Nuevo Convenio Marco de Alimentos adjudica a 436 proveedores del rubro
Un total de 436 proveedores se adjudicaron la licitación del Convenio Marco de Alimentos, aumentando en un 84% el número de proveedores respecto del convenio marco anterior.
Este nuevo convenio contempla una gran variedad de productos, de acuerdo a las categorías de alimentos especiales; alimentos para bebés; bebidas, aguas y jugos; cajas de alimento y bolsas de colación; carnes; carnes congeladas; congelados; conservas y latas; despensa; fiambres y embutidos; frutas y vegetales; lácteos y derivados; panadería y portion pack.
El convenio (ID 2239-7-LR17) que estará vigente hasta el año 2024, es parte de los nuevos convenios que incorporan importantes cambios en la forma de evaluar las ofertas y en su operatoria, todo esto con el objetivo de hacer más eficientes los procesos y facilitar la gestión de los organismos públicos.
Entre las mejoras del proceso se consideró una evaluación en dos etapas, asimismo, por primera vez se incorporó la ficha de volúmenes mínimos, que garantiza a los proveedores una compra por una cantidad mínima de productos.
Otra de las mejoras importantes en este convenio corresponde a los diversos reajustes de precio durante la vigencia del convenio, desde ahora los precios de los productos serán reajustados de acuerdo al reajuste por IPC específico (automático en enero y julio), por estacionalidad (sólo aplicable a frutas y verduras frescas) y por causa de fuerza mayor (fundamentado por el proveedor según estados excepcionales como terremotos, incendios, inundaciones, guerra u otros).
Todas estas mejoras al convenio promueven la competencia y aseguran precios de mercado al presentar precios distintos para cada región.
El sector de alimentos es el sexto con mayores transacciones en la Tienda de Convenios Marco con más de 114 millones de dólares transados sólo el año 2017.
Los principales compradores correspondes a sectores de salud, educación, colegios municipales, universidades, cárceles, hospitales y dotaciones de Fuerzas Armadas.
El encuentro, se estableció como un espacio de discusión sobre las configuraciones estatales, las capacidades institucionales y los espacios de posibilidades de trabajo entre los distintos actores (Estado, sociedad civil y academia) con miras al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
El seminario, fue organizado por la CEPAL, a través del ILPES, junto al Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y el Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas. En la jornada inaugural estuvo presente Cielo Morales, Directora del ILPES, Gonzalo Guerrero, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia de la Secretaría General de la Presidencia de Chile, Hugo Frühling, Director del INAP, y Álvaro V. Ramírez Alujas, Profesor Universidad de Chile y Fundador e investigador GIGAPP.
“Una caída de productividad de 1% anual se transmite directamente a un menor crecimiento (…) si lográramos que la productividad creciera 0% tendríamos un 1% más de crecimiento del PIB”, remarcó el titular de Hacienda.
La actividad fue presidida por el Contralor General, Jorge Bermúdez; y la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas y Representante Residente del PNUD en Chile, Silvia Rucks.
Estas propuestas fueron fruto del trabajo de la Alianza Anticorrupción, iniciativa creada en 2012 y que reúne a 27 organismos públicos, privados y de la academia con el propósito de generar acciones para fomentar la probidad en el país y promover la probidad, transparencia y ética.
En la oportunidad, la directiva integró el panel de “Compras públicas; cooperación público-privada”, instancia que compartió con María José Martelo; Subsecretaria de la Secretaría de Gestión Administrativa en el Ministerio de Modernización de la Nación; Francisco Orlando, Director de Contrataciones de la Municipalidad de Pinamar; y Alejandro Cayián, Presidente de la Unión Argentina de Proveedores del Estado.
Las exposiciones, estuvieron a cargo de representantes del área gubernamental, económica y empresarial, quienes desde sus diversos puntos de vista pudieron efectuar diagnóstico sobre cómo es la participación de las empresas lideradas por mujeres como proveedoras del Estado y reflejar la situación actual de Argentina con respecto a las contrataciones públicas.
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El resultado del proceso significa una disminución en el precio de la componente energía de un 30% aproximadamente, con un ahorro en tarifas en las cuentas de electricidad superior a los $290 millones anuales, lo que se traduce en ahorros totales del orden de los 2.000 millones de pesos en la ejecución final de los contratos.
El servicio requerido es el suministro de energía eléctrica para el Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción, Hospital de Tomé, Hospital Penco Lirquén, Hospital Las Higueras, Hospital de Chillán, Hospital de San Carlos, Hospital Traumatológico, Hospital de los Ángeles, Centro de Sangre y el Gobierno Regional del Biobío. El periodo es de 6 años y 4 meses y se trata de una licitación mayor a 5.000 UTM, que contempla una estimación de consumo anual de hasta 35.700 mwh.
