de nuestro Observatorio. En los últimos meses, hemos dado un paso pionero a nivel latinoamericano en la identificación de beneficiarios finales de proveedores del Estado, lo que ha permitido detectar más de 163 mil personas naturales tan solo en el primer nivel de la malla societaria. Gracias a ello, hoy sabemos quién está realmente detrás de las empresas que contratan con el Estado, cerrando la puerta a empresas de papel o estructuras poco claras”.

Trabajo conjunto con foco en prevención
El acuerdo también considera mesas de trabajo conjuntas y capacitaciones técnicas, para alinear criterios, compartir metodologías y buenas prácticas, con miras a fortalecer el control interno y la transparencia institucional.

En paralelo, la nueva Ley de Compras Públicas, vigente desde 2024, otorga a ChileCompra mayores atribuciones para potenciar el cruce automatizado de datos, el uso de inteligencia artificial y el análisis predictivo, anticipando riesgos y fortaleciendo sus capacidades de fiscalización. El impacto de estas medidas ya es evidente. Según cifras del Observatorio ChileCompra, los casos mensuales de potenciales conflictos de interés detectados mediante cruces de datos entre compradores públicos y empresas en las que participan bajaron de 18,7 en 2023 a 5,8 en 2024.

Compromiso con la ciudadanía y la integridad pública
Toda la información intercambiada entre ambas instituciones estará sujeta a estrictos estándares de seguridad, confidencialidad y protección de datos personales, conforme a la legislación vigente.

Con este convenio, la Contraloría General de la República y ChileCompra reafirman su compromiso con el uso eficiente y probo de los recursos públicos, en beneficio directo de la ciudadanía. Asimismo, esta iniciativa da cumplimiento a la medida N°73 de la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP), que busca impulsar la interoperabilidad de datos entre instituciones del Estado para detectar, alertar y prevenir oportunamente conflictos de interés en los procesos de contratación pública.

Informes del Observatorio derivan en Investigación Especial de Contraloría Regional del BioBio a Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz

• Tras dos informes emitidos por el Observatorio ChileCompra, la Contraloría Regional del BioBio efectuó una Investigación Especial al Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz con el fin de esclarecer presuntas irregularidades en adjudicaciones y en la contratación de servicios externos para labores propias del hospital.
• Algunas de las irregularidades detectadas refieren a la fragmentación de compras, contratación de servicios vía trato directo para cumplir funciones propias del hospital e, incluso, el uso de personal externo para integrar comisiones evaluadoras.

Producto de una Denuncia Reservada ingresada a través de canal del Observatorio ChileCompra se pudo detectar una serie de irregularidades en la evaluación y adjudicación de la licitación pública ID 1057417-255-LR23, denominada “Servicios Especializados Logísticos para el Departamento de Abastecimiento del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz Los Ángeles”.

La licitación, publicada en julio de 2023 y adjudicada en septiembre del mismo año consideraba la provisión de servicios especializados logísticos para el Departamento de Abastecimiento por un período de nueve meses y un monto de $535 millones. Posteriormente, en julio de 2024, el hospital recurrió a la figura de trato directo con la misma empresa, extendiendo el servicio por tres meses adicionales y por un valor de $172 millones.

La investigación realizada por el Observatorio ChileCompra, dispuesta en el Informe N°1398, en marzo de 2024, constató que el Complejo Asistencial adjudicó la licitación a un proveedor que no cumplió con los documentos exigidos en las bases, motivo por el cual su oferta debió ser declarada inadmisible. Esta situación podría vulnerar lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 41 del Decreto N°250, de 2004, Reglamento de la Ley N° 19.886, que establece que “La Entidad Licitante no podrá adjudicar la licitación a una oferta que no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en las Bases”.

De igual forma, se advierte una posible infracción al principio de estricta sujeción a las bases, contemplado en el artículo 10 de la Ley N° 19.886, que dispone que “Los procedimientos de licitación se realizarán con estricta sujeción, de los participantes y de la entidad licitante, a las bases administrativas y técnicas que la regulen. Asimismo, se concluye que la institución de Salud había contratado mediante licitación pública servicios que corresponden a sus funciones propias como servicio público. Dichas funciones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2° del DFL N° 29 de 2004 (Estatuto Administrativo) y de la jurisprudencia administrativa de Contraloría, deben ser ejecutadas por funcionarios de planta, a contrata o, excepcionalmente, a honorarios (Dictámenes N° 41.226 de 2017 y N° E334157 de 2023).

De manera complementaria, en el marco de la investigación previa realizada, y dadas las atribuciones que le otorga la Ley 19.886 de Compras Pública, el Observatorio ChileCompra, detectó una serie de faltas a la probidad contenidas en el Informe N°1419 de enero de 2025 referidas a un conjunto de contrataciones directas de manera reiterada con el fin de provisionar de personal de diferentes tipos de servicios que cumplen funciones permanentes en el complejo hospitalario.

Investigación Especial por Contraloría Regional del BioBio

Como parte de las facultades de ChileCompra, los informes señalados N°1398 y N°1419 fueron remitidos a la Contraloría Regional del BioBio, entidad fiscalizadora que efectuó la Investigación Especial Nº 777, emitida con fecha 19 de agosto de 2025.

