Cambios a la Ley de Compras Públicas amplían obligación de la DIP a más de 43 mil funcionarios

• Más de 2 mil personas participaron en el webinar organizado de manera conjunta entre la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, la Contraloría General de la República y la Dirección ChileCompra, donde se abordaron las nuevas obligaciones de Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP) para quienes intervienen en procesos de compra y ejecución contractual.
• La actividad se desarrolló en el marco de las acciones de la Alianza Anticorrupción UNCAC Chile, para fortalecer la integridad, la transparencia y la prevención de conflictos de interés en la gestión pública.

Este martes 1 de septiembre, la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, la Dirección ChileCompra y la Contraloría General de la República, realizaron una capacitación virtual sobre Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP), que reunió a más de 2 mil personas conectadas desde distintas instituciones públicas del país. La actividad se desarrolló en el marco de las acciones impulsadas por estas instituciones, integrantes de la Alianza Anticorrupción UNCAC Chile, para fortalecer la integridad, la transparencia y la prevención de conflictos de interés en la gestión pública.

La capacitación se efectuó en el contexto del proceso de actualización de la Declaración de Intereses y Patrimonio que deben realizar durante septiembre quienes participan en procesos de compras públicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas. Esta obligación forma parte de las medidas incorporadas por la modernización de la Ley N°19.886 para reforzar los estándares de probidad y transparencia en las contrataciones del Estado.

Durante la apertura, el director (s) de ChileCompra y presidente de la Alianza Anticorrupción UNCAC Chile, Cristián Céspedes, destacó que la modernización de la Ley de Compras Públicas constituye uno de los avances más relevantes de los últimos años en materia de integridad pública fortaleciendo los estándares de probidad para quienes intervienen en los procesos de contratación pública. “En los últimos 12 meses hemos identificado a más de 43 mil funcionarios y colaboradores del Estado que deben presentar su Declaración de Intereses y Patrimonio por participar en procesos de compra y ejecución contractual. Se trata de un avance concreto para fortalecer la transparencia, prevenir conflictos de interés y reforzar la integridad en la gestión pública”, señaló.

Asimismo, destacó que estas medidas están alineadas con el trabajo impulsado por la Alianza Anticorrupción UNCAC Chile. “Como Alianza promovemos una visión preventiva de la función pública, basada en la transparencia, el control oportuno y la colaboración interinstitucional para fortalecer la confianza ciudadana”, afirmó.

Por su parte, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, Carlos Guazzini, valoró la alta convocatoria de la actividad y destacó el compromiso de los funcionarios públicos con el fortalecimiento de una cultura de integridad. “Están siendo actores y protagonistas de un cambio que permite generar y mantener confianza ciudadana en el aparato público”, sostuvo al inicio de la jornada. Asimismo, destacó el valor de la Declaración de Intereses y Patrimonio como una herramienta clave para fortalecer la confianza pública. “Permite demostrar a la ciudadanía que los procesos de compra se realizan de manera transparente e íntegra, siempre favoreciendo el interés general”.

La jornada contó también con la participación de Ricardo Provoste, jefe de la División de Fiscalización de la Contraloría General de la República, quien destacó los avances en el proceso de realización de declaraciones de intereses y patrimonios contemplado en la ley 20.880 a lo que se suman los cambios a la ley 19.886. “Ya en marzo de 2026, la Contraloría recibió más de 148 mil Declaraciones de Intereses y Patrimonio”. 

Capacitación sobre la normativa y uso de la plataforma

El webinar tuvo como objetivo orientar a los participantes sobre los principales aspectos normativos asociados a la Declaración de Intereses y Patrimonio y sobre el funcionamiento de la plataforma utilizada para este proceso.

La primera exposición estuvo a cargo de Gabriela Reinero, asesora de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, quien abordó las principales disposiciones normativas relacionadas con la DIP en el contexto de las compras públicas, profundizando en las nuevas obligaciones derivadas de la modernización legal y en las medidas destinadas a prevenir conflictos de interés.

Posteriormente, Kevin Aracena, jefe del Departamento de Evolución Patrimonial y Declaraciones de la Contraloría General de la República, realizó una navegación guiada de la plataforma de declaración, explicando su funcionamiento y las distintas etapas que deben completar los funcionarios obligados a presentar o actualizar su DIP.

Ampliación de exigencias en probidad mediante la Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP)

La modernización de la Ley N° 19.886 amplió la obligación de presentar la Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP) a quienes participan en procesos de compra y ejecución contractual. Dentro de los principales cambios incorporados por la reforma:

Ampliación de sujetos obligados a declarar: la DIP debe ser presentada por todas las personas que participan en procedimientos de compra y ejecución contractual, independientemente de su grado o calidad jurídica. Entre ellos se encuentran integrantes de comisiones evaluadoras, administradores de contrato, requirentes, funcionarios de unidades de compra, visadores jurídicos y firmantes de actos administrativos vinculados a la contratación pública.