Al revisar los antecedentes, el organismo fiscalizador, constató, entre otros temas: que las funciones contratadas excedían el ámbito de servicios de apoyo y correspondían a potestades propias de la administración pública; que la comisión evaluadora no realizó directamente el análisis de las ofertas, delegando esta función en una persona externa sin calidad de funcionaria pública; y que la oferta adjudicada no cumplía con los requisitos de garantía exigidos en las bases.

Respecto del organismo público investigado, el Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, configuró un eventual fraccionamiento de contrataciones, al licitar inicialmente por nueve meses y luego contratar por trato directo por tres meses adicionales, superando el umbral de 10.000 UTM que obliga al control y Toma de Razón por parte de la Contraloría. Asimismo, se detectó el pago de $12.905.099 por jornadas laborales que no cuentan con respaldo de cumplimiento efectivo, monto por el cual Contraloría formulará el reparo pertinente.

Por lo anterior, la Contraloría Regional ordenó al Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz instruir un proceso disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de los hechos observados, con un plazo de 15 días hábiles para remitir los antecedentes a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía, además de adoptar medidas correctivas en sus procedimientos de compras públicas, asegurando que la evaluación de ofertas sea realizada solo por funcionarios del servicio. Con estas medidas, se busca resguardar el correcto uso de los recursos públicos y asegurar que los procesos de adquisición se desarrollen con probidad, transparencia y apego a la ley.

Comprador, al momento de efectuar tus compras ten en cuenta lo que indica la normativa de compras públicas sobre:

Conformación de Comisiones Evaluadoras: el artículo 54 del Reglamento de Ley de Compras Públicas, dispone que es obligatorio conformar una Comisión Evaluadora en todos los procesos de licitación pública cuando esta supere las 1.000 UTM, o bien, cuando la evaluación de las ofertas “revista gran complejidad”. Por otra parte, la normativa indica que la Comisión Evaluadora debe estar conformada por al menos tres funcionarios públicos, internos o externos, del organismo de la Administración del Estado respectivo o, en su caso, de tres trabajadores de las entidades que no se rijan por las reglas estatutaria, de manera de garantizar la imparcialidad y competencia entre los oferentes. Excepcionalmente, y de manera fundada, podrán integrar esta comisión personas ajenas a las entidades que forman parte de la Administración del Estado, pero limitada siempre en un número inferior a los funcionarios públicos que la integran. 

Fraccionamiento de contrataciones: la Ley 19.886 prohíbe el fraccionamiento de compras con fines de eludir procedimientos de contratación más exigentes. Por lo anterior, el organismo debe planificar los procesos de adquisición con una visión anual o plurianual para evitar dividir contratos que en conjunto superen los umbrales de control (10.000 UTM para toma de razón). En el caso de contratos por montos superiores a las 10.000 UTM (aproximadamente $692.650.000) estos deben ser tomados de razón por parte de la Contraloría.

Supervisión de la correcta ejecución de los contratos: la administración de contratos en organismos públicos es una obligación legal respaldada por la Ley N° 19.886 de Compras Públicas (Art.13 que regula las modificaciones contractuales, multas y términos anticipados). Al respecto, el organismo público contratante debe velar por el debido control y verificación de entregables pactados; asegurar el cumplimiento de plazos y niveles de servicio (SLA); realizar el seguimiento del consumo presupuestario; aplicar sanciones o medidas correctivas cuando sea necesario y llevar el registro de todas las actuaciones contractuales relacionadas al contrato.

Certificación de funcionarias y funcionarios: la Certificación de Compras en Públicas es un proceso obligatorio para los usuarios que operan en la plataforma de Mercado Público. El proceso es 100% online y gratuito, y consta de cursos segmentados por niveles y una prueba final de certificación en donde se miden las competencias para operar en la plataforma transaccional www.mercadopublico.cl.

Asimismo, ChileCompra cuenta con una oferta gratuita de capacitaciones online tanto para compradores como para proveedores que les permite conocer desde lo más general de la normativa hasta profundizar en procedimientos de compras como licitaciones públicas, compras coordinadas, uso de Trato Directo, entre otros

ChileCompra cumple 22 años fortaleciendo la transparencia y modernización de las compras públicas

Este 29 de agosto, la Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra) cumple 22 años desde su creación, consolidándose como un actor fundamental en el uso eficiente y probo de los recursos del Estado. Se trata de un mercado que mueve más de US$ 17.000 millones al año, lo que equivale al 5,3% del PIB, donde las empresas de menor tamaño vendieron en 2024 más de US$ 6.200 millones al Estado.

Durante estas más de dos décadas, ChileCompra ha liderado la modernización del sistema de adquisiciones públicas, impulsando herramientas que promueven la eficiencia, transparencia, y la inclusión de empresas de todos los tamaños en el Mercado Público.

Uno de los hitos más recientes ha sido la implementación de la reforma a la Ley de Compras Públicas 19.886, que marca un cambio estructural en la forma en que los organismos públicos y proveedores participan en los procesos de adquisición.

Entre las medidas destacadas se encuentran:

Compra Ágil con prioridad para pymes: procedimiento que permite a las micro, pequeñas y medianas empresas acceder de manera más sencilla y rápida a las oportunidades de negocio con el Estado. Destaca el crecimiento de este procedimiento de compra que abarca las adquisiciones hasta 100 UTM: entre enero y julio de este año la Compra Ágil generó ventas por US$ 528 millones para las empresas de menor tamaño, un 136% más que en el mismo periodo del año pasado. Además, 30.914 micro y pequeñas empresas transaron en esta modalidad, lo que representa un aumento del 19%.

Prevención de conflictos de interés: a través de inhabilidades que resguardan la probidad de los procesos, garantizando que las decisiones de compra se tomen con imparcialidad y transparencia. En el 2025, se dio un paso clave y pionero a nivel latinoamericano al identificar los beneficiarios finales de los proveedores del Estado. Solo en el primer nivel de la malla societaria ya se han detectado más de 163 mil personas naturales, lo que permite acceder con mayor precisión a quién está realmente detrás de las empresas que contratan con el Estado y fortalecer la detección de conflictos de interés con mayor profundidad y oportunidad. Asimismo, los casos mensuales de potenciales conflictos de interés detectados mediante cruces de datos entre compradores públicos y empresas en las que participan bajaron de 18,7 en 2023 a 5,8 en 2024.

Nuevas exigencias de transparencia: los funcionarios de los organismos compradores deben realizar la Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP) cada seis meses, lo que involucra a más de 60 mil funcionarios. Por parte de los proveedores, estos deben firmar una declaración jurada de beneficiarios finales al registrarse en el sistema, fortaleciendo la rendición de cuentas y la trazabilidad de las adquisiciones.

La nueva Ley de Compras Públicas, vigente desde 2024, otorga a ChileCompra mayores atribuciones para potenciar el cruce automatizado de datos, el uso de inteligencia artificial y el análisis predictivo, anticipando riesgos y fortaleciendo sus capacidades de fiscalización.

Asimismo, desde junio de este año se incorporaron, además, iniciativas claves para una mayor eficiencia:

Plataforma de economía circular, que permite una mayor eficiencia y uso de los recursos, al incorporarse como primero paso en la evaluación de si un organismo debe o no efectuar una compra pública. Se impulsa la sustentabilidad, a través de la transferencia de bienes en desuso, promoviendo la transición hacia modelos de consumo sostenibles.

Nuevos procedimientos de compras para la innovación, que permiten al Estado adquirir soluciones novedosas para desafíos públicos, potenciando la colaboración con el ecosistema emprendedor y tecnológico. Estos son los Contratos para la Innovación, que permiten financiar investigación y desarrollo de soluciones que aún no existen en el mercado. Y los Diálogos Competitivos de Innovación que permiten adaptar soluciones existentes mediante un proceso de diálogo estructurado con proveedores.

Se habilitó asimismo en la nueva plataforma genérica de compras públicas que permite integrar módulos de forma flexible, el módulo de Subasta Inversa Electrónica, nuevo procedimiento de compra tiene el objetivo de generar ahorro y eficiencia de los recursos del Estado, permitiendo que los proveedores puedan competir con sus ofertas compra tiene servicios estandarizados. En este la primera subasta realizada, Carabineros de Chile adquirió lubricantes para vehículos, proceso que cerró con un 52,6% de ahorro con respecto al presupuesto inicial.

Así, la plataforma de Mercado Público se ha adaptado para responder a los nuevos requerimientos, y tanto organismos compradores como proveedores han debido incorporar nuevas prácticas para alinearse con los estándares de probidad y eficiencia.

Respecto de los desafíos en modernización, actualmente se está trabajando en la evolución de la plataforma www.mercadopublico.cl, que hoy opera en un entorno cloud híbrido, combinando servicios on-premise con soluciones alojadas en la nube, permitiendo así mayor flexibilidad y continuidad operativa.

En sus 22 años de historia, ChileCompra ha sido reconocido dentro y fuera del país como un referente en materia de gestión de adquisiciones públicas. Organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han acompañado el proceso de modernización del sistema, validando la experiencia chilena como un modelo a nivel regional y global. La implementación de la información de beneficiarios finales en las compras públicas es considerada inédita a nivel latinoamericano y de alto impacto en la prevención de posibles conflictos de interés, según han reconocido organizaciones internacionales como Open Contracting Partnership y Open Ownership (“Beneficial Ownership in Chile’s public procurement reform” https://www.open-contracting.org/resources/casestudy-bot-pp-chile/).

Asimismo, desde abril de este año preside la Alianza Anticorrupción UNCAC-Chile, que aúna a más de 40 organizaciones públicos y privadas en torno a acciones de prevención y combate contra la corrupción.

Comité de Compra Pública de Innovación y Sustentabilidad aprobó guía para mejorar servicios del Estado a través de estos procesos

Nueva herramienta orienta a los organismos públicos en la identificación de problemas que afectan a la ciudadanía y cómo resolverlos con soluciones innovadoras, en el marco de la reforma a la Ley de Compras Públicas.
Nueva Guía “Orientaciones en CPI para compradores del Estado”

El Comité de Compra Pública de Innovación y Sustentabilidad —instancia de colaboración público-privada creada por la ley que moderniza el sistema de compras públicas (Ley N° 21.634)— aprobó en su última sesión el documento “Orientaciones en CPI para compradores del Estado”, que permite guiar a los distintos organismos desde que se identifica un problema que pueda ser abordado mediante un proceso de este tipo hasta la selección del mecanismo más adecuado.