Registro obligatorio en Mercado Público: los organismos públicos deben informar en la plataforma la nómina de funcionarios y funcionarias obligados a presentar la declaración, permitiendo un mayor control y seguimiento por parte de la Contraloría General de la República.

Actualización periódica de la DIP: además del proceso anual que se realiza en marzo, quienes participan en compras públicas deben actualizar su declaración durante el mes de septiembre, contribuyendo a una gestión más oportuna de eventuales conflictos de interés.

Fortalecimiento de las reglas de integridad: la reforma reforzó los deberes de abstención, las inhabilidades y los mecanismos de transparencia aplicables a los procesos de contratación pública.

Observatorio ChileCompra detecta adjudicaciones indebidas que derivan en procesos disciplinarios en organismos de la Región de Coquimbo

Los casos investigados por el Observatorio evidenciaron adjudicaciones a proveedores que no obtuvieron el mayor puntaje o que no cumplían con los requisitos establecidos en las bases de licitación, lo que motivó la derivación hacia la Contraloría que instruyó la realización de procesos disciplinarios.

Tres investigaciones realizadas por el Observatorio de ChileCompra identificaron irregularidades en procesos licitatorios desarrollados por la I. Municipalidad de Andacollo, la I. Municipalidad de Paihuano y la Dirección de Vialidad del MOP en la Región de Coquimbo. En los tres casos se detectaron adjudicaciones que no se ajustaron a los antecedentes de evaluación o a los requisitos establecidos en las bases, situación que derivó en pronunciamientos de la Contraloría General de la República y en la instrucción de procesos disciplinarios para determinar eventuales responsabilidades administrativas.

Uno de los casos corresponde a la licitación para la adquisición de vestuario corporativo y calzado de seguridad de la I. Municipalidad de Andacollo. Mediante investigación efectuada por el Observatorio ChileCompra (Informe N°1061) se constató que, pese a que el informe de evaluación identificaba una oferta como ganadora, el decreto de adjudicación otorgó el contrato a otro proveedor, que había obtenido el segundo lugar, sin una justificación formal para dicha decisión. Tras la revisión de los antecedentes la Contraloría emitió el Oficio N°143354 y dispuso finalmente la instrucción de un proceso disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas involucradas, además de requerir el reforzamiento de las medidas de control y revisión internas para ajustarse a la normativa.

En tanto, en una licitación de la I. Municipalidad de Paihuano para la reposición de un equipo autoclave, la adjudicación recayó en un oferente que no obtuvo el mayor puntaje. La decisión se sustentó en antecedentes sobre obras civiles que no estaban contempladas en las especificaciones del proceso y que, además, habían sido descartadas previamente por el propio organismo durante la etapa de consultas. Al respecto, el Observatorio ChileCompra remitió el Informe N° 174 a la Contraloría Regional de Coquimbo, que posterior a su investigación concluyó que existían inconsistencias entre las bases y las respuestas entregadas durante la licitación, instruyendo mediante Oficio N°89496, la invalidación del proceso de licitación y el inicio de un procedimiento disciplinario.

Por su parte, en una licitación de la Dirección de Vialidad del MOP para la compra de neumáticos destinados a maquinaria, se detectó la adjudicación a un proveedor cuya oferta no cumplía con una exigencia técnica esencial. Mientras las bases requerían neumáticos de tipo radial, el adjudicatario ofertó neumáticos convencionales, condición que no fue considerada durante la evaluación. La situación permitió que una oferta de menor precio, pero que incumplía las especificaciones técnicas, resultara finalmente adjudicada. Ante el conocimiento de la investigación realizada por el Observatorio de ChileCompra mediante Informe N°1481, la Contraloría Regional emitió el Oficio N° E88483 en el cual se estimó que el organismo comprador no se ciñó al principio de estricta sujeción a las bases, determinando la procedencia de iniciar un proceso disciplinario.

Los casos descritos forman parte del trabajo permanente de monitoreo que realiza el Observatorio de ChileCompra sobre los procesos de contratación pública. Gracias a la implementación del monitoreo automatizado, actualmente se analiza el 100% de las compras públicas que se transan a través de Mercado Público, generando alertas tempranas sobre posibles incumplimientos normativos y riesgos para la probidad. Entre octubre de 2025 y agosto de 2026 se han emitido más de 61 mil alertas a 1.081 instituciones, contribuyendo a corregir prácticas que afectan la competencia, la transparencia y la igualdad de condiciones para los oferentes. Entre los principales hallazgos detectados se encuentran errores en los procesos de evaluación y adjudicación, potenciales conflictos de interés, fragmentación de compras y deficiencias en el diseño de licitaciones.

Para fortalecer esta labor preventiva, ChileCompra está incorporando nuevas herramientas de inteligencia artificial y modelos de lenguaje avanzados (LLM) que permiten analizar documentos complejos, como bases de licitación, anexos e informes de evaluación, transformando información no estructurada en conocimiento útil para la detección de incumplimientos e irregularidades. 