Esta guía cumple un rol de acompañamiento y soporte que precede a la asistencia técnica interministerial que se otorgará tanto en la modalidad de Contratos para la Innovación como de los Diálogos Competitivos de Innovación. Está disponible en https://www.chilecompra.cl/cpi/

“Las compras públicas de innovación buscan resolver problemas que enfrentan las instituciones, para los cuales no hay una solución disponible en el mercado. Con esta guía, damos un paso clave para acelerar soluciones concretas, eficientes y sostenibles con foco en la mejora de la experiencia ciudadana, mediante la entrega de lineamientos prácticos”, destaca la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, quien preside el Comité.

Por su parte, Verónica Valle, directora de ChileCompra, precisa que “la guía entrega una hoja de ruta clara para que los servicios públicos actúen frente a desafíos que afectan directamente a las personas. Con esta política, ponemos las necesidades ciudadanas en el centro del proceso de compra pública”.

Innovación, eje de la reforma de compras públicas

La Compra Pública de Innovación (CPI) fue incorporada como un nuevo eje estratégico en la reforma a la Ley de Compras Públicas que empezó a regir a fines de 2023. Desde junio de 2025 están disponibles en www.mercadopublico.cl dos procedimientos específicos de compra que permiten a los organismos abordar desafíos complejos con enfoque innovador:

• Contratos para la Innovación: financian investigación y desarrollo de soluciones que aún no existen en el mercado.
• Diálogo Competitivo de Innovación: permite adaptar soluciones existentes mediante un proceso de diálogo estructurado con proveedores.

Ambos procedimientos cuentan con acompañamiento técnico interministerial, lo que facilita su implementación y reduce las barreras para innovar dentro del sector público.

Tres áreas clave con impacto en la ciudadanía

El Comité CPI definió tres áreas estratégicas donde el Estado enfocará sus esfuerzos de innovación, todas con alto impacto en la calidad de vida de las personas:

• Transformación digital, para trámites más eficientes y modernos.
• Mejora de la experiencia usuaria, con servicios más accesibles y centrados en la ciudadanía.
• Cuidado del medio ambiente, con soluciones alineadas a la sostenibilidad y reducción de la huella de carbono.

El Comité de Compras Públicas de Innovación y Sustentabilidad fue creado como parte de la implementación de la reforma. Está presidido por la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner; e integrado por la subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Javiera Petersen; el subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño; el subsecretario de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Cristián Cuevas; y cuatro expertos y expertas: Marcela Angulo, directora de la Unidad de Santiago de la Universidad de Concepción; Alan García, director ejecutivo de Sofofa Hub; Julia Vergara, jefa de Innovación y Emprendimiento de la Cámara de Comercio de Santiago; y Andrés Zahler, profesor de la Universidad Diego Portales. Verónica Valle, directora de ChileCompra, ejerce la secretaría técnica.

Sus funciones son:

• Asesorar a los organismos del Estado y a ChileCompra en las adquisiciones de bienes y servicios innovadores que involucren procesos de investigación y desarrollo (I+D), y en la identificación de necesidades públicas que puedan ser satisfechas a través de soluciones innovadoras.
• Evaluar el funcionamiento de la Compra Pública de Innovación (CPI), la incorporación de criterios de sustentabilidad en las compras del Estado y la implementación de la Ley de Economía Circular.
• Aprobar la Política de Compra Pública de Innovación, velando por su correcta aplicación y evolución, con énfasis en la innovación y la sustentabilidad.
• Aprobar las normas necesarias para su funcionamiento.

Miembros de la Alianza Anticorrupción participan en Balance Participativo de la Estrategia Nacional de Integridad Pública

En su rol de presidenta de la Alianza Uncac-Chile, la directora de ChileCompra, Verónica Valle, destacó a Chile como el único país de la región que cuenta con una plataforma como la Alianza Anticorrupción, que reúne a más de 40 organismos públicos y privados en la lucha contra la corrupción e instó a las organizaciones miembro a potenciar la innovación y el uso de nuevas tecnologías para el combate a la corrupción y la promoción de la integridad

Este viernes 22 de agosto se realizó la primera jornada de Balance Participativo de la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP), organizada por la Comisión de Integridad Pública y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. La actividad reunió a autoridades y representantes de instituciones miembros de la Alianza Anticorrupción UNCAC-Chile, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de la cultura de integridad y la lucha contra la corrupción en el país.

La apertura estuvo encabezada por la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos; la contralora general de la República, Dorothy Pérez; la directora de ChileCompra y presidenta de la Alianza Anticorrupción UNCAC-Chile, Verónica Valle; y la representante residente del PNUD, Giogiana Braga-Orillard.

La ministra Lobos destacó el valor de la ENIP como una hoja de ruta para construir y mantener la confianza en las instituciones públicas. Subrayó que el combate a la corrupción requiere de “un enfoque estratégico, sostenible y eficaz, con alianzas entre los órganos del Estado, el sector privado, la academia y la sociedad civil”.

En tanto, la contralora Dorothy Pérez valoró la incorporación de la ENIP como línea de trabajo dentro de la Alianza Anticorrupción UNCAC-Chile, señalando que ello garantiza continuidad más allá de los gobiernos de turno. “Hay que seguir actuando para que la probidad y la integridad cubran todas nuestras acciones cotidianas”, afirmó.

Por su parte, Verónica Valle enfatizó la importancia de la coordinación y la confianza entre los más de 40 actores públicos y privados que integran la Alianza. Subrayó, además, que Chile es el único país de la región que articula una alianza público-privada anticorrupción, lo que refleja un compromiso único y pionero en la materia. También destacó el rol de la tecnología en la modernización de los mecanismos de control: “Estamos avanzando en inteligencia artificial, análisis avanzado de datos y digitalización como aliados estratégicos para anticipar riesgos y aumentar la transparencia”, señaló.

La jornada participativa se enmarcó en los nuevos estatutos de la UNCAC-Chile, que reconocen a la ENIP como eje estructural de la lucha contra la corrupción en el país. En esta línea, Valeria Lübbert, secretaria ejecutiva de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia, relevó la importancia de mantener el carácter transversal de la política y de fortalecer su implementación en un espacio multiactor.

Mesas de trabajo

La actividad incluyó un taller con mesas de trabajo que convocó a representantes de instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil integrantes de la Alianza, junto a organizaciones invitadas responsables de medidas de la ENIP.

El objetivo fue aunar esfuerzos para avanzar en la implementación de la Estrategia, que al 30 de julio de 2025 registra un 58,1% de cumplimiento promedio. Entre los temas abordados estuvieron la priorización de proyectos de ley vinculados a la ENIP, el impulso de medidas administrativas pendientes y la incorporación de nuevas iniciativas que fortalezcan esta política pública de integridad.

Denuncia investigada por el Observatorio revela posible adjudicación dirigida

• Producto de una Denuncia Reservada ingresada a través de canal del Observatorio ChileCompra se pudo detectar una serie de irregularidades en proceso de licitación pública en torno al contacto previo con un oferente en particular, lo que habría derivado en una adjudicación dirigida hacia un proveedor, transgrediendo la normativa vigente.  
• Por su parte, la Contraloría Regional de la Araucanía instruyó un procedimiento disciplinario que debe cumplir el organismo investigado.

El Observatorio de ChileCompra, tras una denuncia recibida mediante su canal de denuncia reservada, detectó una serie de irregularidades en la licitación ID 3799-16-LE24, realizada por la Municipalidad de Purén para la “Producción Documental Programa Quiero Mi Barrio”.

Tal como lo establece en su Informe N°1477, se detectaron múltiples indicios de un eventual incumplimiento a la normativa de compras públicas. Entre ellos, la evidencia de solicitud de cotización a un potencial oferente realizada por fuera de la plataforma de Mercado Público; que el requerimiento técnico incluía contenidos no atingentes y que parecían proceder de la propuesta de un proveedor; criterios de evaluación no definidos; la asignación no fundamentada de puntajes a los oferentes que se presentaron al proceso; y la inadecuada respuesta a reclamo presentado en relación con la evaluación.

En la revisión de antecedentes revisados por el Observatorio, el hallazgo clave se relaciona a la existencia de un contacto previo con el proveedor que finalmente resultó adjudicado, mediante la solicitud de una cotización realizada a través de correo electrónico y por fuera de la plataforma www.mercadopublico.cl. Este contacto informal, previo a la publicación de la licitación, vulnera el principio de transparencia y la obligación de realizar todos los procesos a través de los sistemas electrónicos de ChileCompra.

Por otra parte, el proceso de licitación ID 3799-16-LE24 no consideró la resolución aprobatoria de las bases de licitación y los requerimientos técnicos consideraron formato y contenido casi idéntico al de la propuesta técnica presentada posteriormente por la empresa finalmente adjudicada, lo que sugiere que las bases fueron elaboradas a partir de la oferta de un proveedor específico, contraviniendo la normativa en tanto probidad y libre competencia. Asimismo, las bases de licitación carecían de claridad y objetividad en relación con los criterios de evaluación.

Finalmente, ante un reclamo de otro oferente, la municipalidad entregó una respuesta vaga y confusa que no ajustó ni modificó las bases, validando un resultado sin transparentar el mecanismo de evaluación aplicado.

Instrucciones de la Contraloría Regional

Como parte de las facultades de ChileCompra, el Informe N°1477 fue remitido a la Contraloría General de la República, entidad fiscalizadora que, una vez revisados los antecedentes, emitió el oficio E67444 / 2025, el que da cuenta que, la Municipalidad de Purén utilizó la cotización de un potencial oferente sin que esta fuera requerida a través del Sistema de Información. Asimismo, constata que las bases de la licitación no fueron aprobadas mediante acto administrativo, razón por la cual dicho documento no fue publicado en  www.mercadopublico.cl, contraviniendo el decreto N° 250, de 2004, que establece que las bases de cada licitación deben ser aprobadas mediante el acto administrativo de la autoridad competente.