Recomendaciones para la correcta adjudicación de las licitaciones y fortalecimiento de probidad de procesos de licitación

La Dirección ChileCompra, mediante el Código de Ética sobre probidad en las compras públicas para organismos compradores y la Guía de Buenas Prácticas en compras públicas recomienda a los organismos públicos reforzar los controles y revisiones internas durante las etapas de evaluación y adjudicación, verificando que los puntajes sean correctamente calculados y que las decisiones se ajusten estrictamente a los criterios y requisitos establecidos en las bases de licitación. Asimismo, es necesario comprobar que las ofertas evaluadas cumplan íntegramente con las especificaciones técnicas exigidas, resguardando el principio de igualdad entre oferentes y declarando inadmisibles aquellas propuestas que no satisfagan los requisitos definidos en el proceso. Junto con ello, las entidades deben asegurar que los informes de evaluación y los actos administrativos de adjudicación sean claros, fundados y plenamente trazables, permitiendo conocer las razones que sustentan cada decisión.  

Asimismo, es necesario resguardar la integridad del proceso mediante la identificación y gestión oportuna de potenciales conflictos de interés, el deber de abstención cuando corresponda, la utilización exclusiva de los canales formales de comunicación con proveedores y la adecuada separación de funciones entre quienes elaboran requerimientos, evalúan ofertas, adjudican y administran contratos.

Dipres instruye a organismos públicos a sumarse a compra coordinada de suministro de energía eléctrica liderada por ChileCompra

• La licitación pública de compra coordinada mandatada busca aprovechar la agregación de demanda del Estado para obtener mejores condiciones de suministro y un uso más eficiente de los recursos públicos.
• Las Compras Coordinadas se han consolidado como una herramienta estratégica para la eficiencia del gasto público. En 2025 permitieron generar ahorros por más de US$13 millones y, durante 2026, los procesos ya adjudicados acumulan beneficios por US$ 16 millones, impulsando nuevas iniciativas en salud, tecnología, combustibles y ciberseguridad.

En julio de este año, mediante el Oficio Circular N°24, la Dirección de Presupuesto (Dipres), instruyó a la Administración Central, servicios públicos, instituciones de salud, universidades y otras entidades que, de acuerdo con la Ley General de Servicios Eléctricos, cumplen las condiciones para optar al régimen de cliente libre, otorguen mandato a la Dirección ChileCompra para que actúe en su representación y lleve adelante las gestiones necesarias para la contratación conjunta del suministro de energía eléctrica.

Según señala el documento, esta medida forma parte de las facultades de la Dirección de Presupuestos para velar por la eficiente utilización de los recursos públicos, promoviendo mecanismos que permitan generar economías de escala y mejores condiciones comerciales para el Estado. Asimismo, el oficio destaca que los organismos participantes deberán informar oportunamente a sus distribuidoras eléctricas el cambio desde tarifa regulada a régimen de cliente libre, requisito establecido en la normativa vigente.

En línea con esta instrucción, ChileCompra ya se encuentra trabajando en el proceso de levantamiento y agregación de demanda con organismos públicos, que contempla a los 40 Hospitales y 17 organismos de Gobierno Central, Universidades, Salud y FFAA que ya participaron de la Compra Coordinada de Suministro de Energía realizada el año 2021 y que suma -a la fecha- a 15 organismos adicionales.

Compras Coordinadas como herramienta estratégica para generar ahorro y eficiencia

La iniciativa por parte de Dipres de impulsar la contratación de suministro de energía eléctrica se suma a los resultados que han mostrado las Compras Coordinadas desarrolladas por ChileCompra que en 2025 sumó ahorros por US$ 13 millones. Este mecanismo permite que diversos organismos públicos agrupen sus necesidades de bienes y servicios para realizar adquisiciones conjuntas, obteniendo mejores precios, condiciones de contratación más favorables y una gestión más eficiente de los procesos de compra.

Durante 2026, ChileCompra tiene planificada la realización de más de ocho Compras Coordinadas en rubros de alta relevancia para el Estado. A la fecha, ya se han adjudicado cuatro procesos, generando ahorros acumulados por US$ 16 millones. Entre ellos destacan las compras de Cintas de Glicemia, Telefonía y Banda Ancha Móvil, con la participación de 87 organismos públicos; Energía y Potencia Eléctrica, y Computadores, que permitió agrupar la demanda de 14 instituciones.

Asimismo, se encuentran en distintas etapas de preparación o licitación nuevas Compras Coordinadas para la adquisición de Tomógrafos destinados a 11 hospitales y servicios de salud, Combustible (gasolina y diésel) para 177 organismos públicos, además de nuevos procesos para Compra y Arriendo de Computadores e Impresoras, junto con una iniciativa de servicios especializados de Ciberseguridad para fortalecer las capacidades digitales de los organismos del Estado.