Por otra parte, el oficio de Contraloría establece que los requerimientos técnicos son imprecisos, los cuales fueron elaborados a partir de la cotización presentada previamente por el proveedor antes del llamado y del cual resultó ser adjudicado con máximo puntaje sin fundamentación. Además, el ente fiscalizador agrega que “De igual forma, tampoco se establece formalmente el comité de evaluación por parte del municipio, no siendo posible distinguir la evaluación realizada por cada uno de sus miembros, siendo esta información insuficiente para fundamentar la decisión de adjudicación del concurso”.

Respecto del reclamo INC-874027-N6X2C0 recibido en relación con el proceso de licitación, se advierte que el reclamo no fue atendido debidamente por la Municipalidad de Purén, dado que la respuesta no apuntó a ajustar o modificar los criterios de evaluación mal definidos, ni tampoco a revisar las bases, sino más bien validó el resultado sin explicitar la forma de cálculo finalmente aplicada.

Como resultado de estos hallazgos, la Contraloría Regional de la Araucanía ofició a la Municipalidad de Purén para que instruya un procedimiento disciplinario y tome las medidas correspondientes.

Recomendaciones generales en procesos de licitaciones públicas

Para prevenir futuras irregularidades, el Observatorio ChileCompra recomienda:

1. Evitar contactos informales con potenciales proveedores

Todas las cotizaciones y consultas deben realizarse a través de los canales formales del sistema. La normativa, en su artículo 18, inciso primero, de la ley N° 19.886, señala que los organismos públicos regidos por esta ley deberán cotizar, licitar, contratar, adjudicar, solicitar el despacho y, en general, desarrollar todos sus procesos de adquisición y contratación de bienes, servicios y obras a que alude la presente ley, utilizando solamente los sistemas electrónicos o digitales que establezca al efecto la Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra).

• Utilizar las Consultas al Mercado (RFI) para investigar el mercado

Se debe tener en cuenta lo referido a la Transparencia en la precompra Capítulo VII, artículo 35 bis (modificación de ley diciembre 2024) que señala que los organismos del Estado deberán previamente obtener y analizar información acerca de las características técnicas de los bienes o servicios requeridos, de sus precios, de los costos asociados, considerando el ciclo de vida útil del bien a adquirir, o de cualquier otra característica relevante que requieran. Si para ello es indispensable hacer consultas a terceros ajenos a los organismos del Estado, éstas deberán efectuarse mediante una Consulta Pública a través de www.mercadopublico.cl. Las Consultas al Mercado (RFI) son una herramienta que permite a cualquier usuario comprador efectuar procesos formales de consultas o reuniones con los proveedores, antes de la elaboración de las bases de licitación. Estos se convocan a través de llamados públicos y abiertos, a través del portal www.mercadopublico.cl, con el objetivo de obtener información acerca de mercado, precios y características de los bienes o servicios requeridos, u otros aspectos que se requieran a modo de retroalimentación, para elaborar de la manera más completa y precisa posible las bases de licitación.

• Elaboración de bases de licitación claras y objetivas para garantizar la igualdad de condiciones para todos los oferentes.

Las bases de licitación establecen todas las condiciones, requisitos y procedimientos que las empresas (o “oferentes”) deben cumplir para participar y presentar sus propuestas. Su objetivo principal es asegurar la transparencia, la competencia justa y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Las bases de licitación deben contemplar los siguientes contenidos mínimos obligatorios:

• Requisitos y condiciones de los oferentes: Esto incluye lo que se le pide a las empresas para que sus ofertas sean aceptadas (por ejemplo, documentos legales, experiencia, solvencia económica).
• Especificaciones de los bienes o servicios: Deben ser lo más genéricas posible, sin hacer referencia a marcas específicas, para fomentar la competencia. Por ejemplo, en lugar de pedir “Laptop marca X modelo Y”, se debería pedir “Laptop con procesador de al menos Z GHz, memoria RAM de al menos W GB y disco duro de al menos V TB”.
• Mecanismo de evaluación: Cómo se van a evaluar las ofertas, qué criterios se usarán (precio, calidad, plazos de entrega, experiencia, sustentabilidad, etc.) y cómo se ponderarán. Esto es vital para que los oferentes sepan cómo competir y para que la evaluación sea objetiva.
• Causales de inadmisibilidad, declaración de desierta y abandono: Se deben establecer claramente las situaciones en las que una oferta será rechazada, la licitación se declarará desierta (nadie cumple o las ofertas no son convenientes) o se abandona el proceso.
• Garantías: Qué tipos de garantías se solicitarán (seriedad de la oferta, fiel cumplimiento del contrato).
• Plazos: Fechas y horas límite para la presentación de ofertas, consultas, aclaraciones, etc.
• Mecanismo de designación de la comisión evaluadora: Quién o quiénes serán los encargados de evaluar las ofertas.
• Condiciones para el contrato: Cómo se formalizará el contrato, condiciones de pago, multas por incumplimiento, etc.

Participa en las charlas y paneles de Expo Mercado Público 2025

• El 12 y 13 agosto ChileCompra será parte de este evento organizado por la productora InterExpo, que reúne a proveedores con compradores del Estado para conocer los avances en la implementación de la reforma de la Ley de Compras Públicas y compartir sobre las oportunidades de negocio que ofrece la plataforma electrónica www.mercadopublico.cl.
• La séptima versión del encuentro contará con más de 200 expositores, 100 speakers y 40 charlas. Revisa el programa de actividades de las dos jornadas.

(En la imagen directora de ChileCompra, Verónica Valle junto a CEO de Interexpo, José Miguel Sotoluque en corte de cinta de Expo Mercado Público 2024).

Expo Mercado Público es un encuentro ferial organizado por Interexpo y que cuenta con el patrocinio oficial de la Dirección ChileCompra. En esta séptima versión, se abordarán los avances en la implementación de la reforma de la Ley de Compras Públicas a 18 meses de su entrada en vigencia con énfasis en las medidas de control para resguardar la probidad, oportunidades de negocios para las empresas de menor tamaño, nuevos procedimientos de compras públicas de innovación, el nuevo procedimiento de subasta inversa para mayor eficiencia y la plataforma de economía circular para los organismos públicos. 

La feria tendrá dos jornadas de actividades, charlas y talleres los días 12 y 13 de agosto en Espacio Riesco, en donde la Dirección ChileCompra será parte del panel inaugural sobre integridad en la compra pública: “Transparencia y ética como pilares para una gestión eficiente y confiable en los procesos de adquisición del Estado”. Este panel contará con la participación del SubContralor General, Víctor Hugo Merino; la directora de ChileCompra y presidenta de la Alianza Anticorrupción UNCAC Chile, Verónica Valle; el director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos; el abogado y director general de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, Ricardo Salazar; y el abogado por la Universidad de Concepción, Peter Sharp, en el rol de moderador.

Como parte del programa de actividades la Fiscal de ChileCompra, Verónica Palma junto a la jefa de Gestión y Asesoría de Compradores de ChileCompra, Paula Moreno, realizarán una charla especial con las novedades que se lanzaron el 12 de junio en Mercado Público, detallando los nuevos procedimientos de compra con sus características, las condiciones normativas y uso en la plataforma.

Durante la tarde del 12 de agosto, Viviana Mora, jefa de Gestión y Participación de Proveedores de ChileCompra estará presente en el panel de Compra Pública como factor de desarrollo económico de MIPYMES cuyo foco será dar a conocer las oportunidades de negocios en Mercado Público para los proveedores del Estado y los beneficios de la Compra Ágil para impulsar la participación de Empresas de Menor Tamaño. En esta instancia, además estarán presentes María José Becerra, Gerente General de SERCOTEC; Francisco Marín, Secretario General de la Confederación Nacional Unida de la Pequeña Industria y Artesanía de Chile y Teresa González, jefa de Gestión Administrativa Dirección Regional de Coquimbo, Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. La actividad será moderada por Cristóbal Orellana, Cientista político especializado en Gobierno y Gestión Pública, Centro de Innovación para las Contrataciones Abiertas (CICAB).

Segunda jornada con foco en Gobierno Abierto, uso de IA e innovación en compras públicas

Para la jornada del jueves 13 de agosto, ChileCompra, será parte del panel de Estado abierto, innovación y gestión pública, en que se dará a conocer sobre los avances en compromisos de Gobierno Abierto y trabajo de co -creación para Datos Abiertos en compras públicas. En este panel participan Mauricio Silva Cancino, Ministro integrante Mesa Nacional de Estado Abierto y presidente del Subcomité de Atención de Usuarios de la Corte Suprema de Justicia; Luis Pugin Jara, General de Brigada y Comandante de la División de Adquisiciones del Ejército de Chile y Christian Zarria, Jefe (s) del Departamento de Estudios y Políticas de Compra de la Dirección ChileCompra.

En siguiente panel de Protección de datos en la era de la IA, participará Cristián Céspedes, jefe de la División de Tecnología de ChileCompra para comentar sobre los avances respecto de la modernización de la plataforma electrónica de Mercado Público y los avances en la integración de Inteligencia Artificial para hacer cruces de datos y aumentar la eficiencia, probidad y participación. En la ocasión compartirá con María Paz Hermosilla, Directora del Laboratorio Innovación Universidad Adolfo Ibáñez y Nicolas Boettcher, Secretario Académico de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de la Universidad Diego Portales.

Otro panel en que participará ChileCompra es de Contrataciones abiertas y probidad en las compras públicas, que busca revisar recomendaciones para el uso eficiente y transparente de los recursos públicos mediante uso de datos abiertos. En este panel participan Rodrigo Félix, Regional Manager for Americas de Open Ownership, Mariana López Fernández, Gerente senior para Latinoamérica de Open Contracting Partnership y Juan Cristóbal Moreno, jefe del Observatorio de ChileCompra.

Finalmente, ChileCompra será parte del panel de Innovación en la Compra Pública, cuyo objetivo es comentar sobre el desarrollo de soluciones innovadoras para abordar problemas públicos complejos y mejorar los servicios a la ciudadanía. En este panel participan Orlando Rojas, Director Ejecutivo de Laboratorio de Gobierno, Paula Moreno, Jefa del departamento de Gestión y Asesoría de Compradores de la Dirección ChileCompra, Luz María García, Gerente general de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI) y Patricia Corales Echeverría, Ingeniera Comercial de la Universidad de Bio Bio, especialista sénior en soluciones de gestión de abastecimiento SAP. Moderará la actividad Daniel Santibáñez, Director de la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública, Universidad Miguel de Cervantes.

Te invitamos a revisar el programa de la feria, expositores y actividades disponibles para compradores, proveedores y ciudadanía en general que se encuentra en el sitio de Expo Mercado Público.

ChileCompra capacita en gestión de contratos a municipios y hospitales para mayor probidad y transparencia en compras públicas

El taller online convocó a cerca de 70 asistentes de todo el país quienes recibieron herramientas específicas para mejorar el proceso de administración de contratos, además de información práctica, asesoría y respuestas a sus consultas por parte de especialistas de ChileCompra.    

El pasado jueves 24 de julio, más de 70 funcionarias y funcionarios de municipios y organismos del sector salud participaron del taller online sobre “Buenas Prácticas en Gestión de Contratos”, iniciativa que forma parte del programa “Planes de Apoyo en Probidad y Transparencia” que desarrolla ChileCompra con 19 instituciones públicas.

El taller fue diseñado para que los organismos públicos administren adecuadamente sus contratos, asegurando que los bienes y servicios que compran, desde obras menores hasta la adquisición de insumos médicos, se entreguen de forma correcta, a tiempo y con la calidad esperada.

La actividad contó con las exposiciones de Juan Cristóbal Moreno, jefe de Observatorio ChileCompra, Daniela Véliz, abogada del Departamento de Fiscalía de ChileCompra, Katherine Cifuentes, administradora pública y analista de Gestión de Contratos del Departamento de Administración y Finanzas de ChileCompra y Pablo Ferrada, profesional encargado del monitoreo de Nuevos Procesos de Compra y Gestión Contractual, quienes entregaron herramientas y conocimientos esenciales para prevenir errores en la ejecución de contratos.

Gestión de Contrato: un proceso obligatorio 

La administración de contratos en organismos públicos es una obligación legal respaldada por la Ley N° 19.886 sobre Compras Públicas, que en su artículo 13 regula las modificaciones contractuales, multas y términos anticipados. Esto significa que las instituciones deben seguir estrictas normas para garantizar que cada peso gastado se invierta correctamente. Asimismo, el artículo 30 faculta a la Dirección ChileCompra para dictar instrucciones obligatorias que fortalezcan la probidad y eficiencia en las contrataciones.

Durante el taller se presentaron y detallaron las implicancias de una buena gestión, entre ellas:

• Control y verificación de entregables pactados.
• Asegurar el cumplimiento de plazos y niveles de servicio (SLA).
• Seguimiento del consumo presupuestario.
• Aplicación de sanciones o medidas correctivas cuando sea necesario.
• Registro de todas las actuaciones contractuales, especialmente en casos críticos.

Asimismo, se subrayó que una mala gestión puede derivar en problemas tanto de ejecución de un proceso como en la debida ejecución de los recursos del Estado. Entre ellos, el riesgo del cumplimiento de objetivos institucionales, mala utilización de recursos públicos o responsabilidad administrativa y la generación de retrasos operacionales, insatisfacción de usuarios y fallas en servicios clave.

Por otra parte, una mala gestión en los contratos puede generar como resultado una mala calidad de servicios o la no prestación de servicios a la ciudadanía. Por ejemplo:

• Retrasos en obras y servicios: Un hospital que necesita nuevos equipos, pero la entrega se retrasa por problemas en el contrato.
• Mala utilización de recursos: Si no se supervisa bien, el dinero de todos los chilenos podría no usarse de la mejor manera.
• Servicios de menor calidad: La falta de control puede llevar a que los productos o servicios no cumplan con lo prometido, afectando directamente la atención a las y los ciudadanos.

Detección de errores y posibles sanciones

El taller también abordó los errores más comunes que suelen producirse en la gestión de contratos, entre ellos, la falta de conocimiento cabal y en detalle de los productos y servicios pactados en el contrato, o bien la falta de seguimiento sistemático, la ausencia de documentación, la formalización deficiente del seguimiento de los hitos del contrato y la gestión exclusiva vía correos electrónicos, lo que conduce a una falta de estructura y trazabilidad de los procesos.

En materia de sanciones por no cumplimiento, se recalcó que estas deben estar expresamente establecidas en el contrato y su aplicación debe ser comunicada formalmente, fundada en registros documentales, proporcional a la falta y respetuosa del procedimiento administrativo, en conformidad con la Ley 19.886, su Reglamento (DS 661) y la Ley 19.880 de Procedimiento Administrativo. Los tipos de sanciones incluyen amonestaciones formales, multas, término anticipado del contrato y otras medidas como suspensión de pagos o activación de garantías.

Finalmente, se enfatizó la importancia de la realización de un buen cierre contractual como la etapa final que asegura el cumplimiento de compromisos, además de respaldar legal y financieramente a la institución. Asimismo, permite evaluar el desempeño del proveedor y así contar con información para futuras contrataciones.

Entre las buenas prácticas y recomendaciones generales compartidas, se destacaron:

• Planificar la administración del contrato desde la etapa de licitación, incluyendo cláusulas claras y herramientas de seguimiento.
• Definir responsabilidades claras desde el inicio, designando formalmente al Administrador de Contrato.
• Realizar seguimiento periódico con evidencia, utilizando checklists y registros formales.
• Identificar y gestionar los riesgos a tiempo, clasificando contratos críticos y estableciendo medidas preventivas.